El ‘lobby’ de las VTC carga contra Ábalos por ceder «al chantaje del taxi»
La patronal Unauto, después de varios intentos de diálogo con Fomento, se cansa de los guiños del ministro socialista al taxi
Unauto, la patronal que representa al sector de las VTC, las autorizaciones que utilizan los conductores de Uber y Cabify, se harta de la posición del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la guerra del taxi. El comunicado de la entidad llega 24 horas después de conocer que el Gobierno ya sabe cómo restringir la actividad de estos vehículos sin tener que indemnizar con dinero público a sus titulares.
La entidad considera que Ábalos “ha estado cediendo al chantaje de los taxistas” y que su intención de armar un decretazo para transferir las competencias a las comunidades autónomas responde a una “dejadez de funciones”.
Además, Unauto señala la discriminación de trato que sufre frente al taxi. Mientras que los representas de la Coordinadora Nacional son recibidos personalmente por el propio ministro, la patronal de las VTC sigue sin respuesta dos semanas después a una petición del mismo nivel.
Unauto se siente discriminada frente al taxi
“Hicimos una propuesta al Ministerio de Fomento de solución para el sector, sobre la cual no hemos recibido respuesta”, explican la respecto. “Tampoco hemos recibido respuesta del Gabinete del ministro a la petición formal de entrevista solicitada la semana pasada”, añaden.
Todo ello, según Unauto, solo va dirigido a la hora de tener criterio para «regular a otro agente del sector», que aporta 750 millones de euros a la economía española y sirve de medio de vida a 15.000 profesionales.
Esto, añaden, “deja a las comunidades autónomas a merced de la presión del sector del taxi, que ya ha dicho públicamente, y en repetidas ocasiones, que presionará con todos los medios necesarios» hasta conseguir eliminar a su competencia.
La jugada de Ábalos, camino de los tribunales
Por último, Unauto se despide en su comunicado afirmando que “cualquier restricción a nuestros derechos, a la libre competencia y la libertad de elección de nuestros más de seis millones de usuarios que surja a partir de esta regulación será recurrida ante los tribunales pertinentes, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y ante la Unión Europea”.
Como ya avanzó ayer martes este medio, fuentes consultadas trasladaron que la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para transferir competencias a las CCAA podía desembocar en un lío jurídico porque la única vía que el Gobierno tiene para transferir los poderes de manera ajustada a derecho es través de una Ley Orgánica, algo que no puede garantizar por su debilidad parlamentaria.
