El hombre que consigue lo que quiere de Moncloa

Si Florentino Pérez está de por medio, el Estado corre con los gastos. El presidente de ACS, y del Real Madrid, representa a los operadores privados que se adjudican concesiones públicas cubiertas con dinero de todos: cuando el negocio no rinde, aparece el Estado metido en el bolsillo de los contribuyentes.

Florentino aparece adusto ante la opinión cada vez que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) le impone una sanción por lesionar la competencia –los casos recientes de Urbaser y Dragados son un ejemplo– pero su procesión va por otro lado.  ACS es la empresa española que más compensaciones ha recibido del Estado tras liderar proyectos que ha acabado fracasando, como el túnel de El Pertus, el proyecto Castor, o el Ave de Granada.

El presidente del Real Madrid entra y sale de Moncloa sin bajarse del palco del Bernabeu. Los más altos responsables del Estado beben los vientos por él. Tahúr del capitalismo castizo, Florentino maneja la mano izquierda sin confesar qué tiene en la derecha. Fue político en la Operación Roca de la Transición, amalgamó su experiencia en los llamados negocios de Estado y descubrió en el derrumbe de 2008 que doblar la apuesta es mejor que retirarse de la mesa.

Túnel hacia la indemnización

Ahora, está en curso su reclamación de 304 millones de euros a los estados español y francés de TP Ferro, una adjudicataria  propiedad de  la compañía francesa Eiffage y de la española ACS. ¿Por qué esta indemnización? Simplemente, por el fracaso de la concesión del túnel ferroviario de El Pertús, fundamental para la conexión entre ambos países con vía férrea de ancho europeo.

Por el túnel de El Pertús, eslabón primordial del corredor mediterráneo (en 2002, el gobierno Aznar hizo todo lo posible para que este proyecto fuera excluido de la red de prioridades europeas), circulan los trenes de alta velocidad AVE y SNCF, que cubren el trayecto entre París y Barcelona. También pasan por allí los trenes de mercancías de ancho internacional que conectan el puerto de Barcelona con la red ferroviaria francesa.  

Negocio redondo con el Castor  

El Pertús es un caso hermanado con el de Castor, aquel almacén submarino de gas natural del que la ACS de Florentino Pérez es el principal accionista (el 67%). En Castor, los errores de cálculo del experto Recadero del Potro (tecnólogo de Floren), costaron una cadena de seísmo costeros y la indemnización de 1.350 millones de euros que fueron del erario público al bolsillo de Florentino. Yo creo un negocio y si registra pérdidas, las paga el Estado, una modalidad castiza del modelo público-privado similar al déficit tarifario de las eléctricas, costeado por el recibo del consumidor.  

Castor fue una vergüenza anunciada; y ahora, en El Pertus, Florentino va restado. Él sabe que puede. Su verano, transcurre entre el Bernabeu y su superyate, el Pitina III, altar de la mediocridad marinera. Participa con ventaja en la carrera de Aquiles y la tortuga. Sabe que Rajoy es lento pero seguro. El presidente en funciones pagará los 304 del ala (su 50%, claro; el otro 50% le toca a Francia) después de dar el pistoletazo del nuevo curso  en Ribadumia, una localidad de la provincia pontevedresa feudo político del pepero Nené Barral, condenado por narcotráfico y blanqueo.  

Cada verano, Mariano afila allí sus dientes de combate contra la corrupción, igual que lo hacía el joven Feijóo desde la eslora de su amigo Marcial Dorado. En la España de la regeneración, la tangente entre el negocio y la política tiene un jugoso toque italiano.  

A la espera  

La concesionaria TP Ferro ha invocado la cláusula 24 del contrato de concesión y ha acudido a la vía administrativa para exigir a España y Francia la citada compensación para proceder «al reequilibrio económico de la concesión». TP Ferro justifica así su reclamación: «a causa del ­imprevisto de la modificación ­radical de la estrategia comercial de las empresas ferroviarias y la crisis económica y financiera del 2008». Es decir, otro error de cálculo que pagaremos ustedes y yo mismo, sin ir más lejos.  

Pero  antes que nosotros, este oprobio se lo comerán los bancos, ya que la TP Ferro de Florentino presentó hace meses  concurso de acreedores con una deuda de 550 millones de euros, repartida entre Caixabank, BBVA y Bankia. Resumen del invento: creación de la concesionaria, apalancamiento, fracaso, impago y finalmente las deudas al erario público. ¿Hace falta o no la colaboración de un Gobierno para saltarse tantas leyes?    

Al presidente del Real Madrid no se le dan bien los trenes. La UTE formada por Dragados y Tecsa (ambas de ACS), adjudicataria de las obras del AVE a su paso por Loja (Granada), también se ha ido a pique. La paralización de las obras en el tramo Bobadilla-Granada ha provocado que esta provincia lleve más de 500 días sin conexiones ferroviarias, y la UTE de Florentino se ha dado prisa: solicita formalmente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la rescisión del contrato. ¿Habrá contrapartidas? Seguro.

Prácticas anticompetitivas

El presidente de ACS tiene el aliento de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia pegado a su nuca. Este año, Competencia ha multado al cártel de las basuras con sanciones de casi 100 millones de euros a un total de casi 40 grupos empresariales, de los que una cuarta parte han ido contra Urbaser, empresa del grupo ACS.

El ejercicio se cierra ahora con otro expediente sancionador de menor envergadura pero de la misma naturaleza contra un grupo de empresas de construcciones modulares lideradas por Dragados, la joya del ladrillo en  corporación que preside el patrón de ACS.  

Cada vez que el organismo único de regulación denuncia sus  prácticas anticompetitivas, Florentino repasa sus cuentas. Sus empresas fijan precios y se reparten mercados, pero él sigue pegado al favor del poder contra viento y marea. En España, por lo visto, vulnerar la competencia es una falta leve, como pertenecer a una red de defraudadores extendida por paraísos fiscales.

El Nobel Jean Tirole ha escrito que las reglas tácitas del lobby son imbatibles, indemostrables. Para otros, como Acemoglu y Rodrik, la democracia depende del mercado. La riqueza es antes que la ley.