El Govern deberá responder por qué permite a Acciona aplazar los impuestos de ATLL

El Govern de la Generalitat deberá dar cuenta ante el Parlament de cuáles son las razones por las que la multinacional Acciona, que preside José Manuel Entrecanales, ha sido autorizada a aplazar el pago de los impuestos derivados de la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), de la que resultó polémica adjudicataria.

La venta del suministro de agua en alta (hasta la cabecera de cada municipio) fue el mayor concurso realizado por el Govern el pasado ejercicio. Su firma, rodeada de todo tipo de polémicas y recurrida por una empresa competidora, tuvo lugar a finales de diciembre de 2012 después de que un organismo público de la propia Generalitat expresara serias dudas sobre los métodos y la validez de la concesión.

Hermetismo de la Generalitat

Este medio informó de que Acciona había solicitado el aplazamiento del pago de tributos, en este caso el impuesto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales. Hasta la fecha, el Ejecutivo catalán ha excusado justificar cuáles eran los motivos por los que se permitía esa especial benevolencia.

El pasado 14 de marzo, la diputada de Ciutadans Carina Mejías presentó ante la Cámara catalana una pregunta al Ejecutivo en la que solicita conocer los motivos por los que, una vez transcurrido el periodo de ingreso voluntario, la Generalitat no ha exigido al concesionario el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Sorpresa ante la situación económica

La adjudicación de ATLL se realizó por una cifra que ronda los 1.000 millones de euros, por lo que la cifra que Acciona debe ingresar supone unos 40 millones. Según reza en la pregunta parlamentaria que publica este lunes el boletín oficial del Parlament, Mejías se sorprende de esta decisión habida cuenta de “la grave situación económica por la que atraviesa Catalunya”, así como “las dificultades que sufre el tercer sector para cumplir las necesidades asistenciales” o “las dificultades de financiación de las administración y los servicios públicos”.

La venta de ATLL a Acciona fue realizada por el anterior Govern presidido por Artur Mas y por la consejería de Política Territorial que comandaba Lluís Recoder. Aguas de Barcelona, que también optó a la adjudicación, ha impugnado el concurso al considerar que concurrieron circunstancias jurídicas de favoritismo a favor de Acciona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) deberá resolver en breve sobre las acciones legales interpuestas.

Precipitación en la venta

Fuentes empresariales conocedoras de lo acontecido señalan que Acciona solicitó ese especial aplazamiento a la espera de que se resolvieran en los juzgados los litigios producidos tras la resolución del Govern. Acciona hizo efectivo el primer pago del concurso, unos 300 millones de euros. Sin embargo, fuentes de la compañía admitieron a este medio que habían solicitado la medida excepcional hasta conocer el desenlace final.

La adjudicación de ATLL a Acciona dividió al propio Govern de la Generalitat entre los partidarios de su concesión a Agbar y quienes defendieron, en especial Recorder, la opción de Acciona. La necesidad de que el Ejecutivo catalán pudiera reducir su déficit anual aceleró la operación en los últimos días de 2012, incluso con las dudas legales que existían sobre la venta.