El golpe del Govern a Fepime levanta las iras de la gran patronal catalana

No hay tregua en la guerra que mantienen el Govern y Foment del Treball, en varios frentes: por un lado, la primera patronal de Cataluña se ha manifestado en contra de una hipotética declaración de independencia, lo que ha molestado al Govern y a Artur Mas, que acusan a los empresarios no afines de jugar la estrategia del miedo. Por otro lado, algunos creen que por venganza, Mas y Felip Puig han marginado a Foment en las mesas de negociación, según denuncia la patronal.

La última batalla se está jugando y tiene visos de judicializarse. El Govern aprobó el pasado 15 de septiembre un decreto, firmado por Mas y Puig, para ordenar la acreditación de la representatividad institucional de las organizaciones empresariales, asunto que se había complicado en los últimos años. Pero el decreto, lejos de aclararlo, lo complica y rompe el diálogo social, ha asegurado Foment este martes. Además, supone un golpe a la representatividad ganada por Fepime –patronal de pymes vinculada a Foment– en los tribunales.

Falta de diálogo

La principal patronal catalana critica que el decreto se aprobó de forma «unilateral», sin buscar el acuerdo con las organizaciones empresariales y desoyendo todas las propuestas de Foment. De hecho, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) recomendó al Govern que estableciera los criterios de representatividad por consenso, en un dictamen que no es vinculante y que fue ignorado por la conselleria de Empresa i Ocupació.

Además de la falta de diálogo, la patronal que preside Joaquim Gay de Montellà critica que el decreto «no tiene en cuenta la complejidad de las organizaciones empresariales de Cataluña», concretamente la de Foment, que se compone de cientos de pequeñas patronales de todo el territorio. Por este motivo, cree que «el despliegue de la normativa es sencillamente inaplicable».

Margina a las pequeñas organizaciones

El decreto 206/2015 del 15 de septiembre fija que se establecerá la cuota de representatividad de cada patronal en función de las empresas que acrediten que forman parte de ella. El punto más polémico es que cuando haya afiliación entre varias patronales, las empresas sólo podrán computar por una de ellas, la principal.

La mayoría de empresas que están afiliadas a Foment, lo están por su afiliación a todas las patronales ligadas a ella, como pueden ser la Cecot, la FOEG de Girona o la Confederació de Comerç, por citar sólo algunas de los cientos de organizaciones vinculadas a la gran patronal catalana. Si para establecer la representatividad, todas estas empresas computan para Foment, el resto de organizaciones perderá visibilidad y representatividad en las mesas de negociación institucionales.

Entre estas organizaciones se encuentra Fepime, y no es casualidad. Y es que, con esta concentración de la representatividad, el Govern puede cargarse de un plumazo la de Fepime, algo que, según una fuente empresarial, perseguía hacía tiempo.

El lío de las patronales de pymes

En julio, el Govern retiró la cualidad de máxima representatividad a Fepime a pesar de que el TSJC había dado la razón a la patronal de pymes de Foment. Esta decisión le dejó sin el 15% de representación en órganos como el Tribunal Laboral de Catalunya, el Servei  d’Ocupació de Catalunya o el propio CTESC, entre otros organismos, y de rebote benefició a Pimec, que aunque no ganaba representatividad, sí quedaba como única patronal representativa del tejido catalán de pymes.

Al contrario que Foment y Fepime, críticos con el proceso independentista, Pimec firmó junto con otras organizaciones el Manifest del Far que, apoyando «la voluntad que expresen los catalanes» en las urnas, fue un espaldarazo a Mas ante los ataques por parte de muchos empresarios.

Acciones legales

Foment del Treball está estudiando ahora qué acciones legales toma para revertir esta situación y volver a la situación anterior. El argumento legal de la patronal es que, según el artículo 149.1 de la Constitución, es el Estado quien tiene la competencia exclusiva en legislación laboral, por lo que considera que la Generalitat no puede legislar respecto a la representatividad empresarial.