Carlota Pi, de Holaluz, morosa bajo amenaza

Holaluz es una de las nuevas eléctricas que entró con fuerza en el negocio de la mano de la OCU y que debía revolucionar el mercado. Una de sus fundadoras, Carlota Pi, recogió varios premios por la iniciativa, entre ellos el de la AED y, el más reciente, el premio Rei Jaume I al emprendedor 2019. Pero no es oro todo lo que reluce: la compañía podría estar a punto de quedarse sin su negocio.

El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha abierto un procedimiento para inhabilitar y traspasar todos los clientes de Holaluz, unos 205.000, a otra compañía, según publicó el pasado sábado el BOE y adelantó El Periódico de la Energía. La causa es el impago a proveedores, concretamente a las distribuidoras de energía.

El procedimiento no es solo para Clidom Energy —así se llama la empresa propietaria de la marca Holaluz— sino para seis empresas más: Apeles Electricidad, Beta Renovable Group, Elegrand Energía, Inserimos Energía, Suministradora Eléctrica Vientos Alisios de Lanzarote y Suministros Lyg Murcia.

Las empresas afectadas tienen hasta el 18 de julio para resolver la incidencia e informar al Ministerio y demostrar que todo está en regla. De lo contrario, perderán a todos sus clientes, que pasarán a una de las principales comercializadoras eléctricas.

Holaluz asegura que ha solucionado la incidencia

Fuentes de Holaluz explicaron a este medio que se trata de un malentendido provocado por una de sus distribuidoras, que habría denunciado a Clidom Energy por incumplir alguna obligación, pero negaron el impago de los servicios.

Según las mismas fuentes, a raíz de ello el Ministerio inició de oficio el procedimiento, pero aseguran que ya se ha solucionado mediante la firma de un acuerdo con la distribuidora y se ha puesto en conocimiento de las autoridades. Si es así, el proceso se paralizará, aunque todavía está por ver. De momento, el Gobierno no ha informado de cambios en el expediente.

Holaluz es una de las eléctricas que más ha crecido en los últimos años, gracias al salto que dio al adjudicarse la primera subasta de energía de la OCU en 2013, con la que ganó unos 50.000 clientes de golpe. Posteriormente, sus campañas de luz justa y verde le han dado cierta popularidad.

El origen de la operación

Según informa El País, el origen de estos procedimientos se encuentra en la Operación Ambar de la Guardia Civil. Se trataba de 28 empresas que defraudaron más de 61 millones a varias distribuidoras, siendo Red Eléctrica la más afectada. El modus operandi era no pagar y, cuando iban a ser inhabilitadas, traspasar los clientes a otra empresa nueva de los mismos propietarios.

Para intentar resolverlo, el Ministerio ha reducido de un año a seis meses el procedimiento sancionador, lo que para las distribuidoras de energía sigue siendo demasiado. Aseguran que las comercializadoras les deben unos 100 millones de euros de liquidaciones y peajes.