El Gobierno tiene sobre la mesa el relevo del presidente de Navantia

El nuevo plan estratégico 2014-2018 que prepara Navantia puede suponer un fin de etapa para José Manuel Revuelta en la presidencia del grupo de los astilleros públicos, cargo en el que lleva año y medio. Y no será por el empeño puesto desde que asumió todas las funciones ejecutivas en el grupo, el pasado junio, cuando dimitió su consejero delegado, Jaime de Rábago, un ejecutivo muy cercano al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, con quien años atrás había compartido tareas en el ICO. Desde la dimisión de Rábago, las gestiones de Revuelta se cuentan por errores.

La crisis desatada con los retrasos en la adjudicación de los floteles de Petróleos Mexicanos (Pemex), y su desesperado intento por subirse al concurso ya resuelto de los cuatro metaneros de Gas Natural que dos armadores han cerrado con astilleros de Japón y Corea, son las dos últimas entregas que comienzan a colmar el vaso de la paciencia en el Gobierno, presionado también desde Galicia para proceder a un recambio en la cúpula del grupo. En los días previos a la dimisión de Rábago como consejero delegado de Navantia, fue el propio Núñez Feijóo quien arremetió públicamente contra los gestores de los astilleros, por su nula política comercial. Así, y con la gestión de Revuelta constantemente en entredicho, al presidente de los astilleros se le habría acabado el crédito dentro del Ejecutivo.

Vínculos políticos

Ramón Aguirre, presidente de la SEPI y hombre en su día cercano a Rodrigo Rato en el PP, advirtió el pasado mes de octubre que Navantia era “la gran preocupación” del grupo público, al tiempo que anunció “un cambio de modelo para garantizar su viabilidad a corto plazo”, circunstancias que vendrían apuntaladas por “tensiones patrimoniales que, con toda seguridad, harán necesaria la presencia de ayudas financieras adicionales, de un plan estratégico y de un pacto social para elaborar un nuevo convenio atento a estas dos grandes circunstancias de la realidad de Navantia”.

El relevo de Revuelta tendría así un coste político asumible, y cierto encaje en los nuevos planes de la SEPI para el grupo, con el beneplácito del ministro del ramo, que es Cristóbal Montoro, titular de Hacienda. Lo cierto es que José Manuel Revuelta es un economista que sabe mucho más de cemento que de construcción naval. Por algo fue ejecutivo en el grupo Portland Valderribas, filial de FCC, y presidió algunas de sus filiales, como Lemona. Su anclajes políticos tiene mucho que ver con Repsol en la anterior etapa del PP, con Alfonso Cortina en la presidencia de la petrolera, donde ocupó el puesto de secretario del comité ejecutivo, director corporativo y de asuntos institucionales, así como adjunto al presidente. En aquella época coincidió con Ramón Blanco Balín, consejero delegado de Repsol que, tras su salida del grupo petrolero, fue imputado por el juez Ruz, de la Audiencia Nacional, como uno de los encargados de blanquear el dinero de la trama Gürtel.

La crisis con Gas Natural

Dar la vuelta a Navantia, como si de un calcetín se tratase, es el objetivo que se ha marcado Ramón Aguirre al frente de la SEPI. Y para ello, más que un plan estratégico, un nuevo convenio y un reequilibrio patrimonial, lo que hace falta es carga de trabajo. Por ello, desde Navantia se han embarcado en una guerra de difícil vuelta atrás y reiteran que, a pesar de lo manifestado tanto por Gas Natural, Repsol o los armadores, “las negociaciones por los gaseros siguen abiertas”. Revuelta se reunió este miércoles con el comité intercentros para calmar los ánimos y reiterarles “que se sigue forzando una vía política con el ministro Soria para poder conseguir los gaseros”, según fuentes de Navantia.

Lo cierto es que los cuatro gaseros de la filial que comparten Gas Natural y Repsol, con un coste de 600 millones de euros, forman parte de un concurso internacional que se abrió el pasado abril por parte de ambos grupos. Fueron finalmente diez los armadores que se presentaron a la puja, con un total de 18 ofertas. Y en ninguna de ellas se encontraba Navantia, según advierten fuentes de las negociaciones.

El contrato se resolvió en septiembre, y aunque las mismas fuentes tienen constancia de conversaciones con el grupo de astilleros públicos por parte de algunos de los armadores, finalmente los cuatro gaseros fueron adjudicados a un grupo noruego y a la gallega Elcano, que presentaron sus ofertas en alianza con astilleros coreanos y japoneses, respectivamente. Elcano, desde su privatización, es propiedad de José Silveira Cañizares, el dueño de Remolcanosa, grupo que tiene su sede en Vigo, donde también se encuentra el hospital privado Povisa, que pertenece al naviero. Elcano se encargará de dos de los metaneros, que entrarán en operación en 2016.