El Estado pierde 21.000 millones del rescate a Bankia

El Estado invirtió 24.069 millones en salvar Bankia entre 2012 y 2013. Por aquel entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy inyectó esta cantidad para evitar la quiebra de la entidad financiera con dinero solicitado a la Unión Europea. A día de hoy, las arcas públicas tan solo han recuperado 3.303 millones de euros de ese total.

Bankia ha devuelto el dinero directamente a través del pago de dividendos, que han sumado un total de 1.180 millones de euros en los últimos seis años. La venta de participaciones completa la cifra de devoluciones: en 2014 el Estado colocó capital por 1.304 millones de euros, a los que sumó otros 818 millones en 2017. Pero los dividendos y las colocaciones han dejado todavía un saldo negativo de 20.766 millones.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que depende del Ministerio de Economía, controla una participación del 61,8% de la banca nacionalizada. Ahora, si la fusión con Caixabank prospera, pasará a obtener aproximadamente, entre un 14% y un 17%. Es muy complicado que se recuperen las ayudas con esa participación, que estaría valorada en menos de 2.000 millones de euros.

Bankia, velar por el interés de los contribuyentes

El FROB apuntó el jueves por la noche que buscaría que la operación aportara valor para el contribuyente, pero la llegada de dinero todavía se retrasará porque aunque no se conocen los términos que los que se puede negociar la fusión, lo que se produciría es un cambio de cromos -acciones de Bankia por títulos de la nueva Caixabank-.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha asegurado que «en el caso de que esas conversaciones y estudios concluyan en una propuesta de acuerdo de fusión, el FROB los analizará con completa objetividad desde la perspectiva de generación de valor y optimización de su capacidad de recuperación de ayudas.»

«Como se ha señalado reiteradamente, el Gobierno tiene una prioridad en relación con Bankia: proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país. Estos son los principios que guiarán cualquier decisión en este ámbito», han defendido.