Suspendido el juicio decisivo de El Corte Inglés

El abogado de María Antonia Álvarez, hermana de Isidoro Álvarez, pide el aplazamiento de la audiencia previa sobre la adopción de Cristina y Marta Álvarez

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Patada a seguir en la guerra judicial de El Corte Inglés. Si este martes estaba marcado en rojo en el calendarios de Marta y Cristina Álvarez, accionistas de referencia de los grandes almacenes, la jornada fue más plácida de lo esperado. La audiencia previa del juicio que pone en duda el procedimiento de su adopción por parte de Isidoro Álvarez, histórico presidente de la compañía, no se celebró a pesar de estar convocada.

Casualmente, el abogado de la parte demandante, María Antonia Álvarez, la hermana del fallecido Isidoro Álvarez, causó baja por una «indisposición», explican fuentes cercanas al procedimiento a Economía Digital. Así, la vista se aplazó a falta de que el magistrado fije una nueva fecha.

Las hermanas Álvarez tienen especial temor al procedimiento que cuestiona la legalidad de su adopción. La causa se encuentra en el juzgado de primera instancia número 10 de Madrid y fue admitida a trámite en octubre.

De prosperar la impugnación, existe la posibilidad de que Marta y Cristina Álvarez tuvieran que renunciar a la herencia percibida —que es a título nominal— debido a la elevada presión fiscal que tendrían que soportar y que podría alcanzar los 400 millones de euros. En principio, la donación quedaría en manos de su madre, María José Guil, explican fuentes cercanas a la familia.

Al ser un familiar directo, las hermanas Álvarez solamente tributaron al 1% la herencia recibida gracias a las bonificaciones que ofrece la Comunidad de Madrid. De triunfar la impugnación de la adopción, el tipo ascendería al 54%.

Entre los bienes obtenidos está el 69% de Cartera de Valores IASA, la sociedad que posee el 22% de El Corte Inglés. Ambas comparten la patrimonial con la propia María Antonio Álvarez y su hijo, el expresidente de los grandes almacenes Dimas Gimeno.

Crónica de la batalla judicial de El Corte Inglés

IASA fue desde el comienzo uno de los grandes focos de conflicto entre las hermanas Álvarez y Gimeno y su entorno. A mediados de marzo, el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid falló contra la demanda que María Antonia Álvarez había interpuesto para impugnar las cuentas de Cartera de Valores IASA de los ejercicios de 2015 y 2016 y de forma subsidiaria la condonación de un préstamo de 7 millones de euros de sus máximas accionistas.

Un segundo juez desestimó otra demanda por la modificación del deudor de un préstamo de 4,2 millones concedido por la sociedad: en lugar de figurar ellas como personas físicas tratan de que el pasivo quede en manos de la sociedad MJCM Inmobiliaria SL, controlada por ambas.

Fuentes inmersas en el conflicto señalan que la distribución accionarial de IASA es uno de los grandes puntos de las divergencias mantenidas entre el sobrino de Isidoro Álvarez y sus primas. Al controlar sólo el 31% de la compañía, el expresidente de El Corte Inglés no tiene capacidad de decisión en la patrimonial y, por ello, no puede influir accionarialmente en los grandes almacenes, pues su participación es indirecta.

Para remediarlo, Gimeno y su madre reclaman desde hace años la separación de su porcentaje para poseer directamente una porción de El Corte Inglés, que debería rondar el 6,8%. Sin embargo, las hermanas Álvarez rechazan frontalmente la petición. 

Sí se espera sentencia de un tercer procedimiento por una vista celebrada el pasado 21 de marzo por la reducción de capital de IASA con la que las herederas de Isidoro obtuvieron 140 millones de euros en efectivo junto con otros activos. Los dos hermanos del empresario denuncian que se trató de una operación hecha a las espaldas del resto de accionistas de la sociedad.

El enfrentamiento no se limita a la sociedad patrimonial que comparten. El juzgado de instrucción número 46 de Madrid sobreseyó la querella presentada por el propio Dimas Gimeno contra el exdirector de seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda; su madre, Clara María Concepción Hidago; y su socio Joaquín Domingo Martorell por presuntos delitos de corrupción y administración desleal.

Carles Huguet

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