El contrato de Pemex deja en la cuerda floja al presidente de Navantia
Montoro y la SEPI se quedan sin argumentos para avalar la continuidad de José Manuel Revuelta al frente de los astilleros públicos
¿Es posible que la adjudicación de un contrato que dará unos cuantos años más de vida a un astillero público acabe por llevarse por delante a su presidente? Lo que en teoría puede resultar difícil, en la práctica se da por descontado en determinadas esferas políticas, incluso del propio Partido Popular. Y es que la adjudicación de los floteles de Pemex a los astilleros de Barreras y Navantia va camino de costarle el puesto a José Manuel Revuelta, el presidente del grupo público, mero observador de las gestiones que desde hace año y medio se han llevado a cabo al otro lado del Atlántico.
Fue la visita de Mariano Rajoy a México en abril de 2012, al frente de una delegación a la que también se incorporó el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y las gestiones que desde ese momento se vienen desarrollando y en las que han participado activamente empresarios mexicanos oriundos de la comunidad gallega, caso de Olegario Vázquez Raña, lo que finalmente ha decantado la balanza. Para ello también ha hecho falta que una carambola dentro de una guerra accionarial, como la mantenida entre Pemex y Repsol a cuento de la crisis YPF, la filial argentina expropiada al grupo presidido por Antonio Brufau. Pemex utilizó las promesas hecha en Galicia como moneda de cambio para desestabilizar el consejo de Repsol, del que tiene más de un 9%.
El papel de Aguirre
En todos estos meses, José Manuel Revuelta, un hombre que también pasó por Repsol pero que hasta ahora estaba vinculado al sector del cemento, ha estado observando los toros desde la barrera de Navantia, en su sede de Madrid, sin apenas apariciones públicas y mucho menos en Galicia y, concretamente, en Ferrol. Ha sido Ramón Aguirre, el presidente de la Sociedad Pública de Participaciones Industriales (SEPI), quien ha dado la cara, en la mayoría de los casos para advertir, como fue en el Congreso, que la situación de Navantia era insostenible, y que el astillero público se había convertido en el principal problema del organismo que dirige.
Revuelta reporta a Ramón Aguirre, un hombre vinculado en su día a Rodrigo Rato, y el presidente de la SEPI rinde cuentas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aunque sea oficialmente el titular de Industria, José Manuel Soria, quien sale en público a felicitarse por la adjudicación de los floteles a Navantia.
Al margen de las negociaciones
Revuelta no solo ha estado orillado en la adjudicación de los floteles a Navantia. También se ha quedado fuera en todo el proceso de negociaciones políticas en el que derivó la adjudicación de cuatro metaneros de Gas Natural, mediante concurso ya resuelto, a varios armadores, entre ellos españoles como José Silveira, que a su vez contratan con astilleros asiáticos. La baza política hizo que la compañía catalana propietaria de Unión Fenosa incorporase al pedido un quinto buque más, que se está negociando ahora con la SEPI.
Y es la SEPI la que lleva directamente las negociaciones porque la dirección de Navantia ha sido apartada. El grupo de astilleros públicos se encarga solamente de los aspectos técnicos de la oferta, mientras los directivos de SEPI se sientan con armador y empresa, cuando hasta ahora, en todo tipo de conversaciones similares, era la cúpula de Navantia la encargara de pilotar y perfilar los acuerdos.
El nuevo plan estratégico 2014-2018 que prepara Navantia puede suponer, además, un fin de etapa para José Manuel Revuelta en la presidencia del grupo, cargo en el que lleva año y medio. Revuelta asumió el pasado verano todas las funciones ejecutivas en Navantia, cuando en junio dimitió su consejero delegado, Jaime de Rábago, un directivo muy cercano al presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, con quien años atrás había compartido tareas en el ICO. Desde la dimisión de Rábago, las gestiones de Revuelta se cuentan por errores.