DIA: así rastrea el juez la manipulación de las cuentas de Currás

De la investigación judicial sobre la antigua cúpula de supermercados DIA ha trascendido por encima de todo que la figura más señalada es la de Ricardo Currás, quien ha sido imputado por presuntamente manipular las cuentas durante su última etapa como consejero delegado para poder cobrar su bonus. Pero el auto del juzgado central de instrucción número 6 de Madrid relata al pie de la letra lo que la justicia piensa que ocurrió en los despachos de la cadena de supermercados: irregularidades no solo en España, sino también en Brasil y órdenes directas para trucar ingresos y gastos, hasta descuadrar los números en más de 50 millones. 

Para aportar más luz al caso están citados a declarar el próximo 27 de enero, en calidad de peritos, los tres responsables de los informes forenses de la consultora Ernst & Young (EY) que se realizaron el pasado año sobre las cuentas de DIA.

Un día después será el turno de los dos testigos: Miguel Ángel Iglesias Peinado y Susana Pagés de la Peña, que fue directora de compras y cuya responsabilidad durante el último año fue la creación del plan estratégico de la marca propia junto a la consultora Boston Consulting Group (BCG).

Pero el testimonio clave será el de los imputados, entre los que no solo está Ricardo Currás. La justicia investiga también a Armando Sánchez Falcón, Luís Martínez Gallardo, Antonio Arnánz Martín y Juan Cubillo Jordán De Urríes. La mayoría de ellos, todos investigados por administración desleal y falsedad contable, estuvieron en la compañía durante más de dos décadas. 

51 millones ficticios

El informe forensic aportado a la causa por EY ha servido al juez para tener claro que las cuentas de 2017 de la cadena de supermercados se elaboraron con información falsa que se tradujo en la «alteración artificial» del resultado de explotación en más de 51 millones de euros. 

Dicha desviación llegó tras la ejecución de prácticas irregulares. Una de ellas fue la previsión de ingresos no justificados por más de 6 millones de euros que tenían su origen en una supuesta negociación con proveedores a través de la sociedad DIA World Trade, con base en Ginebra (Suiza).

Esta filial se fijó como objetivo 22 millones de euros para el cierre de ejercicio. «Se efectúa una estimación con trascendencia en las cuentas de la sociedad. Tras dichos trámites, a las 12:03 horas de la mañana del jueves 26 de enero de 2017, Juan Cubillo envía un mensaje electrónico», en el que se fija un presupuesto total para 2017, expone el auto.

Tras ello, prosigue el documento, Ricardo Currás da orden para que se ejecuten cambios. Esas previsiones pasan de 22 millones a 38 millones, con el añadido de que también se ordena contabilizar «una previsión de ingresos por importe de 7,26 millones a efectos de poder alcanzar los 38 millones presupuestados en DIA España». 

Otra práctica irregular se cometió, según el auto, con Red Libra, una red de compras unificada entre DIA y Eroski que fue finalmente liquidada en abril del 2018. Currás impartió órdenes de provisionar en una cuenta del activo, ingresos por cargos de proveedores «una cantidad que no guardaba relación alguna con las cifras que se encontraban establecidas por el coste neto de negociación y el volumen de la misma», explica el auto. El resultado final: las cuentas del ejercicio 2017 registraron 21,7 millones de euros de ingresos que no se correspondían con la realidad comercial de la compañía.

KPMG detectó las irregularidades de los investigados, que supieron salir airosos 

La irregularidad se llevó a cabo pese a que el auditor KPMG, durante el mes de febrero de 2018, cuando realizaba la auditoría de cierre de las cuentas consolidadas del año investigado, encontró la trampa.

La justicia relata que esto provocó que Luis Martínez, director de compras de DIA en España y de transformación digital cliente del grupo, siempre siguiendo órdenes de Currás, impartiera nuevas instrucciones para que, de forma urgente, «se pusiese en contacto con ocho proveedores que también estaban siendo auditados por KPMG» y poder salir adelante. 

Gastos ocultos

La siguiente irregularidad vino desde la parte de los gastos derivados por las facturas que DIA tenía pendientes de recibir. Como suponía la anotación de un gasto y su consiguiente reducción de beneficio, Currás volvió a dar órdenes.

Solicitó que «se anulasen tales provisiones de facturas pendientes de recibir,  sin que ello obedeciese a más criterio que el de cuadrar las cuentas con los resultados que se esperaban según presupuesto aprobado por el consejo de administración».

¿Qué se conseguía? Que el negocio de DIA en España contabilizara un mayor activo (valor de las mercancías) pero no el correspondiente pasivo (por el gasto que había implicado su compra). Finalmente, explica el auto, cuando se recibía la factura se procedía a «desregularizar la provisión», haciendo constar entonces el gasto, pero en un momento en el tiempo posterior al que debía figurar.  

Irregularidades, también en Brasil

Sobre Brasil, el segundo país respecto a España en el que el negocio de DIA es más importante para el grupo  — por delante de Portugal y Argentina — , también hay sospechas. Las irregularidades se habrían llevado a cabo sobrepasado el primer semestre de 2017, momento en el que sus responsables detectaron que, de seguir así, no cumplirían con lo pedido desde España y cerrarían el ejercicio con un descenso de entre el 9% y el 25% por debajo del presupuesto inicialmente aprobado. 

La justicia cree que el que fuese en aquella época director ejecutivo de DIA Brasil impartió órdenes a determinados empleados de los departamentos comercial y financiero para que los resultados finales fuesen en apariencia mejor que los reales.

Se añade que todo elló se orquestó «con el conocimiento y aquiescencia» de Antonio Coto, entonces consejero delegado de DIA en Brasil y más tarde de todo el grupo, aunque solo fuera por unos meses.

La alteración de las cuentas en el país latinoamericano se llevó a cabo con la emisión de «cargos ficticios a proveedores», que posteriormente tuvieron como consecuencia un enfrentamiento con ellos y un desabastecimiento en las tiendas de casi un 35%.

También se contabilizaron irregularmente las ventas con clientes mayoristas, es decir, aquellas mercancías que no se venden directamente en las tiendas, sino que salen de los almacenes.

Objetivo: cobrar el bonús

La estrategia trazada por Currás en DIA, siempre siguiendo la exposición judicial, se llevó a cabo con el propósito de cobrar la retribución variable, ligada a unos objetivos económicos (en 2016 eran 616.620 euros de ebitda).

La meta era inalcanzable para DIA ante la deriva que había emprendido. No hacía más que ceder cuota de mercado frente a sus rivales, tal como reflejaban los resultados periódicos de consultores como Kantar, al mismo tiempo que era incapaz de darle la vuelta a su modelo de tiendas poco rentables.

Economía Digital ya publicó en 2017 la intención que tenía entonces el consejero delegado Currás de dejar la compañía después de ingresar el bonus. Y así lo hizo, con un condicionante que nadie esperaba: DIA iba a revisar su finiquito, cuya parte variable ascendía a medio millón de euros.

Y es que su contrato estaba ligado a una cláusula clawback, habitual en los altos directivos. Esta condición, cuyo origen se situa en Estados Unidos a raíz del escándalo de Enron, supone la pérdida del derecho a cobrar la remuneración variable.

Y llegaron las consecuencias

La justicia relata cómo está consecución de hechos tuvo como resultado uno más grave para los accionistas de DIA: la declaración de profit warning (rebaja de estimación de beneficios) ante el mercado, que se tradujo en un derrumbe bursátil sin precedentes en la compañía.

Destapar el modus operandi de la cúpula obligó a reexpresar las cifras de 2017, lo que «desde el punto de vista de su cotización bursátil conllevó que el precio de la acción sufriese una variación a la baja del 42,22% al cierre del día 15 de octubre y del 24,50% al cierre del 22 de octubre».

Para más inri, estos anuncios estuvieron acompañados de otros que añadían más incertidumbre sobre la cadena de supermercados. El primero fue la salida de la entonces presidenta, le siguió la suspensión de su director financiero y la cancelación del dividendo para el próximo año terminó por llenar de pesimismo el futuro de la compañía.

Hoy, casi un año y medio después de la abrupta salida de Currás, la situación es bien distinta en DIA. Él se ha recolocado como miembro del consejo de administración de dos empresas españolas (Famaex y ActivH2O), en el consejo asesor de otra extranjera (Wasteless) y en el de la fundación de la escuela de negocios San Telmo; la cadena de supermercados está en manos de Letterone, el fondo con base en Luxemburgo y cuyo propietario es Mikhail Fridman, uno de los empresarios más reconocidos de Rusia con residencia en Europa.