Deloitte aparta de las cuentas la multa que se come todo su beneficio
La auditora no provisiona ni hace referencia a la multa de 12,3 millones impuesta por el Ministerio de Economía por el caso Bankia
Ignorar una multa de importe similar a los beneficios obtenidos por la compañía. Esto es lo que ha hecho la empresa auditora Deloitte en su memoria contable de 2015. En ella ni se informa ni se provisiona la sanción de 12,3 millones que en 2014 el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, impuso a la compañía por las irregularidades cometidas en la auditoría de Bankia.
La omisión de esta cantidad no ha sido tampoco corregida por Lillo, Auditores Asociados, la firma que supervisa las cuentas de Deloitte. La multa del ICAC, motivada por dos faltas «muy graves» y una «grave», asciende a una cantidad muy similar a los beneficios registrados por la empresa en 2015 (13,3 millones). Ganancias que, en su mayoría, se han destinado a repartir dividendos entre los socios de la firma, informa El País.
Multa recurrida
Un portavoz de Deloitte se ha escudado en que «la multa resuelta por el ICAC no es firme» y que ésta ha sido recurrida ante la justicia. Extremo que, de acuerdo a la regulación que impone tanto el Código de Comercio como el Plan General Contable, no impide que la sanción sí sea recogida o provisionada en el informe contable de la compañía.
Según informó el diario El Mundo la semana pasada, el Ministerio de Economía tiene previsto ratificar la multa por «infracciones continuadas muy graves». Tal y como argumentó el ICAC en 2014, Deloitte no hizo los trabajos de comprobación de las valoraciones de activos y pasivos transferidos desde las cajas de ahorros a Bankia.
Declaración ante la Audiencia
Escasos días atrás el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, negó en la Audiencia Nacional cualquier responsabilidad en los errores cometidos durante la salida a bolsa de Bankia. Durante su declaración, Celma cargó con dureza contra la labor de los peritos del Banco de España, por «usar una normativa contable contraria al sentido común».