Colombia incumple los pagos por los que intervino Gas Natural

El gobierno colombiano intervino hace diez días Electricaribe, la comercializadora de energía de Gas Natural Fenosa en el país. El objetivo era evitar el impago en el que, previsiblemente, la compañía iba a incurrir dos días después, el jueves 17. Ya bajo control público, la eléctrica no pagó a sus proveedoras de energía ese día ni lo ha hecho hasta ahora. Y eso que el gobierno debe pagarse a sí mismo.

Superservicios, la administración colombiana que vigila los servicios públicos y que intervino el pasado día 15 Electrificadora del Caribe, calcula que la compañía debe unos 25 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, que son públicas. Esta cantidad corresponde, aproximadamente, a la compra de luz de un mes, según las fuentes consultadas.

Fuentes de Superservicios filtraron esta semana a la prensa colombiana que iban a prestar 36 millones de euros a Electricaribe para que se pusiera al día con sus proveedores. Pero, diez días después de la intervención y una semana después de la fecha prevista del pago, las empresas generadoras no han cobrado la luz.
 
El triple papel del gobierno  

A través de Superservicios, el gobierno de Juan Manuel Santos tomó el control de Electricaribe para evitar el impago a las generadoras. Eso es lo que decía en la resolución del 15 de noviembre. Faltaban dos días para la fecha de pago, pero el ejecutivo colombiano se adelantó: tenía números que atestiguaban que no podía pagar, pero sobre todo tenía el aviso de Gas Natural de que, o solventaba los problemas de fraude que sufre, o cerraría el grifo.  

Al tomar las riendas de la eléctrica, la administración colombiana se dio de bruces contra la realidad. Con facturas pendientes de cobro de 1.259 millones de euros, fruto de la morosidad y del fraude, Electricaribe no tiene caja para hacer frente a sus obligaciones. Y eso que tras la intervención, es el gobierno quien se paga a sí mismo: controla la eléctrica y también es propietario de las generadoras.  

Pero el papel del gobierno de Santos no es doble sino triple, ya que también debe dinero a Electricaribe como cliente, por facturas impagadas. De los 1.259 millones de deuda de los clientes con la eléctrica, 56 millones corresponden a facturas de las administraciones, según los datos a los que ha tenido acceso Economía Digital. El resto son impagos de particulares o fraude, es decir, hogares que se conectan ilegalmente a la torre de electricidad.  

Una legislación a favor del sector público  

El impago por parte de las administraciones se produce por una legislación colombiana, muy laxa contra el fraude pero muy permisiva con el sector público. La ley no permite cortar la luz a las administraciones, por lo que algunas prefieren pagar otros servicios y dejar las facturas de la electricidad en un cajón.  

Este problema es el que más indigna a Gas Natural, que lleva años pagando a las generadoras públicas mientras sus clientes del sector público le adeuda facturas. Para solventarlo, y pedir a Colombia que actuara contra el fraude de los clientes que pinchan la luz, Isidro Fainé y Rafael Villaseca, presidente y consejero delegado de Gas Natural, viajaron a Colombia hace dos semanas, pero se volvieron de vacío y con una intervención inminente.    

Ahora el papel de la energética española es wait and see: esperar la decisión del gobierno, que se ha tomado cuatro meses para decidir si devuelve la empresa a Gas Natural, la nacionaliza definitivamente o la liquida. Si a mediados de enero no lo ha hecho, es probable que lo denuncie al Ciadi, el organismo del Banco Mundial que media en este tipo de conflictos.  

Dudas en Colombia  

Colombia movió hábilmente la propaganda en la toma de control de Electricaribe, con una amplia difusión en redes y retransmisión en streaming por Periscope y Twitter. Toda la prensa se hizo eco de su discurso, según el cual se salvaba el suministro y se evitaban impagos. Pero algunos medios empiezan ya a dudar del negocio hecho por el gobierno con la intervención.  

El diario La Libertad consultó con expertos, que alertaron que la intervención por sí sola no resuelve el problema porque hay que pagar a los proveedores y «se ha demostrado que el déficit actual no permite asumir todas las obligaciones pendientes».