Colombia aplica la salvación que Naturgy reclamaba para Electricaribe

Algunos conflictos son difíciles de entender, y el de Colombia con Naturgy por Electricaribe tiene esa naturaleza. La eléctrica caribeña trajo de cabeza a la entonces Gas Natural Fenosa y el gobierno colombiano se negó a pactar una solución con Isidro Fainé. Paradójicamente, tres años más tarde ha tenido que salvarla con una importante inyección de capital, una solución que habría cerrado el enfrentamiento con la empresa española, pero ya es tarde para evitar un litigio de 1.400 millones.

El gobierno de Iván Duque ha aprobado la salvación para Electricaribe, renqueante desde que el estado colombiano la expropiase a Naturgy hace ahora dos años. Lo hará al asumir el pasivo de la compañía, de 1,2 billones de pesos colombianos, una cifra cercana a 340 millones de euros. Una millonada que ha tenido que pagar ahora porque era la única opción para cumplir su objetivo con la eléctrica: venderla y dejar de perder dinero con ella.

El gobierno rechazó el año pasado traspasar la eléctrica tras recibir solo una oferta, liderada por el grupo italiano Enel, propietario también de Endesa. El ejecutivo de Duque no veía con buenos ojos esta venta a una empresa ya con mucha presencia en el país y alargó los plazos hasta que el gigante que dirige Francesco Starace se cansó.

La intención última del gobierno del país era que una de las eléctricas más importantes, aunque problemática, se quedara en manos locales. Parece que así será, pues tras el anuncio de que el estado asumirá el pasivo, varias empresas del país han mostrado interés en hacerse con la empresa. Y es que el gobierno ha puesto todas las condiciones, limpiando Electricaribe de deuda y mostrándose abierta a trocearla si así genera más interés y puede recuperar más dinero.

Dos años de la expropiación de Electricaribe

La solución para Electricaribe llega más de dos años tarde. Colombia intervino inicialmente la empresa a Naturgy —que entonces era Gas Natural y la presidía Isidro Fainé—, en noviembre de 2016,  y finalmente la expropió en marzo de 2017 tras meses negociando con la compañía española una solución a los problemas de morosidad, fraude y deuda.

Naturgy pedía al entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que obligase a las administraciones a pagar las facturas de la luz y que le ayudara a controlar el fraude en una región en la que demasiados clientes se enganchaban al tendido eléctrico de forma ilegal. Santos no cedió bajo el argumento de que la compañía española no cumplía con los compromisos de inversión.

El diálogo se encalló en esos argumentos y pese a los viajes de Fainé a Colombia para negociar, no se logró un acuerdo. Tras la expropiación, Naturgy denunció al país ante el Uncitral, organismo de arbitraje dependiente de las Naciones Unidas, y le reclamaba unos 1.000 millones de dólares, que posteriormente elevó a más de 1.600 millones (unos 1.400 millones de euros). Colombia contraatacó con una demanda ante el Ciadi, organismo equivalente del Banco Mundial.

Esta guerra está ahora mismo en stand by. Ambas partes eligieron a sus negociadores en la ONU pero no han avanzado en la búsqueda de una solución. La energética española considera que lo tiene todo a favor, aunque sabe que tendrá que esperar años, y la gestión de Electricaribe por parte del gobierno es un argumento a favor de Naturgy: el gestor público ha sido incapaz de hacerla rentable y finalmente ha tenido que asumir la deuda para poder venderla.

La solución colombiana (y por qué ahora)

Lo que Colombia ha hecho ahora es a grandes rasgos lo que pedía Fainé. Pero han cambiado muchas cosas. Ni Gas Natural se llama ya Gas Natural ni su presidente es ya Fainé. Ahora el máximo ejecutivo de la compañía es Francisco Reynés. Tampoco el presidente colombiano es el mismo, ni su partido. El país pasó por unas elecciones a las que Santos no podía presentarse, pero su candidato fue derrotado por Iván Duque.

La compañía española albergaba ciertas esperanzas de que este vuelco en el gobierno pudiera abrir de nuevo espacios para la negociación, pero no ha sido así. De hecho, la decisión de contraatacar en los tribunales a Naturgy fue tomada por el ejecutivo de Duque, por lo que ha optado por la vía dura. Y es que Electricaribe es un tema sensible: abastece a población vulnerable y, lo que es más importante, muy numerosa.

Por tanto, son muchos votantes que consideran que se jugó con su servicio. Claro está que tras este sentimiento están las acusaciones contra la empresa española de no invertir lo suficiente, pero lo cierto es que con este campo sembrado, el nuevo gobierno no ha querido arriesgar y sentarse a negociar con la compañía que ha quedado como la mala de la película.

Naturgy lo tenía tan claro que decidió a finales de 2017 salir totalmente de Colombia con la venta de su otro negocio, el de gas. Así, todo lo fía al Uncitral, mientras el gobierno de Iván Duque espera ganar tiempo en el Banco Mundial mientras intenta vender por fin Electricaribe para dejar de pagar su gestión y sacar algunos billones de pesos.