Calvo hipoteca su marca

La batalla legal que libra en distintos frentes el Grupo Calvo contra Aduanas por presuntas irregularidades en sus importaciones de El Salvador se ha saldado con la hipoteca de su principal marca comercial para hacer frente a las reclamaciones fiscales y liquidaciones de impuestos exigidas por la Agencia Tributaria. Así consta en la memoria que acompaña sus últimas cuentas, y así lo confirman fuentes cercanas a uno de los primeros grupos conserveros gallegos, que se limitan a asegurar, sin embargo, que en la compañía están convencidos de que lograrán obtener la razón en las distintas instancias a las que han acudido, entre ellas Bruselas.

En tanto no se produzca una resolución en firme de los recursos presentados, mantiene la compañía de Carballo, el grupo ha hipotecado la marca «Calvo» por un importe conjunto de 25,1 millones de euros, y ha depositado avales bancarios y consignado un importe total de algo más de 430.000 euros, de los cuales, aclaran, la sociedad Conservas Calvo ha consignado 383.000 euros. Estos procedimientos se han realizado en varias filiales del grupo, “ya que se están realizando actuaciones conjuntas para la defensa de nuestros intereses desde una perspectiva global”. Fuentes cercanas a la conservera confirmaron que a pesar de contar con sentencias favorables parcialmente a sus intereses, entre ellas de la Audiencia Nacional, todavía sigue hipotecada la marca Calvo hasta que no haya una resolución final en todas las instancias a las que han recurrido.

Millonarias liquidaciones

Calvo inició una batalla en el Tribunal Económico Administrativo de Galicia, el Tribunal Económico Administrativo Central, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y en la Audiencia Nacional, instancias a las que ha recurrido ante su disconformidad por las liquidaciones de impuestos y aranceles realizadas por el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria. Las acciones legales del grupo conservero tienen origen en las liquidaciones llevadas a cabo por Aduanas, realizadas entre 2010 y 2011, por 18,8 millones de euros en relación con las importaciones de atún desde El Salvador, donde Calvo tiene una planta de transformación. Y están relacionadas con el abanderamiento de los buques y el origen de las tripulaciones de su flota.

Durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011, las Autoridades Aduaneras realizaron una serie de comprobaciones parciales en relación con las importaciones de atún procedentes de El Salvador realizadas por la firma Calvo Conservas SLU y por otras sociedades del grupo, llevadas a cabo durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Dichas importaciones, según relata la propia compañía, se realizaron al amparo del Sistema de Preferencias Generalizadas, que establece una serie de ventajas arancelarias a las importaciones realizadas desde El Salvador a la Unión Europea, siempre que cumplan una serie de requisitos previstos tanto en el citado Sistema de Preferencias Generalizadas como en las Disposiciones de Aplicación del Código Aduanero Comunitario.

Costa de Marfil y Seychelles

En el incumplimiento de los requisitos de ese sistema de bonificaciones está la génesis del problema legal para Calvo, en el que incluso ha intervenido la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). De hecho, fueron responsables de este organismo quienes se desplazaron a El Salvador para conocer en detalle los sistemas empleados por Calvo, y pusieron de manifiesto en varios informes que las importaciones realizadas desde dicho país sudamericano procedían realmente de países como Costa de Marfil y Seychelles.

Calvo esgrime en su defensa una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado mes de mayo, cuya Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo acepta un recurso presentado por la firma contra el Tribunal Económico Administrativo Central, y declara la nulidad de todas las liquidaciones practicadas por la dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales dictadas en enero de 2010. Esas liquidaciones anuladas ahora corresponden a derechos de arancel, Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación e intereses de demora, que suman en total de 815.968 euros. Ese importe, limitado frente a las liquidaciones de hasta 18,8 millones realizadas por Aduanasen diferentes años, es suficiente para que la conservera gallega confíe en que las instancias a las que han recurrido les den finalmente la razón.

La sentencia de la Audiencia Nacional reconoce la plena validez y eficacia de los certificados aportados por la recurrente en el momento de sus importaciones y la procedente aplicación de los beneficios arancelarios inherentes al Sistema de Preferencias Generalizadas.