Bruselas se impacienta con la estiba española

La Comisión Europea urge a España a resolver, de una vez por todas, el conflicto con los estibadores. Pocas horas después de que el Gobierno pospusiese de nuevo la reforma efectiva del sector, Bruselas toma la palabra. «Hay una necesidad de que la ley española refleje las conclusiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). (…) Estoy seguro de que a las autoridades españolas no les gustaría producir una ley que no es compatible con la legislación europea y comunitaria», ha declarado este jueves Margaritis Schinas, portavoz jefe de la Comisión.

Este miércoles los sindicatos de estibadores anunciaron que no irán a la huelga convocada para los días 20, 22 y 24 de este mes, después de que Fomento reabriese la puerta de la negociación. Aun así, el ejecutivo advierte, tanto a trabajadores como a los partidos políticos –que habrán de convalidar el decreto que pase por el Consejo de Ministros– que el tiempo aprieta.

Íñigo de la Serna, ministro del ramo, ha vuelto a recordar este jueves que España se enfrenta a una posible multa diaria de 134.000 euros si no reforma la actual normativa. Cantidad que habría que añadir a la sanción de 21 millones ya impuesta por el TJUE con su sentencia.  

Sanción de la CNMC

Casi al mismo tiempo que Bruselas levantaba la voz, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) añadía un nuevo ingrediente al conflicto. El organismo que preside José María Marín Quemada ha incoado un expediente sancionador contra los sindicatos UGT, CC OO y CIG, así como a diversas empresas del puerto de Vigo, por posibles prácticas anticompetitivas.    

La infracción consistiría, según informa la propia CNMC, «en la firma y/o aplicación, por parte de estas entidades, de un pacto extraestatutario firmado en el año 1996, para la regulación de las relaciones laborales en el ámbito de la estiba en el Puerto de Vigo, cuyos ámbitos personal y funcional de aplicación desbordarían el ámbito propio reservado a las labores de estiba portuaria».

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, según indica Competencia. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.