Acciona pone en prenda ante el Santander el 61% de las aguas del área de BCN

La empresa que gestiona la distribución en el entorno metropolitano se niega a pagar al banco al considerar que la pignoración vulnera la ley

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El fiasco de la privatización de las aguas catalanas tiene capítulos todavía por escribir. El último se produce al desvelarse que la empresa adjudicataria de la privatización del suministro en alta en Catalunya desde hace poco más de un año (ATLL Concesionaria de la Generalitat,) ha pignorado un 61% de sus ingresos a favor de Banco Santander, entidad con la que Acciona tiene contraídas diferentes deudas. Es decir, la empresa de la familia Entrecanales ha puesto en prenda los ingresos por el abastecimiento de agua a los municipios del área de Barcelona como método para refinanciarse.

La operación, como si fuera una garantía convencional (hipotecaria), se ha descubierto cuando el banco que preside Emilio Botín ha solicitado a la empresa mixta que mantienen Agbar (competidor de Acciona en la polémica privatización) y Área Metropolitana de Barcelona (AMB es un consorcio de municipios del área de la capital catalana) que le pague de forma directa a la institución de crédito. Acciona habría pignorado esos derechos de cobro el 3 de febrero pasado, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio.

Irregularidades detectadas

La empresa mixta (85% de Agbar y 15 de la AMB), como otras operadoras de otras localidades y municipios catalanes, se encarga de llevar el agua hasta el consumidor final. Ante la petición del banco se ha negado a realizar el abono y así lo ha hecho constar de manera oficial a la institución financiera al considerar que de hacerlo se cometerían diversas irregularidades no ajustadas a la legislación.

En concreto, la compañía mixta Aguas de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo Integral del Agua, SA argumenta en su oposición al pago que los ingresos producto del servicio de abastecimiento de agua de la red Ter-Llobregat son derechos económicos de naturaleza pública y constituyen un derecho de la Generalitat de Catalunya, en concreto de su hacienda autonómica.

Permiso inexistente

En consecuencia, sólo la administración catalana podría permitir la cesión, prenda o pignoración de esos ingresos a favor de terceros (en este caso la institución financiera), autorización que pese a reiteradas preguntas de Acciona al consejero de Territorio y Sostenibilidad (que podría conceder el permiso a propuesta de la Agencia Catalana del Agua) no se ha producido.

Tampoco sigue vigente el convenio entre Acciona y los municipios del área metropolitana de Barcelona, cuyos ingresos habrían sido objeto del traspaso al Santander, según las argumentaciones jurídicas esgrimidas por la empresa mixta para negarse a traspasar los fondos al banco.

A la negativa que la empresa mixta de los municipios metropolitanos expresa ante el banco de Botín hay que añadir la argumentación de que el propio concurso de privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), del que resultó ganadora Acciona, se encuentra en proceso de resolución judicial después de varias sentencias y autos que invalidan la oferta de la constructora madrileña por diferentes motivos.

Débiles finanzas de Acciona

Los problemas financieros de Acciona se han multiplicado en los últimos meses. A la crisis económica y la caída en la licitación de obras públicas se suma su apuesta por las energías renovables en la etapa de gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El cambio legislativo introducido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que disminuye de forma notable las primas que retribuyen la producción de energías limpias ha modificado los escenarios económicos de la empresa.

José Manuel Entrecanales se ha visto obligado en esas circunstancias a asumir unas pérdidas de 1.972 millones de euros en 2013, así como a anular el dividendo a los accionistas y emprender un plan de desinversiones del que sólo se libran de manera inicial las divisiones de agua y servicios de grupo. El pasivo neto que soportaba Acciona al cierre del último ejercicio ascendía a 6.715 millones de euros.

Economía Digital

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