Acciona, en vilo por la letra pequeña de la reforma energética

La generosa política de subvenciones públicas en la que se embarcó el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) sigue trayendo cola. De ellas se beneficiaron todos. Grandes y pequeños promotores, fabricantes de las instalaciones, políticos con información privilegiada que también acudieron a este auténtico negocio promovido con dinero público.

Pero sobrevino la crisis y el asunto se paró. Empezaron los programas de contención de ayudas públicas y hubo que recortar las subvenciones, causantes de un déficit tarifario inasumible cuando arreciaron las presiones sobre la deuda pública y, con ellas, las dificultades para su financiación. Los ingresos previstos empezaron a no llegar y el pago de las deudas contraídas cada vez se hizo más de difícil.

El desfase, sin control

El déficit de este año, transcurridos los seis primeros meses, ya ronda los 3.600 millones, un 8,4% por encima del previsto y un 13% superior al del primer semestre de 2012. Un desfase entre los ingresos y los costes regulados que supera ya los 26.000 millones de euros. Desfase, por cierto, que no se debe exclusiva ni mayoritariamente a las renovables, sino a un sinfín de cargas y peajes que soporta el sistema, las que precisamente cobran las empresas eléctricas en forma de compensaciones, como ese fondo de comercio, o el apaño en la formación de precios.

Por ello, ya con Zapatero y ahora con Mariano Rajoy (PP) en la presidencia del Gobierno, los recortes a las primas recibidas por los negocios de energías renovables no han parado, dejando tras de sí un reguero creciente de damnificados, pero también beneficiados. Los de siempre, entidades financieras y empresas, eléctricas y constructoras, que, si pierden, pierden poco, y, si lo hacen, siempre con la llegada de compensaciones de algún tipo.

Las grandes incógnitas

A falta de que se perfilen los flecos en un nuevo decreto previsto para el otoño en el que se establezca el valor neto de cada planta, para las compañías eléctricas –tanto las tradicionales como las renovables – la repercusión de eliminar el déficit de tarifa sería de 2.700 millones, de lo que reciben por transporte, distribución y primas.

Una reforma que deja grandes incógnitas por resolver y que, de entrada, se debería poner en entredicho al basarse en los datos que declaran las propias eléctricas en lo que respecta a los costes de distribución y de transporte.

Tampoco queda nada claro el nuevo reparto de la rentabilidad, supuestamente del 7,5% de retribución a las renovables, y del 6,5% para el resto de costes, porque una rentabilidad del 6,5% a la distribución sobre costes superiores a los reales resulta mucho más rentable que la que se aplica para las renovables sobre costes por debajo de su valor. Ni que ese 7,5% se calcule a partir de ahora o desde el momento de la instalación, que, en este caso, supondría tener que devolver primas pasadas que superaran el 7,5% mediante reducciones de retribución futuras.

Tensiones sobre la deuda

Rentabilidad, por cierto, ligada a las obligaciones del Tesoro a diez años, con lo que, curiosamente, si se incrementan las tensiones sobre la deuda española y aumenta el interés para su financiación, los costes del sistema eléctrico saldrían beneficiados ya que el Estado tendrá que pagar más. Y, al contrario, si el interés de la deuda baja también serán menores las primas que reciban tanto las renovables como el resto de empresas del sistema eléctrico.

En principio, Acciona, la constructora de la familia Entrecanales, se perfila como la gran perjudicada con la nueva reforma como fue también la gran beneficiada hace cuatro años cuando la italiana Enel le compró de forma anticipada el 25% de Endesa. A diferencia de las empresas de régimen ordinario, que podrán repercutir sobre el precio final del consumidor el coste extra que tengan que asumir con la reforma del Gobierno, empresas de régimen especial, las renovables en exclusiva, como Acciona, no podrán hacerlo al estar su retribución fija de antemano.

Un sistema contra Acciona

Ahora, todo ese montaje acaparado entonces se le vuelve en su contra. Pasará a cobrar retribuciones fijas por megavatio instalado y no por producción, como ocurría hasta ahora, con lo que el rendimiento de sus casi 6.000 megavatios de potencia instalada en España se verá afectado. En 2009, además de recibir 9.600 millones en efectivo por la venta del paquete de Endesa, adquirió también 2.080 megavatios (MW) de activos renovables por un importe de 2.848 millones de euros.

El impacto del muevo marco regulatorio también afectará a la catalana Fersa, donde sus accionistas mayoritarios, los navarros hermanos Oliver Gómez, tienen colocado en la presidencia a Francesç Homs i Ferret, el que fuera consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat entre 2001 y 2003. Junto a los hermanos Oliver, del accionariado de Fersa forman parte, entre otros, una filial de la recién refinanciada COMSA EMTE, la aseguradora Catalana Occidente, Ignacio García-Nieto Portabella, del grupo financiero Riva y García, el economista Esteban Sarroca o Tomás Feliú Bassols, el empresario gerundense que acaba de ser nombrado consejero.

Demanda eléctrica

Hasta junio, la caída de la demanda de electricidad y las consecuentes restricciones en red le supusieron a Fersa una pérdida potencial de ingresos de 980.000 euros, y las modificaciones en el marco regulatorio otro 566.000 euros menos. Cantidades a las que habría de sumarse el desembolso que supuso el nuevo impuesto del 7% sobre la generación eléctrica a través de energías renovables.

A la espera de evaluar las consecuencias del impacto del nuevo real decreto, en la presentación de resultados correspondiente al primer semestre, los responsables ya dejaban caer que el impacto económico de la norma podría ser significativo. Fersa cuenta con una capacidad instalada de 232,9 MW y su producción durante el primer semestre ascendía a 245,0 GWh, un 3,6% menos respecto al mismo periodo del año anterior.