A FCC no le salen por ningún lado las cuentas en la ‘operación Calderón’

El reloj digital que a alguien se le ocurrió poner, el 5 de diciembre de 2011, en la presentación del nuevo estadio del Atlético de Madrid, pasó un tanto desapercibido. Entonces marcaba cero, pero podía llegar a sumar 9.999 días, más de 27 años, para la finalización de las obras.

Un error a todas luces en el que nadie reparó, pero que, cada vez que un revés se cruza en este proyecto –y van unos cuantos, el último, una sentencia que impide levantar rascacielos sobre el solar que quede vacante tras demoler el estadio Vicente Calderón– podría dejar de serlo.

Retrasos y más retrasos

De momento, el nuevo estadio de La Peineta, cuyas obras lleva a cabo la constructora FCC, no estará listo, como se dijo entonces, para que el equipo rojiblanco juegue sus partidos a partir de la temporada 2015-2016. O sea, el próximo mes de agosto.

«El 5 de diciembre de 2011 será recordada como una fecha histórica, porque ese día los atléticos declaramos oficialmente que estamos preparados para dar el gran salto», decía entonces el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo. Pero la fecha en que finalmente se dé ese salto cada vez resulta más incierta.

Obras ralentizadas

Parece evidente que la última contemplada, la del año 2018, también hay que empezar a descartarla. «Las obras siguen, no están paralizadas, pero marchan a un ritmo muy lento», apunta un portavoz de la constructora. Y seguirán así mientras el Atlético y FCC no alcancen un nuevo acuerdo para modificar las condiciones del convenio, porque las cuentas para la constructora no salen por ningún lado.

Se firmó en 2010, pensando que la crisis inmobiliaria tocaba a su fin, pero hace unos meses FCC se plantó, y amenazó con paralizar las obras. No lo hizo, pero desde entonces marchan al ralentí. Y, aunque el Atlético está de acuerdo en modificar el convenio, de momento no se ha llegado a acuerdo alguno.

FCC se topa con la cruda realidad

Como algunos preveían, la constructora presidida por Esther Alcocer Koplowitz y controlada por el magnate mexicano Carlos Slim se ha topado en este asunto con la cruda realidad. La de no ver cómo obtener un beneficio de los 300 millones de euros comprometidos en construir el nuevo estadio rojiblanco y otras actuaciones relacionadas con el soterramiento de la M-30.

Todo estaba pensado con vistas a que la actividad inmobiliaria se recuperara y FCC pudiera vender los 2.000 pisos previstos en los solares dejados vacantes por la fábrica de cervezas Mahou y el Vicente Calderón, pero esa recuperación no resulta lo suficientemente consistente como para cuadrar los números.

Proyecto gafado

De mantenerse el convenio vigente, FCC tendría que vender esas viviendas a no menos de 6.000 euros el metro cuadrado construido. O sea, a 500.000 euros los pisos de 80 metros. Inviable a todas luces.

Al margen de las cuentas de la constructora, el proyecto parece gafado desde el principio. Los dos intentos fallidos de Madrid por convertirse en sede olímpica pesaron lo suyo y, ahora, también, se han unido al embrollo las dudas existentes sobre la legalidad jurídica acerca de la ordenación urbanística.

Los jueces insisten, no a las torres

En enero de 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a la Asociación Señales de Humo en el recurso presentado contra la modificación puntual para la reforma del ámbito aprobada a finales de 2009. Consideró que no se ajustaba a derecho permitir la construcción de torres de viviendas de hasta 17 pisos cuando la ley de Suelo de la Comunidad de Madrid prohibía superar las cuatro alturas.

El posterior recurso del Ayuntamiento de Madrid ante el Tribunal Supremo fue fallado, en octubre de 2014, en favor del consistorio, anulando lo establecido por la sentencia del TSJM, al no haber tenido en cuenta la opinión de la cervecera Mahou, y obligando a repetir el juicio.

Es lo que ahora acaba de hacer el TSJM. Y lo ha hecho para mantenerse en sus trece. Que ni en la parcela de Mahou –completamente vacante desde hace tres años tras demoler la fábrica–, ni en el solar que en un futuro quede libre tras echar abajo el Vicente Calderón, se pueden levantar edificios de más de cuatro alturas. Con lo que será finalmente el Supremo, dentro de dos o tres años el que dilucide, si se pueden levantar las torres de entre 20 y 36 plantas contempladas.