En el ámbito empresarial, son muchos los conceptos que juegan un papel fundamental a la hora de describir distintos procesos. Y dentro de todos ellos, el término privatización es uno de los fundamentales, y consiste en la venta total o parcial de una empresa pública a unos inversores privados, siempre y cuando, es sí, se de a través de una oferta pública.
Esto implica que la privatización supone que tanto la propiedad como el control de una empresa pase a mano de empresas privadas y de sus accionistas, por lo que deja de pertenecer al Estado. No obstante, es habitual que, en algunos casos, el Estado trate de mantener cierto control sobre estas empresas privadas, especialmente cuando estas operan en sectores estratégicos.
Los tipos de privatización que existen y su importancia en el mercado
No obstante, más allá de que se realice a través de una oferta pública, este tipo de privatización puede llevarse a cabo por distintas vías. Entre ella, la más habitual es la venta directa de la empresa. Esto implica que es el propio Estado el encargado de ponerla en venta, y es él mismo quien lleva a cabo todo el proceso, ya sea a través de una negociación privada o de una subasta pública.
También puede llevarse a cabo a través de una Oferta Pública de Venta o OPV, que consiste en que el Estado se encarga de poner a la venta en el mercado de valores acciones pertenecientes a la empresa, que los accionistas pueden adquirir en la medida de lo necesario.
El tercer método más habitual es el de la concesión, que consiste en que el Estado otorga a una empresa privada el derecho de explotar un servicio público, siempre y cuando reciba a cambio una contraprestación económica.
Argumentos a favor y en contra de este proceso
Pero, más allá de los tipos que existen, ¿para qué sirve privatizar una empresa? El punto fundamental por el que se realiza esta acción tiene el fin de reducir el déficit público, ya que la venta de este tipo de empresas trae consigo ingresos para el Estado, que utilizará con este fin. No obstante, también sirve para mejorar la eficiencia de las empresas, ya que, por lo general, las empresas privadas cuentan con mayores beneficios.
Más allá de esto, otro de los puntos fundamentales es el de reducir la intervención del Estado en la economía, ya que muchos consideran que una gestión procedente del sector privado es mucho más eficiente que la que proviene del público. Sin embargo, la privatización de empresas también entraña unos riesgos, sobre el que destaca la pérdida de control sobre servicios esenciales, como son el agua o la luz, que desde su privatización están sujetos a encarecerse y ser mucho más caros para la población.
Como efecto colateral de esto, la privatización también puede aumentar la desigualdad entre las grandes empresas, que son generalmente beneficiadas por este proceso, y los damnificados del mismo, que son los trabajadores y los consumidores.
Además, los detractores de la privatización también aseguran que esta trae consigo una reducción en la calidad de los servicios, argumentando que el sector privado se preocupa más por maximizar sus beneficios que por ofrecer un servicio de calidad a los clientes en todos los ámbitos.
