Sevilla emula a Barcelona y quiere un impuesto para turistas que recaude 7 millones al año
Sevilla se quiere unir al grupo de grandes capitales europeas que aplican el cobro de una tasa turística por pernoctación a aquellos viajeros que visitan la ciudad
Sevilla se quiere unir al grupo de grandes capitales europeas e internacionales que aplican el cobro de una tasa turística por pernoctación a aquellos viajeros que visitan la ciudad, caso de París, Lisboa, Oporto, Berlín, Roma, Milán, Venecia o Ámsterdam en el ámbito europeo. En España, ya se encuentra en aplicación en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, y en las Islas Baleares. En la Comunidad Valenciana se encuentra en tramitación y en ciudades del País Vasco como San Sebastián se encuentra en estudio su aplicación.
El Ayuntamiento de Sevilla calcula que, si tan sólo se cobrara un euro a cada turista por noche, podría llegar a recaudar como mínimo unos siete millones de euros anuales para las arcas municipales. A día de hoy, ninguna capital andaluza aplica esta tasa, cuya normativa corresponde en primer término a la Junta de Andalucía.
La polémica en torno a la creación de este nuevo impuesto lleva abierta en la ciudad al menos cinco años, desde los tiempos en que Antonio Muñoz, desde el pasado enero alcalde de Sevilla, ocupaba la delegación de Turismo, Cultura y Hábitat Urbano. La falta de consenso en el sector y sobre todo la paralización de la actividad turística debido a la pandemia encalló siquiera el debate con agentes del sector turístico y hotelero así como con las administraciones competentes en la materia.
Ahora, cuando las previsiones turísticas apuntan a una recuperación del sector con registros similares a la era prepandemia, Muñoz impulsa de nuevo este debate en la ciudad a través de una propuesta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. A grandes, rasgos el PSOE local pide «el establecimiento de un marco legislativo andaluz que permita la aplicación de mecanismos de fiscalidad turística».
En estos términos se ha pronunciado en Twitter Antonio Muñoz, quien defiende que esta tasa «permitiría generar recursos económicos para inversiones y servicios públicos, con un mínimo impacto para los visitantes». Razón por la que solicita que, «en consenso con los agentes turísticos», Gobierno y Junta de Andalucía promuevan la normativa que permita su implantación.
Idéntica petición es la que ha impulsado por unanimidad el pleno del Ayuntamiento de Málaga, alcaldía en manos del veterano dirigente del PP Francisco de la Torre. Hace dos semanas, el pleno municipal aprobó sin votos en contra una propuesta, impulsada por Unidas Podemos Málaga, que insta a la Junta de Andalucía y el Gobierno de España a la creación del marco normativo necesario para la implantación de esta tasa turística a través de la modificación de la Ley de Haciendas Locales.
En todo caso, en primer término corresponde a la Administración autonómica impulsar esta norma, desde el ámbito del Gobierno andaluz, si bien también podría hacerse a propuesta de un grupo parlamentario en la cámara andaluza, una vez se inicie la nueva legislatura, que arrancará el próximo 20 y 21 de julio, toda vez que la constitución del Parlamento tendrá lugar este próximo jueves. Está por ver la presión que, bajo distinto signo político, ejercerán los Ayuntamientos que ven con buenos ojos una medida a la que el Gobierno, de marcado perfil liberal en lo económico, ha hecho oídos sordos hasta la fecha.
No en vano, la Junta de Andalucía no ha querido abrir el melón de la creación de un nuevo tributo, que de alguna forma vendría a impugnar el discurso de bajada masiva de impuestos con que se estrenó el Gobierno de Juanma Moreno hace cuatro años y que ahora, lograda una mayoría absoluta inédita, mantiene en su relato.
Fuentes de la Consejería del vicepresidente saliente, Juan Marín, responsable hasta la fecha de las competencias en materia de Turismo, explican a Economía Digital que a su llegada al Gobierno andaluz, en enero de 2019, el debate de la creación de un nuevo impuesto estaba sobre la mesa. Sin embargo, la quiebra, en septiembre de ese mismo año, del gigante de los touroperadores, Thomas Cook, así como los inciertos efectos del Brexit recomendaron la postergación de este asunto entre las prioridades de la vicepresidencia. El zarpazo dado al sector por la pandemia, apenas unos pocos meses después, hizo pensar, según fuentes autonómicas, que «no era el momento de abrir este debate».
Será por tanto el nuevo gobierno de Juanma Moreno, que tomará posesión el próximo martes 26 de julio, el encargado de situar en el orden de prioridades el impulso de la norma que dé cabida a la tasa turística.
En resumen, la propuesta del Grupo Socialista local, que gobierna en minoría, pasa por que el Ayuntamiento lidere un «proceso participativo » con los agentes del sector para estudiar la viabilidad de esta medida y por instar a la Junta de Andalucía a analizar de la mano de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los agentes turísticos la implementación del marco legislativo idóneos». Asimismo, se insta al Gobierno de España a analizar de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el estudio de la modificación del Real Decreto sobre Haciendas Locales.
El turismo en Sevilla
La propuesta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento se apoya en el espectacular crecimiento que ha experimentado eel turismo en la ciudad en los últimos años, consolidando a Sevilla como uno de los destinos turísticos en mayor
crecimiento del panorama nacional. En cuanto a la oferta, la planta hotelera ha incrementado su número de plazas en más de un 18% desde el 2015 hasta alcanzar las 24.375 plazas actuales y a día de hoy ha superado el número de plazas ofrecidas antes de la irrupción de la emergencia sanitaria por Covid. Asimismo, la oferta cultura, de ocio y entretenimiento, así como el llamado turismo de congresos, no ha parado de crecer, salvando el parón de la pandemia, en la última década.
Para el grupo socialista, «este mecanismo permitiría a nuestra ciudad incrementar los recursos destinados a la promoción de Sevilla como tercer destino urbano de España y a la protección del patrimonio histórico
cultural de nuestra ciudad.
La idea es que se trate de un impuesto progresivo, así se tasaría de forma diferente los alojamientos más básicos en relación con los establecimientos de lujo, cuyos viajeros harían un mayor esfuerzo, aunque, según la propuesta socialista, «en ningún caso superaría el par de euros por pernoctación».