Nuevo frente Moreno-Sánchez: Andalucía impugna el acuerdo de pesca que ha negociado Planas en Bruselas
El Ejecutivo andaluz y los armadores españoles critican que esta nuevas cuotas suponen "una catástrofe" para los barcos de arrastre del Mediterráneo
Luis Planas, durante la celebración del conseio de ministros de Agricultura y Pesca de la UE en Bruselas.
La tensión entre el Ejecutivo andaluz y el Gobierno central sube un nuevo escalón, ahora es a cuenta de la negociación por las cuotas de pesca que el ministro del ramo, el cordobés Luis Planas, ha negociado en Bruselas en el marco del Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. A grandes rasgos, donde Planas ve un «buen resultado» para la flota española, incluso «muy bueno» para algunas especies, como la merluza sur, en el Atlántico, el Gobierno andaluz ve la «puntilla» para que la flota andaluza, especialmente las embarcaciones de arrastre que faenan en el Mediterráneo se queden en dique seco.
El sector, que ha calificado el acuerdo de «agridulce» según la flota a la que afecte y de «desastroso» para los barcos del Mediterráneo, ya ha anunciado que a principios enero volverán a sentarse con el ministro Planas y la secretaria general de Pesca para organizar la campaña 2023 y ver el tipo de ayudas que el ministerio puede ofrecer a los armadores más afectados por el nuevo acuerdo, fundamentalmente los andaluces.
En esta misma línea, el Gobierno de Moreno ha anunciado que va estudiar «los pormenores” con el fin de conocer “en qué afecta económicamente” a la flota de Andalucía analizar qué margen de maniobra tiene el Gobierno andaluz para ayudar a estas familias al tiempo que ha solicitado una reunión al Ministerio para principios de años con el objetivo de «analizar una situación que afecta especialmente a la pesca de arrastre en el Mediterráneo».
Andalucía, segunda flota pesquera tras Galicia de un sector en precario
En términos nacionales, Andalucía, con un 11% de actividad, es la segunda comunidad autónoma en materia pesquera, detrás de Galicia, que representa el 36,3% del sector en España. Con todo, el sector lleva en una crisis imparable en los últimos 20 años.
Desde 1997, según datos del propio Ministerio, la flota española ha perdido cerca de 10 mil barcos y ahora sobrevive con apenas 8.800 mil de los que dos mil pertenecerían a la flota andaluza. La suma de factores adversos como crisis del sector tradicional, las restricciones de las políticas pesqueras comunitarias, el cambio de modelo y, en los últimos tiempos, el incremento de los costes por la subida del combustible han provocado que las familias que trabajan en estas actividad sean unos auténticos supervivientes.
De ahí que las negociaciones entre los 27 con el comisario de Pesca, en este caso el lituano Virginijus Sinkevicius sean, para los conocedores de la política comunitaria, una de las pruebas más complejas para cada uno de los estados de la que es complicado salir indemne. De hecho, a pesar de que el ministro español ha calificado el acuerdo para las aguas de la UE para 2023 como positivo, votó en contra del pacto sobre el Mediterráneo, pese a que consiguió reducir la cantidad de días en que la flota no podrá salir a faenar.
«A pesar de los avances logrados y de haber conseguido disminuir los días de pesca (en que la flota no podía salir a faenar) a menos de la mitad, me he visto obligado en nombre de España a votar en contra de este reglamento», ha declarado Planas, durante una rueda de prensa.
Y esa es la piedra de toque para el sector pesquero español. Para Javier Garat, presidente de los armadores españoles CEPESCA (Confederación Española de Pesca) que reúne a más de 800 empresas pesqueras y unos 10 mil trabajadores del sector, el acuerdo europeo de pesca es «una catástrofe para el Mediterráneo». En declaraciones a Mesa de Análisis (Canal Sur), Garat califica este acuerdo como «un nuevo giro de tuerca» de la Comisión Europea ya que reduce en un 7% adicional los días de pesca que se suman a un recorte del 30% que ya ha sufrido la flota en los últimos tres años en el mar Mediterráneo. Lo que el sector y también el Gobierno andaluz defiende es que la Comisión Europea está primando en sus negociaciones el concepto de sostenibilidad medioambiental dejando de lado la sostenibilidad social y económica.
España solo ha logrado reducir en un 0,5% la reducción, prevista en un 7,5 por ciento. Esto supone que cada barco pueda salir a faenar menos de 150 días al año. Es por ello, que el presidente de Cepesca vaticina que habrá muchos armadores que opten por el desguace ante la imposibilidad de mantener sus empresas, y más con la escalada de precio de los combustibles.
En palabras del portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el ministro Planas «no ha hecho una buena negociación en Bruselas» y el resultado es un «acuerdo perjudicial para Andalucía», razón por la que no termina de entender, ha dicho, «el triunfalismo con el que el Gobierno ha salido de este acuerdo en Bruselas».
Para Carmen Crespo, el acuerdo alcanzado a nivel comunitario “no es satisfactorio” para el arrastre del Mediterráneo porque, “después de un 17,5% de reducción durante todos estos años, ahora se le aplica un 7% más” que complica la rentabilidad de 92 barcos afectados. Ha calificado la situación como el reflejo de “una negociación frustrada” que conlleva además el establecimiento, por primera vez, de una cuota a la gamba roja que supone un 5% menos de capturas. “Es una medida muy perjudicial para el sector”, ha recalcado la consejera, que considera que se está aplicando “un doble castigo a la flota mediterránea andaluza” que no tiene justificación, ya que los informes científicos apuntan a que el caladero se encuentra en buenas condiciones.
La consejera ha insistido en que “se están tomando decisiones en base a estudios científicos que no están actualizados” y ha apuntado que, en ocasiones, estas medidas están dañando al sector europeo “sin razones” e impulsando la importación de productos pesqueros de terceros países.
Respecto a las acciones que va a poner en marcha el Gobierno andaluz, la consejera ha afirmado que su departamento trabajará para “intentar solventar lo que podamos, dentro de nuestras posibilidades” y ha comentado que, como ha acordado con los representantes del sector mantenidas esta misma mañana, pedirá una reunión conjunta con el Ministerio “para principios del año” dirigida a “analizar esta situación que afecta especialmente al arrastre del Mediterráneo”.
