Nuevo choque Moreno-Sánchez: luz verde a la ley de regadíos de Doñana que recurrirá en el TC el Gobierno
La Proposición de Ley para la regularización de los regadíos ilegales supera su primer debate parlamentario en una jornada tensa en la que PP, junto a Vox, se queda sólo frente al criterio de científicos y la UE
Maribel Mora, diputada de por Andalucía, vertiendo un jarro de arena en el escaño vacío del presidente Juanma Moreno.
En contra del criterio del Consejo de Participación de Doñana, de la comunidad científica, de las plataformas ecologistas, del Gobierno central, del criterio de la Comisión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en contra de todos los partidos de la oposición, el Parlamento de Andalucía, gracias a la mayoría absoluta de la que goza el Partido Popular y con el apoyo de Vox, ha aprobado este miércoles el inicio del trámite de la proposición de ley relativa a la regulación de regadíos de cultivos de frutos rojos en municipios del Condado de Huelva, en el entorno del parque nacional y reserva de la biosfera.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que, una vez que la norma se apruebe de forma definitiva en el Parlamento andaluz, interpondrá un recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional. También ha anunciado este recurso, Por Andalucía, integrada por Izquierda Unida, Podemos y Más País.
La luz verde de esta norma, que afectaría a unas 800 hectáreas en situación irregular, supone, a día de hoy, la fisura más grande y con alcance internacional que tiene el discurso ecologista que trata de trabajarse el Gobierno andaluz desde su llegada al Palacio de San Telmo. Para la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, en palabras de su asesor legal, el ex diputado de Ciudadanos Julio Díaz, esta iniciativa «viene a reparar el daño causado y a hacer justicia social con miles de familias de agricultores que se quedaron fuera por el mal diseño del plan de la Corona Norte» en 2014.
El resultado de la votación era, con todo, el esperado; también la fenomenal bronca montada dentro y fuera de la cámara autonómica cuyo debate ha sido seguido por una numerosa representación de regantes de los municipios afectados (Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Rociana del Condado y Almonte) desde fuera del Hospital de las Cinco Llagas a través de una pantalla instalada en un árbol. Durante el debate, estos regantes han dado sobradas muestras de su enfado con los partidos de izquierdas y, muy especialmente, con el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, diputado por Huelva y profundo conocedor de las diatribas de este asunto que pone sobre la mesa el principio de preservación de la reserva biológica y el mantenimiento del sello de calidad de la UE de esas explotaciones agrícolas.
La falta de agua provocaría la mutación «a una dehesa africanizada», en opinión de Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana, reunido de forma extraordinaria el lunes, y, desde hace 50 años, testigo en primera línea de la degradación de los humedales de esta reserva biológica.
El debate de este miércoles, ha dejado, incluso, una suerte de performance protagonizada por la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, que ha arrojado un jarro de arena sobre el escaño vacío de Moreno, ausente durante todo el debate del pleno, al que se ha incorporado más tarde a la hora de la votación. La jarra de arena venía a simbolizar, en palabras de Mora, el estado en que quedará Doñana por la progresiva desertificación a la que está sometido el Parque, fruto de la sequía y la sobreexplotación por los pozos ilegales del acuífero que alimenta los humedales y que hacen de este ecosistema natural uno de los más famosos de todo el mundo.
De hecho, el presidente del Parlamento andaluz, el popular Jesús Aguirre, ha contribuido al tono de la tarde, y ha espetado a la parlamentaria del partido de Teresa Rodríguez, que se le «debería caer la cara de vergüenza»: «Si su intención es llamar la atención, cómprese un mono», ha llegado a decirle a la parlamentaria de izquierdas. Rafael Segovia, diputado por Vox, ha lamentado el «espectáculo» vivido en el pleno, que, por otro lado, ha sido el más intenso y entretenido de lo que va de legislatura, plácidamente acomodada en una mayoría absoluta sin sobresaltos.
Para Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, el PP de Moreno «juega con el futuro de las familias afectadas, con la reputación de la producción agrícola de Huelva y de azuzar el enfrentamiento social», mientras que el diputado socialista por Huelva, Mario Jiménez, ha calificado de «capidisminuido» a Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Medio Ambiente quien, esta misma semana, ha visto recortada su margen de competencias al perder la gestión del plan Infoca a favor de Antonio Sanz, consejero de Presidencia e Interior.
Sin éxito, quien también es portavoz del Gobierno andaluz, ha tratado de convencer a Bruselas de la idoneidad de este proyecto que, en la teoría, norma busca legalizar unas 800 hectáreas de cultivo que quedaron fuera del Plan Corona Norte de 2014 y que reclaman la regularización de una situación que lleva siendo oficiosa o alegal desde hace muchos años, esto es, la utilización del agua de superficie del entorno del parque hoy inexistente pero, según el texto aprobado, que se proveerá merced a un trasvase futuro.
Para Manuel Andrés González, ex alcalde de Lepe y diputado del PP, «los agricultores conocen perfectamente la literalidad del texto y en ningún momento se le dice que le vamos a dar agua». El problema, a su juicio, lo creó un gobierno del PSOE que «hoy no pone soluciones sobre la mesa»-
En la práctica, esta norma viene a ser, de hecho, un «engaño», en opinión de los partidos de la oposición, pues cualquier trasvase futuro de 15 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Piedra, Odiel y Tinto, según el criterio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo que gestiona la cuenca del río y dependiente del Gobierno de España, vendrá a paliar exclusivamente la falta de agua de aquellas explotaciones ya autorizadas, en ningún caso podrá satisfacer la necesidad de agua de regadíos que estén fuera de las hectáreas ya legalizadas.
Con todo, esta proposición de ley supone recuperar un texto que presentaron en enero de 2022, en la pasada legislatura, ahora con la precisión de que «estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente».
