Moreno se aprieta el cinturón y plantea reordenar los alquileres de la Junta para ahorrar 60 millones

El presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, ha dado la orden de que toca apretarse el cinturón, ante un otoño económico que se plantea incierto en el ámbito internacional, y ha pedido revisar el gasto superfluo en la administración regional, una de los lemas con los que se presentó hace cinco años, cuando llegó al Palacio de San Telmo. Entre este gasto superfluo se incluiría el alquiler de oficinas y espacios con poco uso o infrautilizadas con que cuenta a día de hoy la Junta de Andalucía y en el que trabajan unos 30 mil trabajadores públicos. De ahí el plan de eficiencia y ahorro en el pago del alquiler de las sedes administrativas con el que el Gobierno andaluz pretende ahorrar unos 60 millones de euros.

El proyecto, que parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que dirige Carolina España, está en estos momentos en elaboración y está previsto que se presente después del verano con el desglose por provincias aunque son las de Sevilla y Málaga tradicionalmente las que acumulan más sedes de este tipo. El objetivo es reducir al máximo la cuantía que en la actualidad está pagando la Junta de Andalucía por el alquiler de estas sedes que asciende concretamente a 57,7 millones de euros, cifra que se revisa cada año con el IPC.

Una polémica venta de 70 sedes en 2014 por la que hoy se paga alquiler

A falta de conocer el listado exacto de los que se desprenderá la Junta próximamente, cabe señalar que hace exactamente 10 años la Junta de Andalucía era propietaria de muchos de estos inmuebles por los que la administración andaluza ha estado pagando un alquiler a un fondo de inversión. Hay que hacer un poco de memoria. Tras años cabalgando la crisis financiera que estalló en 2008 y en el marco del cumplimiento del objetivo del déficit del 1% exigido entonces por el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2014 el Gobierno andaluz culminó la venta de unos 70 edificios de su titularidad, muchos de ellos ubicados en centros históricos, por unos 300 millones de euros al fondo estadounidense WP Carey.

La decisión de poner a la venta estos activos inmobiliarios empezó años antes, cuando la situación financiera de España era dramática y se produjo un severo recorte del gasto público en todas las administraciones. Cuando el acuerdo de venta se materializó, en diciembre de 2014, ya con Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, se había salido del hoyo económico y la recuperación de las cuentas públicas empezó a ser una realidad.

Por lo que hubo voces en su momento, tanto de dentro de la administración como de la oposición, entonces el Partido Popular que hoy gobierna, que criticaron la operación y su rédito económico ya que la administración andaluza vendió pero siguió utilizando los inmuebles ya que la fórmula de venta escogida para esta macrooperación inmobiliaria fue la de enajenación directa y posterior arrendamiento, o como se conoce en el mercado inmobiliario sales & leaseback. Es decir, cobra por la venta pero debe pagar un alquiler por 20 años a razón de 23,6 millones de euros más IVA. De esta forma, la Junta obtenía liquidez inmediata para afrontar el sostenimiento, en aquel entonces, de servicios públicos pero con un desfase progresivo que superaría los 180 millones de euros.

Rafael Carmona, portavoz de Economía del PP, alegó entonces que el «incumplimiento» del déficit había «lanzado» a la presidenta de la Junta hacia un acuerdo de venta «absolutamente perjudicial» para los andaluces «entregándose a un fondo de inversión ante el que ha claudicado aceptando todas y cada una de sus condiciones»,

De este modo, 10 años después, el Gobierno andaluz quiere reconsiderar este gasto que cada año va a más. Y ha encargado a la Dirección General de Patrimonio dependiente de la Consejería de Hacienda la redacción este plan de eficiencia y ahorro que se produce tras la detección de tres graves problemas que afectan a las sedes administrativas, y poner en valor los inmuebles del patrimonio público que están infrautilizados o en desuso, y en muchos casos abandonados o en estado semirruinoso.

Sedes caras, dispersas y viejas

En este sentido, el principal problema es que muchas de estas sedes, como consecuencia de la operación de 2014, se encuentran en edificios por los que la Junta paga un arrendamiento, que supone un coste para las arcas públicas de casi 60 millones de euros al año. En estas sedes desarrollan su trabajo prácticamente la mitad de los trabajadores de la Junta de Andalucía destinados a labores de carácter administrativo.

El segundo problema que se ha detectado es la dispersión de las sedes administrativas, que resta eficiencia al servicio que presta la administración y a la atención al público. Y el tercer problema es la falta de adecuación de muchos de los edificios para su desempeño como oficina y para los servicios que han de prestarse en ellos, hablamos de problemas que van desde la ineficiencia energética al literal estado de abandono de algunos de ellos.

Muchos de estos edificios en estado ruinoso formarían parte del pago en especie con que el Estado liquidó al Gobierno de Andalucía la llamada deuda histórica, la cantidad que Andalucía considera que debe pagarle el Estado para hacer frente a las peculiares circunstancias socio-económicas de la región. La reivindicación ya aparece en el Estatuto de Autonomía de 1981 y que consolidó la reforma del texto en 2007. Finalmente, el acuerdo entre el Gobierno andaluz, entonces bajo la presidencia socialista de Manuel Chaves, y el Ejecutivo central de Zapatero acordó la deuda en unos 1.200 millones.

La consejera Carolina España ha explicado que el plan, que espera poder presentar después del verano, tendrá que proponer soluciones que pasan por reducir el número de los edificios por los que la Junta paga un alquiler, así como la cuantía de éstos, y por buscar alternativas que acaben con la dispersión de las sedes y permitan la adecuación de los edificios al servicio que deben prestar. España ha criticado que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de la Junta de Andalucía, después de las elecciones de 2018 en las que formó un Ejecutivo de coalición con Ciudadanos con el apoyo parlamentario de Vox, «no había ni un sólo un inventario fiable y actualizado de manera integral de los inmuebles de la Junta de Andalucía; muchos de los inmuebles estaban vacíos, en estado ruinoso y con un coste de mantenimiento muy elevado».

Desde el año 2019, ha detallado España, el inventario se está realizando y poniendo en valor y se han realizando distintas subastas y ventas de inmuebles que estaban infrautilizados. Desde se ha ingresado unos 121 millones de euros y se ha dejado de gastar casi un millón de euros anuales en mantenimiento. Próximamente, habrá dos nuevas subastas de inmuebles, según ha anunciado la titular de la Hacienda andaluza.

En este sentido, a priori el plan contempla la rehabilitación de edificios abandonados o infrautilizados que sean susceptibles de utilizarse como sede de los servicios administrativos de la Junta de Andalucía, la construcción de nuevos edificios, si fueran necesarios, y la enajenación o puesta en valor mediante las fórmulas de explotación que se consideren más adecuadas de los edificios que no reúnan condiciones para su uso administrativo.

También deberá plantear la reordenación de las sedes administrativas en cada una de las provincias con el objetivo de potenciar el uso más eficiente de los edificios y concentrar los espacios. Todo ello, con el objetivo último de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y mejorar la prestación que se da a los ciudadanos. Sin olvidar que esta optimización va en la línea de los objetivos ligados a la transición ecológica.