Moreno lleva un año negociando con el holding de Ebro Foods la compra de los terrenos para ampliar Doñana
La Junta pudo comprar toda la finca Veta La Palma pero priorizó los terrenos de valor ecológico; en 2015, el Gobierno de España pagó 50 millones por 922 hectáreas en Almonte
El consejero de Sostenibilidad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes.
Con discreción y sin filtraciones. Así ha llevado la Junta de Andalucía desde hace más de un año las negociaciones con el holding empresarial de Ebro Foods la macrooperación de compra por 70 millones de euros de 7.500 hectáreas de la finca Veta La Palma, en el municipio sevillano de Puebla del Río.
La compra, a falta de ultimar flecos, ha cristalizado ahora pero las negociaciones empezaron, según el portavoz del Gobierno y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, al principio de esta legislatura, es decir, justo cuando arreciaron las críticas por la ley de regadíos del entorno de Doñana, impulsada por PP y Vox, que en estos momentos continúa su tramitación en el Parlamento de Andalucía y cuya retirada pide en bloque la oposición. La previsión del PP es que esta norma esté aprobada en octubre.
De hecho, la compra de esta finca, que supondrá la ampliación del parque en un 14%, no soluciona en grado alguno el problema de sobreexplotación del acuífero de Doñana ni el debate por la regularización de los pozos ilegales de la zona para regar las fincas de fresas pero, en términos políticos, supone un balón de oxígeno con el que Juanma Moreno trata de invertir una polémica que eclipsa, casi al completo, la gestión de su Ejecutivo.
A grandes rasgos, la oposición ha saludado esta compra pero ya ha advertido que esto nada tiene que ver con el problema de la falta de agua en la corona norte del parque. También la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha valorado que con esta compra «la Junta va en la buena dirección» pero advierte que «no afronta el problema de cara: la falta de agua».
Según fuentes consultadas por Economía Digital conocedoras de esta macroperación, en el transcurso de la negociación los dueños de Veta La Palma, la familia Hernández Barrera (fundadores de Arrocerías Herba, marca incorporada a Ebro Foods, el grupo matriz que cotiza en bolsa y de la que la familia es máxima accionista) ofrecieron a la Junta de Andalucía la compra del total de la finca, que tiene una extensión total de unas 11.300 hectáreas, al noreste del PAasegún la página oficial de esta propiedad.
En este sentido, fuentes del equipo de Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz informan que la Junta rechazó esta posibilidad y trasladó que sólo estaba interesada en la parte de la finca de valor ecológico, esto es aquella donde se ubican las piscifactorías, donde ha habido actividad hasta hace dos años, y que suponen un humedal de gran valor ambiental para la avifauna del parque. Según la nota oficial, en esta marisma artificial anidan el 60% de las aves del parque, unas 300 especies.
El Gobierno andaluz aún no tiene definido al detalle el diseño de la compra (en cuántos años se acometerá el pago) si bien Fernández Pacheco si ha aclarado que una parte procederá de fondos propios y otro porcentaje de fondos europeos, sin especificar la naturaleza de los mismo (FEDER, Next Generation, etéctera).
El Gobierno del PP compró 922 hectáreas en 2015 por 49 millones
Es decir, la Junta ha anunciado la adquisición del 70% de la finca y aunque todavía no se ha materializado a nivel jurídico, fuentes de Gobierno informan que el precio ya está fijado ante notario con los dueños. De hecho, el precio por hectárea fue fijada por los peritos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, tasado finalmente en unos 9.300 euros por hectáreas.
En este sentido, cabe recordar que la última gran compra de hectáreas para incorporar al parque tuvo lugar en 2015, con Mariano Rajoy como presidente y Miguel Arias Cañete como ministro de Medio Ambiente. En aquel momento, el Estado se hizo con 922 hectáreas pertenecientes a la finca Los Mimbrales, en Almonte, entre Matalascañas y el Rocío, por 49,8 millones de euros, según informa una fuente de Medio Ambiente de la Junta. De modo, que se pagaron entonces 54mil euros por hectárea, 44.700 euros más por hectárea.
Esta compra en 2023 es, de hecho, la operación de incorporación a la titularidad pública de terrenos más importante desde la declaración de Parque Nacional de Doñana y el hito ambiental más importante de Doñana en los últimos 45 años, tras la ampliación del Parque Nacional en 1978.
Economía Digital ha hablado con distintos expertos conocedores de la actividad agropecuaria de la zona que califican de «buena operación» por ambas partes al precio fijado. Las tierras donde se ubican las piscifactorías, que están cerradas desde hace dos años, unas 3.500 hectáreas, son «tierras salinas sin posibilidad de siembra» por lo que a nivel agrícola no tienen salida y, «realmente el único que podía comprar estos terrenos eran las administraciones, o Junta o Gobierno de España».
Si se compara el detalle de ambas operaciones, en ésta el Gobierno de Moreno Bonilla ha conseguido un mejor precio por hectárea que la conseguida por el Gobierno del Partido Popular hace ocho años. Hay diferencias entre ambas compras. Según fuentes expertas en el parque, en el caso de Los Mimbrales se trataba igualmente de una finca de titularidad privada, pero en aquel caso se dedicaba a la explotación fresera cuyo riego estaba esquilmando el acuífero. «Esa compra sí vino a paliar directamente el problema aunque el valor ecológico de estas hectáreas no es comparable que ahora», opina una fuente técnica.
En este caso, se trata de una incorporación de tierras de mayor nivel ecológico pero que están en el lado opuesto donde radica el foco de conflicto. Al respecto la Unesco ya ha advertido de su “extrema preocupación” por la ley de regularización de los regadíos y ha solicitado al Gobierno de España que presente, antes del 1 de diciembre de 2024, un informe sobre la protección del parque nacional que tiene en la falta de agua su principal problema.
De hecho, al cierre de las piscifactorías la empresa ha seguido bombeando agua de Guadalquivir a esta marisma para mantener la biodiversidad en este humedal con el objetivo de facilitar las negociaciones y no dejar secar estos terrenos.
El objetivo del Gobierno andaluz es mantener inundadas las más de 3.500 hectáreas que corren el riesgo de dejar de tener agua por el cierre de las piscifactorías de la zona, evitando con ello la pérdida de la biodiversidad de este espacio y las repercusiones negativas en hábitats y especies animales.
