Moreno entra en la campaña de la vivienda: 20 millones en avales del 15% para la hipoteca de 1.000 jóvenes
El Gobierno de Andalucía pone en marcha, cinco meses después de su anuncio, un plan destinado a menores de 35 años sin límite de renta que podrán vender el inmueble, comprado a un máximo de 354mil euros, a los dos años
Juanma Moreno, en una reciente visita al centro de FP Axati, en Lora del Río (Sevilla).
La vivienda es el gran tema de la campaña de los comicios del 28M y Juanma Moreno, que no concurre a estas elecciones pero aspira a que los alcaldables bajo las siglas del Partido Popular se beneficien de la estela del 19J, lo sabe. Al margen de Díaz Ayuso, que sí mide sus fuerzas en esta convocatoria, el presidente de la Junta de Andalucía es el barón popular que está liderando la oposición al Gobierno de Sánchez en el otro asunto nuclear de estos días: la respuesta a la sequía que azota al campo, un granero donde, con más o menos fortuna, todos quieren rascar votos. La vivienda para los jóvenes y el agro, con permiso de Bildu, son los temas donde se está dirimiendo este 28M.
Y eso por esta razón que, a 12 días de que se abran las urnas, ha materializado el plan de vivienda joven que anunció en enero para un sector de la población clave en estas elecciones, que sufre la precariedad laboral de manera crónica como consecuencia del efecto sándwich de las crisis económica de 2008 y la del Covid, y que sitúa el acceso a la vivienda, fruto del desboque de los precios del mercado inmobiliario, como su principal problema.
El anuncio del plan llega, además, el mismo día en que el Gobierno andaluz sufre un duro revés en su política de vivienda turística: el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) respalda que los ayuntamientos puedan poner topes a los pisos turísticos en zonas saturadas y reordenar las licencias en sus planes urbanísticos, materia que depende de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Al respecto, el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, se ha limitado a mostrar su «respeto» por las decisiones judiciales.
La Junta había recurrido la orden que impulsaron los ayuntamiento de Cádiz y Sevilla. Ahora, el alto tribunal andaluz resuelve el recurso contra la orden de la capital gaditana, que gobierna Adelante Andalucía, y dicta que los ayuntamientos sí son competentes para poner topes a la proliferación de estas viviendas, cuya sobredimensión en capitales como Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba ha disparado el precio de la vivienda en sus centros históricos y en los barrios aledaños.
Así el plan Garantía Vivienda Joven ha sido la medida estrella aprobada en el Consejo de Gobierno de este martes con el que se ha estrenado la nueva consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, en el cargo tras la salida de Marifrán Carazo como candidata a arrebatar la alcaldía de Granada al PSOE de Paco Cuenca.
La plasmación de la medida llega 10 días después del anuncio realizado por Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE y que fue llevado al Consejo de Ministros del pasado 9 de mayo. En este caso, el programa del Ejecutivo central consiste en la creación de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que cubra hasta el 20% de las hipotecas de las familias con hijos a cargo y de jóvenes de hasta 35 años. Esta medida, se suma a otros planes de vivienda que de manera sucesiva ha ido desvelando el presidente del Gobierno. Una de las principales críticas realizadas al plan de avales ICO, por parte de los barones del PP y de su líder, Núñez Feijóo, es que estas medidas ya existen en otras comunidades autónomas. A respuestas de la prensa, Rocío Díaz considera que podrán ser compatibles ambos avales de manera complementaria, aunque «por ahora sólo conocemos el anuncio».
Requisitos: aval para primera vivienda de un menor de 35 años sin límite de renta
A grandes rasgos, el plan Garantía Vivienda Joven consiste en avales de hasta el 15% del precio de la hipoteca de jóvenes de hasta 35 años, sin limite de renta, por la compra de una primera vivienda (libre, protegida, nueva o usada), que habrá de ser fijada como residencia habitual, por un importe máximo de hasta 295 mil euros, que pueden incrementarse en un 20% más (hasta 354mil euros) si tiene la acreditación energética A o B. Estos avales serán concedidos por las entidades bancarias que se adhieran al programa. El decreto que regula este programa permite que la vivienda se pueda poner a la venta a los dos años de la compra.
Con una partida de 20 millones para 2023, la medida beneficiará a 1.000 jóvenes (con una media de 20.000 euros por aval), según cálculos de la Consejería. De manera global, ha detallado la consejera, el volumen de compraventa en estas operaciones será de unos 140 millones de euros.
En el diseño de este plan ha sido clave la participación de Fadeco, la patronal de constructoras, y las entidades bancarias, pues serán los bancos los encargados de servir de intermediario con el joven que quiere acceder al aval de hasta el 15% que anuncia la Junta. Según Díaz, este programa está especialmente enfocado para aquellos jóvenes que aún teniendo ingresos mensuales con los que hacer frente a las cuotas de una hipoteca, no tienen a día de hoy ahorrado lo suficiente para la entrada o para el porcentaje que no cubre la hipoteca del banco. Esto significa, que el comprador sólo tendría que aportar el 5% del importe total de la hipoteca, en lugar del 20% habitual.
En este sentido, serán los bancos adheridos al programa los que se encarguen de comprobar que el interesado cumple los requisitos y se encarguen de tramitar el aval de hasta el 15%, que junto con el 80% dispuesto de por la entidad, dejaría en sólo un 5% la cantida que debería aportar de entrada el interesado.
Respecto a los tiempos, la Consejería habla de ser ágil, conscientes del problema que existe: este martes el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el decreto ley y las bases reguladoras de este programa. Una vez se publique en el BOJA habrá un plazo de 15 días para que las entidades financieras se adhieran al programa, a partir de aquí se firmarán los convenios marco y se procederá al reparto de 20 millones entre los bancos que servirán de intermediarios entre la Junta y los jóvenes.
Desde ese momento, se abrirá un periodo de un mes para sacar la convocatoria para que los potenciales beneficiarios puedan acudir a su banco a que les cubra, además del 80% habitual, el 15% extra del que la Junta de Andalucía sirve de avalista. El reparto se hará por concurrencia no competitiva, esto es, por orden de llegada y en cumplimiento de los requisitos fijados por la Consejería.
Así los plazos, podría ser que el reparto de estos 20 millones coincida con las semanas previas a la campaña de las generales.
Cabe señalar, con todo, que en el caso del programa Garantía Joven la Junta dispone el acceso a estos avales para un importe máximo que está muy por encima de la media del precio de la vivienda en Andalucía. La consejera ha explicado que se ha tomado como referencia el precio máximo de la vivienda de VPO en Andalucía.
El portal inmobiliario Idealista, referencia en el sector, cifra la media del metro cuadrado en Andalucía en 1.992 metros cuadrados. Si la referencia de tamaño para un primer piso es de 80 metros cuadrados (tamaño especialmente generoso en algunas capitales como Sevilla o Málaga), el precio sería de unos 160 mil euros para viviendas de acceso libre, nueva o usada, cantidad muy por debajo del umbral fijado por la Consejería. Economía Digital ha preguntado en base a qué criterios se fija ese límite y el informe que lo recoge sin obtener respuesta. Según fuentes consultadas, la idea es incrementar esta partida en los próximos ejercicios presupuestarios para llegar a más beneficiarios.
Para la Junta, este plan no sólo beneficia a los jóvenes sino que «incide en el impulso de la actividad económica, del empleo y de la actividad financiera; influyendo no sólo en el sector de la construcción, sino también en otras actividades que van desde el mobiliario hasta la puesta en uso de la vivienda adquirida. Todo ello genera puestos de trabajo directos e indirectos, pero, además, significa también un retorno a las arcas públicas por los impuestos y tasas que gravan la actividad».
