Moreno congela la ley de regadíos de Doñana hasta después del 28M
Pese al rechazo de Europa, la oposición y los expertos, el Gobierno andaluz no retira la norma pero se abre a continuar su trámite parlamentario y su posible reforma tras las elecciones
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la sesión de control de este jueves protagonizada por el debate sobre los regadíos en el entorno de Doñana.
Antes de seguir adelante con el plan de regadíos del entorno de Doñana, el presidente de la Junta de Andalucía va a testar sobre el terreno qué respuesta tiene en las urnas del 28M un debate que hace mucho dejó de ser local, y sólo concerniente a los cinco municipios del Condado de Huelva donde se extienden las 700 hectáreas de cultivos que usan agua de manera ilegal del acuífero que alimenta los humedales del parque, para convertirse en un asunto que interesa al mundo agro y al campo en general.
Sólo si existiese una «alternativa real» al actual plan de ordenación del regadíos presentado por el PP y Vox, Juanma Moreno estaría dispuesto a retirar la norma tal como está formulada, pero como no es el caso, porque ni el Gobierno central, como expresó la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ni los partidos de la oposición en Andalucía quieren negociar sobre la base de un texto que considera al margen de la legalidad, la estrategia del Gobierno andaluz a día de hoy es estirar los plazos en el Parlamento de Andalucía, donde tiene mayoría absoluta de 58 diputados y manos libres para hacer y deshacer a su antojo.
Así que el plan es patada adelante y a ver qué traducción tiene en las urnas este fenomenal ruido que ha entrado de lleno, también, en las instituciones europeas. En clave local y de cara a posibles cambios políticos tras el 28M, a día de hoy de los cinco municipios focos de conflicto ubicado en la Corona Norte del Parque de Doñana, ninguno de ellos está gobernado por el PP: Bonares (PSOE), Moguer (PSOE), Rociana del Condado (PSOE), Lucena del Puerto, donde gobierna un partido local, y Almonte, el municipio más perjudicado, donde hay una alcaldesa independiente (Ilusiona) pero el PSOE forma parte del gobierno local.
Por eso la voluntad del Ejecutivo autonómico es que esta proposición siga con su trámite de urgencia, que acordaron PP y VOX, pero sin excesiva prisa, por lo que las voces de los expertos que podrían intervenir en las comparecencias del trámite parlamentario, y que se presumen en su mayoría contrarias a esta ampliación de derechos de riego, no se escuchen hasta después de que se abran las urnas locales.
Eso sí, el Gobierno garantiza que esta proposición de ley estará aprobada en el actual período de sesiones, que culmina en julio. Y aunque de manera más o menos clara lo ha deslizado en algunas intervenciones, la novedad hoy es que Moreno ha reconocido que se abre a ralentizar, pausar, congelar o suspender por un tiempo la norma. Ganar tiempo y desinflamar la polémica que sigue de cerca la Comisión Europea, acusada de parcialidad por distintas voces del PP.
La caja de resonancia de Doñana se escucha de manera automática en Bruselas y ya el pasado 25 de abril, el comisario de Medio Ambiente, Virginus Sinkivicius, lanzó un durísimo comunicado tras su reunión con el consejero de Medio Ambiente andaluz, Ramón Fernández Pacheco. También, distintas instancias y portavoces comunitarios recuerdan que España debe dar cumplimiento a la sentencia del TSJUE para poner fin a las extracciones ilegales de agua y que el plan de regadíos incumple distintas directivas europeas del derecho comunitario.
Doñana, de hecho, es hoy pieza del tablero electoral. La Junta Electoral Central (JEC), el órgano que vela por la limpieza de los procesos electorales ha estimado un recurso presentado por el PSOE de Andalucía contra la pieza emitida por Canal Sur Televisión, televisión pública andaluza, bajo el epígrafe de Fake News sobre el proyecto de regadíos en el entorno del parque. La JEC ha entendido que las piezas denunciadas por el PSOE contenían sesgos a favor de la tesis del Ejecutivo de Moreno.
No en vano, el debate de los regadíos de Doñana interesa a un sector movilizado, el agro, que lleva concatenando crisis, una tras otra desde hace años, en el que la falta de agua -una sequía que parece cronificarse- está dando la última puntilla. De hecho, la sesión de control al presidente este jueves ha estado protagonizada por completo (salvo en el caso del portavoz de Adelante Andalucía) por el asunto Doñana.
Manuel Gavira, de Vox, le ha reclamado que «no se arrugue», que «no sea cómplice de la asfixia burocrática verde» y que siga adelante con esta propuesta tal como está formulada. Mientras los partidos de izquierdas le han pedido a Moreno que retire esta propuesta en la que, como muestra de su posición en contra, ni siquiera van a participar en el trámite de enmiendas. «No haga más el ridículo», le ha espetado Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía (IU, Podemos, Más País), mientras Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, ha alertado del «daño irreparable» que esta polémica está generando al campo onubense y andaluz y a su imagen y prestigio internacional.
Al respecto, hay dos versiones contrapuestas sobre a quién erosiona más este debate: según San Telmo, sede del Gobierno andaluz, el PSOE se ha dado cuenta de que azuzar este asunto es ir en contra de los intereses de los agricultores y el mundo del campo en general, un sector molesto, a su juicio, con el Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de respuesta para la sequía y la falta de materialización de las obras hidráulicas pendientes, la mala negociación de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) y por el ruido generado con asuntos como la caza o la ley de bienestar animal, que han calentado la legislatura.
Según el PP, serían los populares los que más terreno electoral estarían ganando en este asunto, en el que el PSOE debe gestionar la incoherencia de haberse abstenido a la tramitación de un texto similar hace un año y en esta legislatura vertarlo de plano por orden de Pedro Sánchez. «¿A qué señor Espadas creemos, al que abría la puerta a una solución para los agricultores hace 6 meses o al de ahora?», ha replicado Moreno, acusando al líder del PSOE de «seguidismo» a Pedro Sánchez.
De hecho, Sánchez ha sido protagonista también de la sesión: «Mientras insultan a los regantes, se bañan en la piscina de un palacio en Doñana», ha llegado a decir el portavoz del partido de ultraderecha, en relación al Palacio de las Marismillas, residencia estival de los presidentes del Gobierno de España.
Frente a esta tesis, está la versión que dan en el PSOE, que argumenta que el Gobierno andaluz se ha metido en «un callejón sin salida» del que «pretende» que le saque la oposición a partir de las aportaciones que se haga en el trámite parlamentario por la vía de enmiendas o que haga la sociedad civil a través de los comparecientes que han propuesto cada uno de los grupos.
En corrillos socialistas, se califica a Moreno de «terrorista medioambiental». A día de hoy, a 24 días para que se abran las urnas, el PSOE dice que no tiene encuestas reales sobre el desgaste de sus opciones electorales en los pueblos de Huelva y en los agromunicipios por esta polémica aunque sí reconoce que hay «mucha crispación» y «agricultores que no se hablan unos con otros en el mismo pueblo». Por ejemplo, Almonte, está en contra de esta ley mientras que el alcalde de Moguer, del PSOE, es uno de los que ha pedido que cese el ruido y conozcan la realidad de la zona, en la que caben los grises. «Hay malestar en el campo, claro, porque se está poniendo el foco en los regantes en un momento de sequía como éste», reconocen en la dirección del PSOE regional.
Después de las locales y antes de la presidencia europea de Sánchez
Con el calendario parlamentario en la mano de esta iniciativa, que presentaron el pasado 3 de marzo el Partido Popular y Vox en la cámara, la proposición de ley no continuará su curso hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo aunque, según el entorno del presidente, se aprobará en el actual período de sesiones, esto es, en el mes de julio, cuando toma posesión como presidente interino de la UE Pedro Sánchez. Doñana es un tema del debate europeo y la política verde y la respuesta europea al cambio climático serán uno de los temas nucleares de los debates de la presidencia española.
El 3 de marzo se registró la proposición, el 12 de abril fue el debate de la toma en consideración, que se aprobó sin esfuerzo en medio de un debate bronco, y el pasado 2 de mayo culminó el plazo para la presentación, por parte de los distintos grupos, de los expertos propuestos para comparecer en la tramitación de la ley y, a partir de aquí, el tiempo correrá según lo marque la Mesa de la Comisión de Fomento, que preside la diputada Ana Chocano, del PP de Sevilla.
En condiciones normales, sería en dos o tres semanas cuando la mesa calificaría la propuesta de intervenciones de los distintos grupos pero será la presidenta de la Mesa la que urja o no llevar este asunto en el orden de la Comisión que preside.
Según fuentes del Ejecutivo autonómico, durante el mes de mayo, el próximo paso será consensuar la lista de comparecientes, y elaborar un calendario para que en junio comiencen las comparecencias y que en julio la proposición de ley de regadíos pueda ser aprobada en el pleno.
En esa lista de comparecientes presentadas por los grupos figuran, todas las sensibilidades y afectados por este asunto, desde Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana a los distintos alcaldes de la zona, representantes de comunidades de regantes y cooperativas agroalimentarias de una provincia que vive, casi de lleno, de la fresa y el cultivo de frutos rojos. En su lista de comparecientes, Vox ha pedido citar también a Pedro Sánchez, al que se da por hecho que no participará en esta ronda de comparecencias cuando quiera que toque aunque, mientras, rentabilice políticamente una polémica compleja que seguirá activa un tiempo.
