La Fiscalía ordena el ingreso inmediato en prisión de Griñán
La Fiscalía de Anticorrupción ha pedido el ingreso a prisión de Griñan y de los excargos andaluces socialistas por los ERE
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en una foto de archivo. EFE/Raúl Caro
La Fiscalía de Anticorrupción ha pedido el ingreso inmediato a prisión al expresidente andaluz José Antonio Griñán y a ocho de los altos excargos andaluces socialistas por el caso de corrupción de los ERE. El Tribunal Supremo le condena a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en el caso de las subvenciones autonómicas.
De esta manera, la Fiscalía ha respondido en contra a petición de la Audiencia de Sevilla sobre la suspensión de la pena de prisión para el expresidente andaluz y los altos excargos socialistas imputados.
La decisión de la Fiscalía se ha conocido mientras se estaban tramitando los indultos parciales que todos habían solicitado el Ministerio de Justicia. La familia de Griñán registró la petición de indulto a principios de septiembre en el Ministerio de Justicia por razones de «humanidad y equidad» al considerar que era una condena desproporcionada.
Así las cosas, si el Tribunal atiende la petición de Anticorrupción ingresarían en prisión, además de Griñán, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández (7 años, 11 meses y un día) y José Antonio Viera (7 años y un día); el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo (7 años y un día); el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá (7 años y un día); la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo (6 años y dos días); el ex director general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar (6 años, 6 meses y un día); el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez (3 años), y el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez.
«Tenía conocimiento de la ilegalidad»
El Alto Tribunal consideró que Griñán tenía «conocimiento de la ilegalidad» del criterio que se siguió con los ERE y ha destacado su «pasividad» ante el «despilfarro y la arbitrariedad» con la que se concedieron las ayudas.
Al margen de las respuestas a Chaves y Griñán, el Supremo ha desestimó totalmente tres recursos de casación y ha acordó absolver del delito continuado de prevaricación administrativa a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina. Los dos primeros fueron condenados a 9 años de inhabilitación especial, mientras que ella recibió la misma pena en la cuantía de 8 años, 6 meses y 1 día.
