El Gobierno Andaluz exige explicaciones por aprobar Ley de Vivienda a espaldas de las CCAA

El Gobierno Andaluz considera que tras el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo central con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para aprobar la Ley de Vivienda, es necesario la convocatoria «urgente» de la Conferencia Sectorial para que informe de una norma «cocinada a espaldas» de las comunidades autónomas.

La Junta ha recordado que las comunidades autónomas son las competentes en esta materia y cuyo contenido afectará a sus políticas y ha señalado que hay informes, como el del Consejo General del Poder Judicial, que advierten «del difícil encaje de esta ley, dado que las competencias en materia de vivienda son autonómicas«.

El Gobierno andaluz reitera que las competencias son autonómicas y, por tanto, advierte de que cuando tenga el texto completo de la ley «se supervisará para certificar que no vulnera las competencias» de las comunidades autónomas y que «se ciñe a la legislación española vigente» porque, de lo contrario, adoptará las medidas «oportunas».

La Junta ha lamentado que durante los más de cuatro años en los que se lleva hablando de esta ley, el Gobierno andaluz ha solicitado en varias ocasiones «sin éxito» al Ministerio de Transportes que informe a las comunidades, que tienen las competencias, y consensúe con ellas el texto legislativo.

Fuentes del Gobierno andaluz han censurado que la norma no ha contado con el sentir del sector de la construcción, «que ha sufrido mucho tanto en la crisis de 2008 como en pandemia».

La Junta no entiende que no haya diálogo con los directamente implicados y, por contra, el Gobierno de España «convenga acuerdos que afectan a todo el país con partidos como ERC o Bildu, que pretenden decidir las políticas de una nación en la que no creen».

Andalucía cree «en un modelo bien distinto, que tiene como eje troncal incrementar la oferta de viviendas a precio asequible para que el mercado se autorregule», según han apuntado las fuentes, que recuerdan que en cuatro años la Junta ha facilitado la construcción de 10.000 viviendas, gran parte de alquiler, de la mano de ayuntamientos y promotores públicos y privados.

Sobre el contenido de la ley, la Junta cree que la regulación de los precios de los alquileres y la declaración de zonas tensionadas que recoge la norma son medidas «intervencionistas», y asegura que además es «permisiva con la ocupación ilegal».

Según la Junta de Andalucía, la regulación del precio de los alquileres, «que ha fracasado en otros países» supone un «ataque a la propiedad privada» y plantea inseguridad jurídica.