El lobby de la fresa pide calmar el ruido por la ley de regadíos: en juego 400 millones en Alemania

O las autoridades calman el ruido en torno a la fresa o están en juego que se vean afectadas parte del negocio de exportaciones para la próxima campaña que sólo para el mercado alemán representa cada año un volumen de 400 millones de euros. Es el clamor, la petición, el ruego o la advertencia, según cada responsable político quiera interpretarlo, de los interlocutores de la patronal fresera con los que ha hablado Economía Digital.

Esta semana una delegación de diputados alemanes de distintas formaciones políticas del Bundestag viaja hasta la provincia para interesarse por el cultivo de las fresas y otros frutos rojos en el entorno de Doñana, donde aseguran, según el comunicado del Parlamento alemán, que se está produciendo una «extracción ilegal de agua». Esta delegación se reunirá con representantes de Junta y Gobierno. Concretamente, este lunes está previsto un encuentro con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, como autoridad medioambiental del Gobierno

Esta visita se produce una semana después de la puesta en marcha de la campaña de la plataforma alemana Campact para frenar el consumo de las «fresas baratas que secan Doñana», el lema con el que ha concitado el respaldo de más de 160 mil firmas y por el que se han cruzado mensajes en Twitter el presidente del Gobierno de España y el de la Junta.

Según las cifras de la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Huelva (Freshuelva), el sector de los frutos rojos onubense exporta a Alemania un 33% de las ventas, alrededor de 399 millones de euros al año, el país que más compra; seguido de Reino Unido, un 25,7%, y de Países Bajos, el 11%. Esta misma patronal calcula que el cultivo de la fresa y los frutos rojos representa el 11,35% del PIB de la provincia de Huelva y da trabajo de manera directa a 100.000 personas y asciende a 160.000 con empleos indirectos.

El cultivo de la fresa en Huelva comienza habitualmente cada temporada en octubre, de modo que las primeras frutas se empiezan a recoger en diciembre o enero. Desde esa fecha, miles y miles, millones de cajas, se recolectan en las explotaciones repartidas por toda la provincia cada día, semana a semana, con destino al mercado minorista de España y también para el mercado internacional.

A estas alturas del año, cinco meses después de las primeras recolecciones, la fresa que se ofrece en los lineales de países centroeuropeos como Alemania o Francia ya apenas procede de Huelva sino que corresponde a las explotaciones agrícolas de productores locales que venden su fresa más cara que la onubense. «Es una fresa tardía, de proximidad, de peor calidad pero con sello alemán», opina Manuel Piedra, representante de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Huelva.

La tesis de UPA es que la campaña que ha emprendido la plataforma alemana Campact para frenar el consumo de las «fresas baratas que secan Doñana», el lema con el que ha concitado el respaldo de más de 160 mil firmas y por el que se han cruzado mensajes en Twitter el presidente del Gobierno de España y el de la Junta, responde a un «interés de los agricultores alemanes de colocar ahora sus fresas más caras en el mercado esta temporada».

Alemania impulsa un boicot a la fresa de Huelva por la ley de regadíos de Doñana

Pero que ahora no haya fresas de Huelva en el mercado exterior y, por lo tanto, el negocio exportador no se haya visto afectado esta temporada por la bronca sobre la ley de regadíos no quiere decir que, de seguir esta dinámica, la próxima cosecha no se pueda ver lastrada por una campaña reputacional en contra de la fresa de Huelva de eco internacional. No es la primera vez que este producto sufre boicot en los mercados extranjeros pero conviene que el diapasón de la polémica se baje y se reconduzca la situación, opinan los portavoces del lobby fresero consultados por este medio.

«La Junta debería definir las hectáreas para alejar fantasmas»

UPA pide responsabilidad a todos los actores políticos implicados en esta polémica.

Sobre la Junta de Andalucía critica que «va tarde y mal para definir de una vez por todas el número de hectáreas afectadas por la Proposición de Ley de ordenación del territorio en la Corona Norte de Doñana«. Con este dato claro, según UPA, «se alejarían muchos fantasmas creados malintencionadamente que anuncian el apocalipsis de Doñana si se restituyen los derechos históricos de pequeños agricultores que injustamente quedaron fuera en 2014 y que, si tuviesen derecho a agua, esta siempre será superficial».

A la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el presidente del Gobierno, UPA le advierte que «hacen un flaco favor al sector dando por buena la información de esta organización alemana», y, en este sentido, dirigen su mirada a Luis Planas, ministro de Agricultura, mudo en este asunto. Desde UPA Lamentan «la falta de iniciativa para salir a la palestra defendiendo al sector de los frutos rojos y solicitando unidad de acción para evitar el ataque masivo que ha estado sufriendo durante toda la campaña«.

En este sentido, Interfresa recuerda que «las fincas más cercanas a Doñana están a 35 km del espacio natural y la gran mayoría de las empresas del sector de los berries cultivan a 100 km o más de la Corona Norte. Es importante entender, además, que en ese entorno alejado de Doñana no sólo se cultivan frutos rojos, sino que la agricultura es fuente de riqueza para la región», caso de las fincas repartidas en Palos de la Frontera o Lepe.

De no frenarse la dinámica, la de las generales del 23J será la tercera campaña consecutiva en la que Doñana y la ley de regadíos formará parte del barro político, después de las autonómicas del 19, por cuyo adelanto electoral decayó la tramitación de la norma en la pasada legislatura, y la del 28M, en la que el asunto se ha planteado en una tramposa elección entre economía frente a medio ambiente. «Pedimos unidad de acción para proteger un bien común para la provincia de Huelva y sacar al sector de los frutos rojos de una guerra electoral que lo sitúa como un daño colateral de un conflicto entre partidos políticos».

Es el mismo mensaje que ha lanzado Interfresa: «Apelamos a la responsabilidad de las autoridades y administraciones públicas para que actúen con prudencia y en aras del interés general. Exigimos que cualquier comentario tome como base la información rigurosa y el conocimiento técnico», han expuesto en un comunicado que añade que el sector en Huelva de las berries (fresas y otros frutos rojos como arándanos o frambuesas) constituyen el 98% de la producción de este cultivo en España y el 30% de la Unión Europea.

No son sólo los productores los que piden calma, a estas alturas, también lo hace la comunidad científica. Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana y crítico con este proyecto legislativo, advertía en una reciente entrevista que «es incomprensible que los responsables políticos no se den cuenta del daño que hacen a la agricultura de Huelva, a la agricultura del entorno de Doñana, a la agricultura española con esta actitud».

Delibes de Castro es el último nombre que el Partido Popular ha incorporado a la lista de comparecientes que participarán el próximo 13 de junio en la ronda de expertos que aportarán su visión sobre la ley de regadíos de Doñana que ha impulsado el Partido Popular y Vox (en la legislatura pasada también Ciudadanos, cuando existía como partido), con la oposición del resto de formaciones del Parlamento de Andalucía -PSOE, Por Andalucía y el grupo mixto Adelante Andalucía- así como la comunidad científica en su conjunto, la Comisión Europea, la Unesco y el Gobierno de España.

Su nombre fue vetado en un primer momento pero este pasado viernes, y desatada la polémica de nuevo, el PP ha visto oportuno rectificar e incluir al biólogo y máximo experto en el Parque Nacional entre las voces con las que los distintos grupos políticos deben conformar su postura. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, por contra, sigue sin estar convocado al Parlamento.

Esta proposición de ley busca regularizar los regadíos ilegales existentes en los cinco pueblos de la corona norte de Doñana, que afectan a unas 600 hectáreas que extraen agua para sus cultivos de la reserva subterránea del acuífero 27, el que nutre los precarios humedales del Parque Nacional, y que están repartidas en cinco pueblos -Almonte, Moguer, Bonares, Rociana del Condado y Lucena del Puerto.

La norma, cuya tramitación parlamentaria sigue su curso una vez retomado el asunto tras las elecciones del 28M, vendría por parte de la Junta de Andalucía a conceder derechos de riego a aquellas explotaciones que se quedaron fuera de la ordenación de 2014, la última que se hizo sobre el terreno. El agua no la concede la Junta, sino la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en virtud de un trasvase que no se puede ejecutar por dos razones: la primera, porque las obras de canalización, prometidas por el Gobierno de España no están hechas; la segunda es más evidente aún, no agua para hacer trasvase alguno, estamos en un ciclo de sequía que se cronifica.