El PP impulsará la regularización de los regadíos de Doñana pese a que Bruselas urge a su protección

El PP andaluz impulsará en el próximo curso parlamentario la regularización de los regadíos del entorno de Doñana y ello pese a la sentencia de hace un año del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre el deterioro del Parque de Doñana. Este viernes la Comisión Europea ha exigido a España a que dé cumplimiento de manera inmediata. Asimismo, el deterioro de la mayor reserva medioambiental del sur de Europa está siendo estudiada en el marco de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y en concreto la sobreexplotación del acuífero a consecuencia de los más de 2.500 pozos de extracción de agua, de los cuales, según los registros, unos 850 serían ilegales y están haciendo bajar de forma alarmante los niveles de las aguas subterráneas.

El diputado sevillano Toni Martín, flamante portavoz parlamentario del Grupo Popular Parlamentario, a preguntas de la prensa, ha confirmado que la regularización del uso del acuífero por parte de las explotaciones agrícolas del entorno de la reserva medioambiental entrará dentro del paquete de proyectos con el que los populares trabajarán el próximo curso, proyectos que en su conjunto ha calificado como «tsunami legislativo». Se da la circunstancia que el propio Moreno ha calificado esta nueva etapa parlamentaria como «la legislatura del agua» y, durante la campaña, prometió cambios cambios hídricos «como ninguna otra región de Europa» para hacer frente a la escasez del agua.

Todavía en su condición de vicesecretario de organización bdel PP-A subrayó esta misma idea y señaló que el nuevo Ejecutivo, que tomará posesión el próximo lunes 25 de julio, emprenderá una «revolución hídrica» para luchar contra el cambio climático al tiempo que reclamó la colaboración al PSOE andaluz en esta tarea. Bajo el epígrafe de «la revolución del agua» habría que entender la legalización de los pozos ilegales, ubicados principalmente en las explotaciones agrícolas de frutos rojos de los municipios de Moguer, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado, en la provincia de Huelva, esenciales para la economía de la provincia.

Por otro lado, además de este proyecto legislativo, entre el «tsunami» de normas que trabajarán los populares se encontrarían la nueva ley de Presupuestos,la de Salud Pública, la de Atención Temprana y la de Función Pública, así como los reglamentos para la LISTA y para la Oficina contra el Fraude y para la Transparencia.

Esta «avalancha legislativa», ha asegurado Martín, se acometerá «desde la plena disposición al diálogo, también con los que no opinan igual que nosotros», voluntad de diálogo que estaría presente, a su juicio, en un asunto de la polémica y contestación por parte de las organizaciones ecologistas como éste de la amplicación de regadíos del entorno de Doñana.

Este proyecto fue uno de los que se quedó en el cajón una vez que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, firmó el decreto para la disolución de la cámara y la convocatoria de elecciones, que se celebraron el pasado 19J. No sin polémica, los dos partidos del Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos llevaron a la cámara autonómica a primeros de 2022 una proposición de ley para legalización de estos pozos ilegales que salió adelante gracias a los votos de Vox y la sorpresiva abstención del PSOE andaluz.

Durante la campaña, el presidente Juanma Moreno anunció que éste será un proyecto de ley que no será olvidado, se tramitará ante el Parlamento como proposición de ley, pero con la actual mayoría absoluta el voto del PSOE no es decisivo. Sin embargo, y habida cuenta de la polvareda que se levanta cada vez que se toca este asunto, se prefiere optar ahora por la cautela y alargar los plazos. En este sentido, según trasladó Martín a los medios, la fórmula con la que pueda echar a andar este proyecto «no está definida ni estudiada todavía». La opción de tramitarlo como un proyecto de ley alargaría los plazos y conllevaría un trabajo más participativo -petición de informes, comisiones de expertos, etcétera- que escenificarían una apuesta por el diálogo y el consenso en un asunto de máxima complejidad, por cuanto tiene que hacer casar los intereses de los empresarios agrícolas de la zona, mantenedores de un porcentaje alto de la economía de la provincia, con la protección medioambiental que exigen todos, sin excepción, organismos nacionales e internacionales.

Reproche de la Comisión Europea: «España no garantiza la protección de los humedales»

Sin embargo, al margen de las lectura económicas y sociales que se puedan hacer sobre el territorio, la Comisión Europea reprocha a España la pasividad respecto a la protección del Parque Nacional de Doñana. En este sentido, la Comisión pide a España que ejecute rápida y eficazmente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021 relativa a los humedales de Doñana. En su sentencia, el Tribunal confirmó que España no había garantizado una gestión sostenible de las masas de agua subterránea que alimentan los humedales de Doñana, tal como exige la Directiva marco sobre el agua. Además, España no adoptó las medidas adecuadas con arreglo a la Directiva sobre los hábitats para detener el deterioro posterior de los hábitats naturales protegidos por las autoridades españolas en torno al parque nacional de Doñana y dentro de él.

La decisión del Tribunal va en la línea, según un comunicado de la Comisión Europea, con el firme compromiso de Bruselas de conservar el valor natural excepcional de Doñana para las futuras generaciones. Tanto el Pacto Verde Europeo como la Estrategia sobre la biodiversidad de aquí a 2030 indican que es fundamental que la Unión ponga fin a la pérdida de biodiversidad y que la proteja y la restablezca. A la luz de la información científica disponible sobre estas cuestiones, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las medidas que España ha aplicado hasta la fecha son insuficientes para poner fin a la infracción declarada por el Tribunal.

A partir de la carta enviada por la Comisión Europea, España dispone ahora de dos meses para presentar sus observaciones sobre las cuestiones señaladas por la institución comunitaria. Tras examinar esas observaciones, la Comisión se reserva el derecho de remitir el asunto de nuevo al Tribunal y solicitar que se impongan a España sanciones financieras.

El Ministerio de Teresa Ribera, radicalmente en contra

En los últimos meses, ha habido múltiples pronunciamientos al respecto de este asunto por parte de las distintas administraciones y organismos encargados de velar por la protección de Doñana. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el organismo responsable de la gestión del agua en la cuenca del río, ya ha avisado que no autorizará ni una gota de agua porque no hay, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, envió al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, una carta para que “desista” de una iniciativa “perjudicial” a un parque declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. En concreto, el peticionario expone en su denuncia, consultada por Economía Digital, que el Parque Nacional de “Doñana está amenazado por los más de 2.500 pozos de extracción de agua (de los cuales 850 son ilegales) que están haciendo bajar de forma alarmante los niveles de las aguas subterráneas”.

Viraje del PSOE andaluz sobre los pozos ilegalesz

En los meses previos a las elecciones, el PSOE de Juan Espadas se ha mostrado muy vacilante para sostener el argumento a favor de estos regadíos, habida cuenta de la contrariedad con la que esta postura se recibió en el seno del Ministerio de Transición Ecológica. De hecho, Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, calificó en su día esta propuesta de “engaño a los regantes” y garantizó que el Gobierno de España defenderá en todos los foros internacionales el actual plan de regadíos como salvaguarda del parque nacional y de la actividad económica y social de la demarcación. El secretario de Estado explicó entonces que el objetivo del Ministerio es garantizar el conjunto de actividades y usos del agua, desde los ambientales hasta los urbanos, pasando por los económicos, agrarios e industriales. “Y eso no puede quebrarse generando expectativas de puesta a disposición de más agua, porque ni la hay, ni la va a haber”.

Tras la debacle del 19J, el PSOE andaluz ha reconsiderado su postura respecto a este asunto. El pasado 29 de junio, en una comparecencia ante los medios, el secretario general de los socialistas andaluces trasladó su pleno rechazo a la propuesta de legalización de los pozos, al menos si está planteada en los mismos términos que como llegó al Parlamento en la pasada legislatura; Si vienen con lo mismo que trajo al Parlamento, tendrá el no absoluto». Según esto, en este legislatura el grupo socialista se opondrá, ahora, a la ampliación de zonas autorizadas para riego situadas junto a Doñana.