El Gobierno andaluz anuncia nuevas bajadas de impuestos pero asume que «queda poco margen»
La consejera de Hacienda defiende que la pérdida de los 95 millones del Impuesto de Patrimonio se compensa con la llegada de grandes fortunas
La bajada de impuestos que ha aprobado este martes el Gobierno de Andalucía que preside el popular Juan Manuel Moreno Bonilla es la sexta que aplica desde que llegó al Palacio de San Telmo pero no será la última, aunque, a tenor de las palabras de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, «el margen de maniobra para seguir rebajando impuestos es cada vez más estrecho». Una nueva bajada de impuestos pasaría fundamentalmente por una nueva rebaja del IRPF, tributo al que contribuyen todos los ciudadanos de manera progresiva en función de sus rentas.
Así lo explicó la consejera en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno que ha aprobado un nuevo decreto ley de medidas fiscales concretadas en la deflactación del tramo autonómico del IRPF, a la supresión del canon del agua y la eliminación del Impuesto de Patrimonio. Esta última medida ha sido una de las más discutidas y criticadas por la oposición al considerar que la supresión este tributo que aportaba a las arcas autonómicas 95 millones de euros, el 0,6% de toda la recaudación, según los datos facilitados por la consejera, era una medida que beneficia a las rentas más altas.
Horas antes de que su consejo de Gobierno haya aprobado la medida, Moreno puso cara a los potenciales destinatarios a los que va dirigida la rebaja fiscal que anunció el lunes en Madrid en un foro organizado por Grupo Joly: los empresario de Cataluña, fundamentalmente, y aquellos grandes capitales que hayan migrado a Portugal y Marruecos. “Les digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de Sucesiones y Donaciones, aquí no. En Cataluña hay impuesto de Patrimonio, aquí no”, lanzó al auditorio que, a renglón seguido, aplaudió además el reproche del dirigente andaluz a la veleidades secesionistas: “Y además aquí no nos vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España”.
Madrid y Andalucía, las comunidades con menos impuestos
Tras esta nueva bajada de impuestos, Andalucía se convierte en la segunda comunidad autonóma de régimen común con menor carga fiscal, sólo por detrás de Madrid, comunidad a la que la consejera ha evitado señalar como competencia directa, a pesar de que el anuncio de esta medida la hizo este lunes el propio presidente del Gobierno en Madrid, en el marco de una conferencia en la que fue presentado por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y en la que no estuvo presenta la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que saludó el anuncio de su compañero de filas con un mensaje en Twitter: «Andaluces, bienvenidos al paraíso», que ha sido objeto de distintas interpretaciones. Antes de la llegada de los populares al Gobierno, Andalucía ocupaba el puesto 10 de las regiones con más presión fiscal.
La tesis en Andalucía: a menos impuestos, mayor atractivo para los contribuyentes
En este sentido, la tesis principal para poner en marcha esta nueva rebaja fiscal es la que lleva defendiendo el equipo económico de Moreno, antes Juan Bravo y ahora Carolina España, desde su llegada al Gobierno andaluz, en enero de 2019: a menos impuestos, más contribuyentes que llegan por la ventajosa situación fiscal en la comunidad.
Una tesis criticada por el ministro de Inclusión Social, Seguridad Social e Inmigración, José Luis Escrivá, quien se ha mostrado a favor de centralizar impuestos para evitar la competencia fiscal entre comunidad, especialmente en un tiempo en el que a su juicio las administraciones tendrían que trabajar en «políticas redistributivas ante la situación económica que nos encontramos». Opinión tildada de «personal» por la ministra y portavoz, Isabel Rodríguez, apenas una horas después de que quien fuera presidente de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) calificara en público la nueva medida de Moreno.
Es en política fiscal donde radica, no en vano, la diferencia entre las distintas sensibilidades políticas. De hecho, hay un dato que facilita el Gobierno sobre el que pivota su tesis: se han marchado de Andalucía 10 de los 20 dueños de las mayores fortunas. «Tenemos que evitar la huida de los grandes capitales». Con todo, a la consejera le fue imposible concretar si esta huida se debía a la presión fiscal andaluza, a una mudanza fiscal motivada por otras razones, a la quiebra de la actividad económica producto de la pandemia o a fallecimientos.
En concreto, el Gobierno defiende que la eliminación en la práctica del Impuesto de Patrimonio (al ser un tributo cedido por el Estado sólo el Gobierno tiene potestad para suprimirlo) es que Andalucía se convierta en residencia fiscal de nuevos contribuyentes. Muchos de ellos ya viven en Andalucía, pero no tienen aquí su residencia fiscal. Si la tuvieran, estarían obligados a tributar por el conjunto de sus bienes en todo el mundo. Se trata de un impuesto que no existe en la mayoría de países del entorno europeo, y que en España sólo ha eliminado Madrid.
La seguridad jurídica, la certidumbre y la estabilidad en el Gobierno, sumado al atractivo fiscal, sirven de estimulos para la llegada de nuevos inversores. Según las cifras facilitadas por el Ejecutivo autonómico, de 2018 a 2020, aumentó en 14% el número de contribuyentes del tramo más alto, de 60mil a 120mil euros anuales.
Asimismo, en ese mismo período, llegaron 617 contribuyentes de grandes fortunas que abonaron el Impuestos de Patrimonio que ahora se suprime. La eliminación de este impuesto, insiste la Administración, promoverá la llegada de grandes fortunas y, aunque no puede afirmarse de manera directa, la implantación de su actividad económica en la comunidad.
¿360 millones de ahorro fiscal o de quebranto para las arcas públicas?
En términos generales, sumando estas tres medidas, el Gobierno andaluz cifra en 360 millones de euros el ahorro fiscal para los andaluces. Aunque la oposición lee que no es un ahorro sino un quebranto para las arcas públicas de 360 millones de euros.
En detalle, el Gobierno andaluz calcula que la suspensión del canon del agua -que entrará en vigor el 1 de enero de 2023-va a suponer el próximo año un ahorro global estimado de 140 millones de euros para las familias y las empresas. Esta medida, según aclaró la consejera, no va a afectar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha e incluso se podrán licitar nuevas actuaciones, gracias al remanente de recaudación de 551 millones
generado durante las legislaturas anteriores a la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en las que los ejecutivos socialistas, remarcó, «no invirtieron las cantidades recaudadas por este concepto».
Por otra parte, con respecto al IRPF, el Gobierno andaluz ha acordado dos medidas: la deflactación de los primeros tramos de la tarifa autonómica y el aumento a un 4,3% de los mínimos personales y familiares exentos de tributación. Esta medida beneficiará a todos los contribuyentes pero «de manera especial a los que tienen rentas medias y bajas» dado que en Andalucía el 82% de los contribuyentes tributa dentro de los tres primeros tramos del IRPF, que son
los que se van a deflactar.
El objetivo del Gobierno con esta medida es que un hipotético incremento salarial, que en ningún caso podrá compensar la fuerte subida de la inflación, implique una mayor tributación por un hipotético salto de tramo. Y, por otra, mantener fuera de la tributación la parte de la renta destinada a cubrir las necesidades básicas que, también por la inflación, es mayor de lo que ha sido en años anteriores.
De hecho, el IRPF es el tributo donde el Gobierno andaluz ha aplicado mayores rebajas y ha servido de emblema, junto a la bonificación al 99% del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, de la política de bajada de impuestos con las que Moreno Bonilla quiere atraer al mayor número de contribuyentes y, con ellos, potenciales inversores.
De hecho, desde 2019, el Gobierno andaluz ha reducido el número de tramos del IRPF y bajado los tipos impositivos de cada uno de ellos, y ha introducido deducciones en la parte autonómica del impuesto que no existían (por nacimiento de hijos, familias numerosas, gastos educativos, residencia en zonas con problemas de despoblación, adquisición o alquiler de vivienda…), además de la deflactación contemplada en el nuevo decreto ley.