El fondo Covid acentúa la infrafinanciación de Andalucía en el reparto autonómico
Pese a los 4.400 millones de inyección extra, Andalucía sigue por debajo de la media, circunstancia que Carolina España califica de "oportunidad perdida" por parte del Gobierno
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.
2020 fue un año atípico para la financiación autonómica. Para compensar el quebranto en las haciendas públicas como consecuencia de la merma en la actividad económica provocada por el Covid, el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha la creación del fondo extraordinario Covid de 19.600 millones, de los cuales 4.400 millones llegaron en 2022 mediante la condonación de los saldos negativos de la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2020.
De esta bolsa extra para las comunidades, Andalucía se benefició de 3.460 millones de euros, en concepto de fondos Covid y la condonación de la liquidación de 2020. Sin embargo, ni siquiera esta inyección fue suficiente para corregir la infrafinanciación que Andalucía sufre con el actual modelo de reparto entre las comunidades de régimen común, que son todas a excepción de País Vasco y Navarra. La diferencia entre comunidades se mantuvo y la posición de Andalucía ha llegado a empeorar.
Con todo, el volumen total de la financiación definitiva de las comunidades autónomas de régimen común experimentó en 2020 una caída de 11.200 millones de euros, un 9% con respecto a 2019, debido a la mala evolución de los ingresos tributarios autonómicos y estatales aquejados de la paralización de la actividad económica.
Así se desprende de un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que firma Ángel de la Fuente, investigador del CSIC y uno de los mayores expertos en financiación autonómica que se ha hecho público este martes.
La lectura de este estudio, que homogeniza la financiación por habitantes, al calcularla en igualdad de competencias e igual esfuerzo fiscal, viene a sostener un afirmación recurrente en el debate político andaluz: que pese a que es la comunidad más poblada de Andalucía, con 8,5 millones de habitantes, es uno de los territorios más castigados en el reparto autonómico, resultante de sumar además de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado todos los fondos que aporta el sistema estatal, siendo el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales el más importante. El fondo extraordinario creado ex profeso por la pandemia y la condonación de la liquidación (que habría que haber devuelto al Estado) son las otras dos vías financieras que se han tenido en cuenta en este estudio.
Este mantra ha sido sostenido por los últimos consejeros de Hacienda en el Gobierno de Andalucía: fue así en tiempos de la socialista María Jesús Montero, hoy ministra del ramo en el Gobierno de España, y lo ha sido desde la llegada del PP al Palacio de San Telmo, con el consejero saliente, Juan Bravo, ahora vicesecretario de Asuntos Económicos del PP de Alberto Núñez Feijóo, como principal adalid de este debate cuyo testigo ha recogido ahora su sucesora, Carolina España, que se estrenó en estos mismos términos en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el pasado 27 de julio y tras la que solicitó una reunión específica para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica y reclamó un fondo transitorio de compensación mientras se elabora el nuevo modelo.
En declaraciones a Economía Digital, España sostiene que «el informe de un órgano independiente como es Fedea confirma una vez más la infrafinanciación que sufre Andalucía por parte del Gobierno central. Insiste en que el sistema de Financiación Autonómica es muy perjudicial para los andaluces, ya que los discrimina frente a los ciudadanos de otras comunidades autónomas. Cada año se pierden en Andalucía entre 800 y 1.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, más de 9.000 millones de euros que no se han ingresado (y, por tanto, que no han revertido en los andaluces) desde el año 2009″.
En este sentido, la consejera destaca que el informe de Fedea «corrobora la oportunidad que perdió el Gobierno central de compensar a los andaluces con los llamados Fondos Covid. Lejos de hacerlo, volvieron a suponer una discriminación para la comunidad, cuando podían haber sido partidas que ayudaran a equilibrar la infrafinanciación que sufre la comunidad desde hace más de una década«.
De hecho, según los datos de esta fundación independiente, es especialmente significativo el caso de Andalucía, comunidad que pierde 1,8 puntos con respecto al año anterior, una pérdida que se hace más notoria si se compara con el avance de la hacienda pública de Asturias (que gana 2,9 puntos) y Castilla y León y Galicia, que avanzan 1,9 y 1,8 puntos respectivamente. Si se utiliza el 100 como media, la financiación andaluza fue del 94,2. La peor situada volvió a ser la Comunidad Valenciana, con 89,5, y Murcia, con 89,4.
Esto no significa que las comunidades con ingresos más bajos por parte del Estado estuviesen infrafinanciadas en 2020, pero sí reseña que existe hay comunidades, como está Andalucía, al que el actual Sistema de Financiación Autonómica castiga de manera acentuada. Si se exceptúan los años extraordinarios del Covid, sí se constata la infrafinanciación de Valencia, Andalucía y, en menor medida, Murcia.
Extremadura, con un 108 en 2020, viene siendo una de las mejor financiadas, mientras que Madrid, con 106, y Cataluña, con 103, se mantienen sobre la media, aunque se vieron beneficiadas por un trato especial de una parte de los fondos Covid.
Asimismo, el informe de Fedea muestra, además, el volumen recaudatorio de cada comunidad. De este modo, es Madrid la que más aporta al fondo común de las autonomías, seguida muy de cerca por Cataluña y, lejos, de Baleares. Son las contribuidoras netas del sistema, aunque el mayor es el Estado. Estas tres regiones aportaron en 2020 un total de 7.800 millones de euros al sistema.
Consensuar un nuevo modelo: qué y con quién
El actual sistema de reparto fue acordado en 2009 por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el líder entonces de ERC Carod Rovira y hoy este asunto ocupa el centro del debate político en el marco de la relación de los gobiernos autonómicos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este caso, no pesa tanto el diferente signo político entre administraciones, como la disparidad de criterios entre las distintas autonomías y el Estado central a la hora de acordar criterios comunes en el reparto.
Así donde comunidades como Valencia (PSOE) y Andalucía (PP) piden un reparto que tenga en cuenta el peso población y por tanto el número de administrados a los que hay que atender en materia de Educación y Sanidad, como principales áreas de gastos, las regiones históricamente gobernadas por el PP, como Castilla y León y Galicia piden que el modelo contemple las circunstancias de su población, esto es, envejecimiento o dispersión en el territorio, particularidades que harían más gravosa la prestación de estos servicios.
Ahora bien, a nivel de estrategia política el PP de Núñez Feijóo, que ha modulado su discurso en el trayecto que va de Santiago a la calle Génova, pide que sea el Gobierno de Sánchez quien lidere el debate y siente a las comunidades a debatir una propuesta y el Ejecutivo de Sánchez -la última ha sido la ministra portavoz Isabel Rodríguez- da una patada hacia delante al problema y pide que primero sean el PP el que consensué posturas entre sus gobiernos autonómicos y se siente a acordar con el PSOE, acaso como un pacto entre los dos grandes partidos del país que todavía no han ensayado siquiera en lo que va de legislatura.
Moreno, portavoz de las comunidades castigadas
Desde su llegada al Gobierno de la Junta de Andalucía, en enero de 2019, Juan Manuel Moreno Bonilla ha reclamado a la ministra de Hacienda que aborde el debate para el cambio de modelo y, de hecho, ésta fue una de las principales exigencias formuladas por el presidente del Ejecutivo andaluz, el pasado 28 de julio, en el estreno de su segunda legislatura como presidente de Andalucía en el encuentro que mantuvo con Pedro Sánchez en Moncloa.
Mientras este debate se afronta, que en ningún caso se abordará antes del fin de la presente legislatura, Moreno ha reclamado un fondo de compensación transitorio que venga a paliar el agravio en las arcas públicas. En concreto, en su último encuentro el presidente andaluz se erigió como portavoz de las comunidades castigadas y reclamó un fondo transitorio de compensación de 1731 millones de euros, prorrogable año a año, para las cuatro comunidades autónomas más castigadas por el actual modelo de financiación: Andalucía (824), Valencia (648), Murcia (194) y Castilla La Mancha (65).
