Doñana y el voto agro agitan las elecciones en Huelva, bajo control socialista
El PP aspira a rentabilizar el ruido por su propuesta para legalizar los regadíos del entorno del parque con un vuelco en la alcaldía y la diputación mientras el PSOE encuentra en esta polémica el mejor argumento de la campaña
Juanma Moreno, en su comparecencia tras la reunión del Comité de expertos para la sequía.
Doñana ha venido a agitar la campaña de las elecciones municipales en Andalucía y también el sentido del voto del campo, un ámbito castigado por la concatenación de crisis en el que la sequía y unas temperaturas altísimas infrecuentes para estas fechas son la puntilla para un sector clave para la economía andaluza y española. El agro andaluz representa el 6% del PIB de Andalucía y cuenta con 250.000 trabajadores, lo que supone casi el 30% del sector a nivel nacional.
Según el CIS, el electorado agrícola cada vez confía más su voto a las opciones conservadoras: el 23,5% votaría al PP y el 17% a Vox. Ésa es la batalla que se está librando en este momento: qué formación política representa con más habilidad, compromiso o soluciones los intereses del campo andaluz. Al término de la reunión del comité de expertos para la sequía el pasado martes, el presidente andaluz trasladó que el PIB andaluz dejó de crecer en 2022 un punto fruto del mal año para el campo andaluz, que en términos económicos se traduce en 2.000 millones menos de riqueza.
Con la lupa puesta en Huelva, el debate ha entrado de lleno en una provincia controlada en la capital y en su Ayuntamiento por el Partido Socialista, que, en este asunto, sobre el terreno, trabaja por conciliar las posturas de sus alcaldes y las presiones del siempre potente lobby del sector fresero, del que vive la provincia. Según los datos de Extenda, en 2022, se alcanzó una cifra récord de exportaciones de frutos rojos de Andalucía, con 1.300 millones vendidos al concentrar el 86% de la factura de España, con Huelva como responsable de 9 de cada 10 euros vendidos.
Un sector que estaría hoy en contra de la postura del PSOE, tanto a nivel nacional como regional. No era así al principio: hace un año, cuando el PP presentó esta propuesta con el apoyo de Ciudadanos y Vox, cuya redacción era prácticamente la misma a la presentada el pasado de marzo, el Grupo parlamentario socialista votó abstención en el inicio de la tramitación de esta ley mientras los diputados de las izquierdas votaron en contra.
La severidad con la que esta abstención por parte de los diputados del PSOE (entonces dirigidos por Juan Espadas desde fuera del Parlamento, porque todavía no tenía acta de diputado) fue respondida por el Gobierno de España, y en concreto por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dieron un vuelco al discurso regional del PSOE. Pasados unos días, Espadas fue matizando su relato progresivamente hasta la oposición más absoluta a esta iniciativa. Aquella proposición quedó en suspenso y no se volvió a hablar más del tema. Hasta ahora.
En esta legislatura, en la que en el marco de la precampaña electoral el PP ha recuperado el tema, Espadas se ha unido al conjunto de voces -Gobierno, comunidad científica, Comisión Europea, ecologistas- que son críticas de plano con la propuesta de Moreno de solventar una problema al que, cabe recordar, se lleva mirando hacia otro lado desde hace décadas.
La proyección nacional e internacional que tiene Doñana, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco desde 1994 y un espacio desde hace décadas en el mapa de los naturalistas de todo el mundo, es una de las razones que explican que el debate sobre la propuesta para la regularización de los cultivos ilegales del condado de Huelva no sea un asunto local sino que, apagado ya para los socialistas el incendio de la ley del sólo sí es sí gracias al apoyo del PP para su reforma, se haya convertido en uno de los ejes de la campaña de las elecciones del 28M, cuyo resultado servirá para testar los liderazgos de cara a las generales de diciembre.
Si ésta era la intención que movía a Juanma Moreno cuando dio orden a su grupo parlamentario para que rescatara de la agenda legislativa este proyecto, dentro de su programa electoral, que quedó en el aire cuando convocó elecciones es algo que sólo él sabe pero lo cierto es que, a día de hoy, Doñana está condicionando el debate político a nivel nacional.
El asunto ha ocupado titulares todos los días desde hace un mes y ésta, cabe decir, es la primera gran crisis que afronta el Gobierno andaluz en la que, a priori, debiera de ser la legislatura más sencilla que encara con una mayoría absoluta sin parangón en el panorama nacional.
La crisis sanitaria también ha hecho mella en la imagen del Ejecutivo autonómico y está presente de manera intermitente en el debate público pero es un problema compartido por otras comunidades, independientemente del color de sus gobiernos. Doñana no, Doñana es un asunto que nace aquí pero se vende, rentabiliza o causa dolores de cabeza tanto dentro como fuera. A Moreno le preguntan por este asunto, pero también a Núñez Feijóo. Pedro Sánchez lo usa en campaña en Andalucía, en Castilla La Mancha, en Bruselas y donde toque acto.
Fuentes del PP andaluz reconocen en privado que no se ha calibrado bien la jugada, ni en los tiempos ni en las formas. «Hay que ayudar entre todos a bajar la pelota al suelo», recomiendan a nivel interno y en sus charlas informales con la prensa.
Este viernes desde Alcorcón, en un acto de campaña en el que acompañó a Ayuso para tratar de seducir el voto de centro derecha de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Junta de Andalucía ha declarado que está abierto a estudiar la posibilidad de modificar la Proposición de Ley aunque “no en lo sustancial de la misma”.
El PP ha puesto en bandeja lo que el PSOE de Pedro Sánchez ha entendido como un regalo para confrontar dos modelos opuestos: medio ambiente versus negacionistas del cambio climático. El PP, en sus argumentarios le da la vuelta al relato y confronta desarrollo económico de Huelva gracias a la fresa versus un Gobierno que no encara los problemas de la tierra. Los matices, ya se sabe, suelen quedar excluidos del debate en tiempos de campaña electoral.
En la práctica, la Proposición de Ley que ha presentado en la cámara autonómica el PP con el apoyo de Vox, busca legalizar como terrenos agrícolas unas 700 hectáreas de cultivos de frutos rojos situadas en el entorno del parque, en cinco municipios de la corona norte (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Rociana del Condado y Moguer) cuyos propietarios sustraen agua del sobreexplotado acuífero de 2.409 kilómetros cuadrados, el acuífero 27, que da vida a los humedales de la reserva natural y que quedaron fuera del plan de regularización de pozos ilegales realizada en 2014. A día de hoy, según estudios académicos y ecologistas, las aguas subterráneas están al límite de su uso.
La propuesta del PP es hacer un análisis pormenorizado de cada una de las hectáreas para saber si la calificación que tiene es de uso agrícola o forestal pero el simple hecho del anuncio ha generado expectativas altas entre esas explotaciones que aspiran a recalificar sus tierras de uso forestal a uso agrícola.
Los dueños de esas tierras regadas con pozos ilegales creen que, a futuro, tendrán derecho al agua del trasvase del Tinto, Odiel y Piedra, cuya canalización depende del Gobierno de España y que está sin ejecutar. De iniciarse la obra ahora no estaría concluida hasta dentro de unos cuatro o cinco años, como mínimo. Si no hay agua y la opción última es la de comprar terrenos para salvaguardar el ecosistema de Doñana, unos terrenos agrícolas tienen mucho más valor económico que unas de regadío, claro.
Pero el contexto, a abril de 2023 es que el trasvase no está hecho y tardará, la lluvia no llega, el acuífero de Doñana se seca y unos y otros se echan la pelota encima.
Por otro lado, está la lectura económica: hoy Huelva aporta el 9% de la producción mundial de fresa y el 25% de la de Unión Europea de 25 miembros, y se sitúa como segundo polo de producción, tecnología e investigación del mundo en este sector detrás de California. Este desarrollo del cultivo de la fresa ha ocasionado el despegue de una provincia muy deprimida económicamente y ha mantenido a flote a una gran cantidad de pequeños agricultores, que a su vez tiran de mucha mano de obra, algo que viene siendo extraño en la agricultura actual, más tendente a la mecanización de la recogida. La fresa, fruta delicada, hay que recogerla a mano: este cultivo genera unos 3,5 millones de jornales al año, según Infoagro.com
«El negacionismo y la soberbia no van a salvar Doñana. Lo que la salvará es hacer caso a las advertencias de la ciencia”, afirmaba Pedro Sánchez el jueves sobre la postura del PP, antes de visitar el parque nacional de Doñana, en una comparecencia sin preguntas que realizó el mismo día en que Alberto Núñez Feijóo hacía campaña en la capital onubense, en un acto en el que arropó a Pilar Miranda, la candidata popular que busca arrebatar la alcaldía de Huelva al socialista Gabriel Cruz, y prometió que cuando sea presidente del Gobierno de España ejecutará todas las obras comprometidas en materia de agua y que hoy, a su juicio, olvida el PSOE.
Nunca antes en la historia reciente los líderes de los dos grandes partidos que se han turnado en el palacio de la Moncloa han coincidido en Huelva, un territorio con frecuencia ignorado en los titulares nacionales, con debes históricos en materia de infraestructuras y que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), es la segunda provincia andaluza con mayor tasa de paro (21,7%), por detrás de Cádiz.
La Diputación de Huelva, socialista desde 1979
Junto con la de Jaén y Sevilla, Huelva es la diputación que ha gobernado el PSOE desde las primeras elecciones municipales de la democracia, en abril de 1979. De todas los organismos provinciales de Andalucía, la de Huelva es la que tiene el presupuesto más corto, pero aún así gestiona, según las cuentas de este 2023, 207,4 millones de euros.
Presidida por María Eugenia Limón, que ganó en primarias ser la secretaria general del PSOE onubense, el organismo supramunicipal atiende a 80 municipios, cinco de ellos, enclavados en la Corona norte del parque en donde se extienden estas 700 hectáreas foco del conflicto. Se trata de Bonares (PSOE), Moguer (PSOE), Rociana del Condado (PSOE), Lucena del Puerto, donde gobierna un partido local, y Almonte, el municipio más perjudicado, donde hay una alcaldesa independiente (Ilusiona) pero el PSOE forma parte del gobierno local.
En ninguno de ellos gobierna el Partido Popular. No hay encuestas públicas concluyentes, pero la guerra por el agua (que no hay) lo empapa todo.
En una entrevista a Onda Cero, Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer, ha criticado esta semana que «sin conocer históricamente ni de forma palpable el territorio, todo el mundo opina, todo el mundo manda y todo el mundo quiere». «Doñana no puede ser el arma arrojadiza entre unos y otros», dijo. Por ahora, su recomendación, ha caído en saco roto.
