Doñana reaparece a dos meses de las elecciones con la regularización de los regadíos
El PP, con el apoyo de Vox, registra en la cámara autonómica una proposición de ley para legalizar 1600 hectáreas de cultivos y busca acercar posturas con el PSOE, dividido en una operación que critica la Unión Europea
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la suelta en el Parque Nacional de Doñana de Dama, una hembra lince procedente del programa de cría en cautividad.
A poco más de dos meses de las elecciones municipales, el Partido Popular vuelve a llevar al Parlamento de Andalucía la polémica regularización de los regadíos ilegales de los cultivos de frutos rojos en los términos municipales de cinco poblaciones de la corona norte del Condado de Huelva.
Este anuncio, que ha adelantado Toni Martín, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha coincidido en el tiempo este jueves con la visita a Parque Nacional de Doñana de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, quien cumplía con una de las fotos de rigor del cargo, esto es, asistir a una suelta de un ejemplar de lince ibérico en Doñana.
El Parque Nacional «es una joya y emblema del firme compromiso del Gobierno andaluz con el medioambiente y la sostenibilidad«, ha defendido Moreno. En términos conservacionistas, es incompatible la voluntad de protección de la reserva biológica con la legalización de las extracciones de agua que desde hace décadas vienen practicando sin control las explotaciones agrícolas de frutos rojos.
En la práctica, la Proposición de Ley que lleva este viernes a la cámara el partido del gobierno, el PP, busca legalizar unas 1.605 hectáreas de cultivos de frutos rojos situadas en el entorno del parque, cuyos propietarios sustraen agua del enorme y sobreexplotado acuífero de 2.409 kilómetros cuadrados que da vida a la reserva natural. A día de hoy, según estudios académicos y ecologistas, las aguas subterráneas están al límite de su uso.
Asimismo, distintas instituciones europeas han rechazado de plano esta operación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el organismo responsable de la gestión del agua en la cuenca del río, ya ha avisado que no autorizará ni una gota de agua más y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya pidió, en la primavera de 2022, a Moreno Bonilla que “desista” de una iniciativa “perjudicial” para Doñana, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994. Frente a esta postura proteccionista, están los argumentos de los alcaldes y agricultores de la zona, que argumentan la necesidad de esas aguas subterráneas para el sostenimiento de sus cultivos, esenciales en la economía de la zona.
Pese a las voces contrarias en el ámbito nacional e internacional, el PP ha vuelto a recuperar este asunto en este periodo de sesiones a apenas 80 días de las elecciones municipales. Hay cinco municipios afectados por esta ordenación de regadíos, que están en la corona norte forestal de Doñana y forman parte de la comarca del Condado de Huelva, en ninguno de ellos gobierna el Partido Popular, formación que también está fuera del gobierno de la Diputación.
Almonte es el municipio más perjudicado y tiene una alcaldesa independiente (Ilusiona) pero el PSOE forma parte del gobierno. En Bonares, gobierna con mayoría absoluta el PSOE; en Lucena del Puerto gobierna el partido Independiente por Lucena; en Moguer gobierna actualmente el PSOE y, por último, en Rociana del Condado gobierna el PSOE con mayoría absoluta. A día de hoy, la Diputación de Huelva está en manos del PSOE.
En esta iniciativa parlamentaria el PP cuenta con el apoyo de Vox, según adelantó este jueves Manuel Gavira, portavoz de la formación de ultraderecha. Está previsto que este viernes Vox registre la misma proposición de ley que el PP en la cámara autonómica. El registro del PP lo hará el portavoz, Toni Martín, acompañado de Manuel Andrés González, alcalde de Lepe de 2003 a 2013 y actual presidente del PP de Huelva.
Si bien Martín evitó este jueves adelantar quiénes son los grupos que se suman y en qué medida a su proyecto sí adelanto que la iniciativa incluye párrafos de las enmiendas que «otros grupos parlamentarios» presentaron en la pasada legislatura, en referencia al PSOE.
El sentido de las enmiendas que presentaron en su día los socialistas iban encaminadas a incorporar al debate cuantas voces técnicas fueran necesarias para escenificar, y dotar, de diálogo y acuerdo la decisión sobre el entorno del parque. Básicamente, todos los que tienen algo que decir están representados en el Consejo de Participación de Doñana. Preside este consejo el biólogo Miguel Delibes de Castro, uno de los mayores expertos internacionales de Doñana y uno de los principales críticos a la incorporación de más regadíos del entorno del espacio natural.
Dicho de otro modo, el PP busca la complicidad del PSOE en este asunto, conocedor de que levanta ampollas pero, a la par, exige mano izquierda con los alcaldes de la zona.
Proposición de ley para repartir responsabilidades
En este tema hay dos aspectos clave: por un lado, el asunto a debate y por otro lado, la técnica parlamentaria para su toma en consideración, que implica, en la teoría, un grado distinto de responsabilidad en la autoría de esta legalización de regadíos que, cabe señalar, cuenta con el total rechazo de las instituciones europeas.
En cuanto a lo primero, con esta iniciativa, el Partido Popular recupera uno de los asuntos más polémicos del final de la legislatura pasada en la que, de una forma u otra, se vio enfangado el propio PP, Ciudadanos, hoy fuera de la cámara, pero también el PSOE de Juan Espadas. En un primer momento, los socialistas ofrecieron su abstención para impulsar el debate, decisión que originó una durísima reacción del Ministerio de Transición Ecológica. La bronca interna en las filas del PSOE derivó, después, en la redacción de una serie de enmiendas de los socialistas para tratar de compensar esa inicial abstención.
Cuando el presidente andaluz firmó el decreto para la disolución del Parlamento y el adelanto de elecciones, decayeron todas las iniciativas en curso en la pasada legislatura. Un año después, el problema sigue ahí y el diagnóstico, con respecto a la necesidad perentoria de protección de Doñana, es idéntica.
Respecto a la técnica parlamentaria, el Partido Popular juega aquí la partida del reparto de responsabilidades, por eso los populares han impulsado el texto como una Proposición de Ley. Esto significa que son los grupos parlamentarios y no el Gobierno quien tiene la iniciativa legislativa, con lo que se descarga de presión el Gobierno de la Junta de Andalucía.
En el caso de que hubiera optado por la vía del Proyecto de Ley, el Ejecutivo andaluz tendría que haber presentado informes y tendría que haber dado voz, además, al Consejo de Participación de Doñana.
El texto de la Proposición de Ley que decayó a finales de la pasada legislatura subrayaba el potencial económico de los frutos rojos en esta comarca. Así recordaba que los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte tienen un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico de la provincia de Huelva, a través del cultivo de los frutos rojos, desde los inicios de la década de los 80, representando la mayor superficie total de la provincia y aportando, por tanto, en la economía global de la provincia y en el empleo, más que ninguna otra zona.
