Bruselas advierte a la Junta de Andalucía: la ley de regadíos va en contra de una sentencia del TJUE
La Comisión Europea subraya que la propuesta para legalizar regadíos en el Parque Nacional de Doñana podría "degradar" el humedal
La Comisión Europea ha advertido a la Junta de Andalucía que su propuesta para legalizar regadíos en el Parque Nacional de Doñana no solo podría «degradar» el humedal, sino que también va en contra de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 24 de junio de 2021. Concretamente, el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha subrayado que las medidas adoptadas hasta ahora para hacer frente a los incumplimientos declarados por la justicia europea en relación con Doñana “no son suficientes”.
En estos términos se ha expresado el Ejecutivo comunitario tras la reunión que ha tenido lugar en Bruselas a petición de Andalucía y en la que la delegación andaluza ha presentado el “estado de la cuestión” en relación con la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
«Degradación» del Parque Nacional de Doñana
Una vez concluido el encuentro, el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha puntualizado que la Comisión está “profundamente preocupada” porque la legislación andaluza propuesta, si se aprueba en los términos en los que se ha planteado, “podría degradar el humedal protegido de Doñana”, que considera “uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000”. Por ello, ha emplazado a adoptar medidas “urgentes” para “controlar” las extracciones, según recoge Servimedia.
“La ejecución plena y oportuna de las sentencias del Tribunal de Justicia es una prioridad para la Comisión”, ha sentenciado antes de tildar de «insuficientes» las iniciativas emprendidas. “Incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta, que parece ir en sentido contrario, como se explica en nuestra carta a las autoridades españolas de 20 de marzo de 2023 y una carta anterior de 31 de enero de 2022”, ha apostillado el Ejecutivo comunitario.
A juicio de la Comisión, existe una “fuerte evidencia” de que la agricultura intensiva y los centros turísticos cercanos “estaban relacionados con la desecación/reducción de los estanques en todo Doñana”, lo que, según su criterio, “demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones”.
La UE exige un uso sostenible del agua
En este punto, ha advertido de que el proyecto de ley crea un marco legal “favorable” para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales “que se sumarían a la presión excesiva sobre los cuerpos de agua subterránea ya sobreexplotados”.
A este respecto, el comisario se ha mostrado “consciente” de la “importancia” del riego para la economía local y ha subrayado que, al mismo tiempo, la legislación de la UE “exige un uso sostenible del agua y la conservación de los lugares protegidos, en beneficio de todos los usuarios del agua y de todos los usuarios de los servicios ecosistémicos”.
“Especialmente en el clima actual de severo estrés hídrico, observándose ausencia de lluvias en la mitad sur de España en el periodo del 1 al 17 de abril según informa el servicio meteorológico español Aemet”, ha abundado, para agregar que los valores naturales “excepcionales” de Doñana “deben preservarse”, al entender que “son importantes para Andalucía, España y la UE en su conjunto”.
En este sentido, ha juzgado “probable” que un “mayor deterioro” del estado de las masas de agua subterránea “tenga efectos desastrosos” para la “conservación de los frágiles” ecosistemas de los humedales de Doñana, que ha recordado, es “uno de los puntos críticos de biodiversidad de la UE”. Según ha avanzado el comisario, la Comisión evaluará “cuidadosamente” las “aclaraciones” proporcionadas en las cartas del Gobierno español y del Gobierno andaluz el pasado viernes.