Bendodo reclama a Sánchez que abra «ya» el debate de un nuevo modelo de financiación autonómica

Cada día, con el actual modelo de financiación autonómica, Andalucía deja de recibir cuatro millones de euros, lo que se traduce en mil millones de euros anuales. Este es el cálculo que realiza el Gobierno de Andalucía, mantra que ha venido repitiendo a lo largo de toda la legislatura tanto su portavoz, Elías Bendodo, como su consejero de Hacienda, Juan Bravo, motivo por el que el también consejero de Presidencia ha reclamado este martes al presidente Sánchez y a su ministra de Hacienda María Jesús Montero, la convocatoria a la vuelta del verano de un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o una Conferencia de Presidentes que aborde de manera inmediata la reforma del reparto de fondos entre comunidades autónomas.

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, el penúltimo antes del debate de investidura, que tendrá lugar los próximos 20 y 21 de julio, Bendodo ha reclamado este martes al Gobierno de España «un modelo de financiación justo» que corrija el desfase financiero que, a su juicio, acusa Andalucía desde que entró en vigor el actual reparto, en 2009, «acordado entre el presidente Zapatero y Carod Rovira en 2009».

En esta misma comparecencia, Bendodo también ha confirmado que tomará posesión de su acta como diputado, en la constitución del Parlamento que tendrá lugar el próximo jueves, y asimismo que tanto él como Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP, formarán parte del cupo de senadores por designación autonómica a propuesta del Partido Popular. Ambos compatibilizarán «mientras sea posible» estas funciones en Andalucía con su labor en el puente de mando del Feijóo en Génova, una vez que ya ha trascendido que abandonarán sus actuales responsabilidades en el Gobierno andaluz.

El objetivo, según ha confesado Bendodo por la mañana en el Foro Joly, donde fue presentado por el alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, es centrarse a partir de ahora en trabajar para que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno. «Me atrae más el camino que la meta», trasladó a un auditorio entre los que se encontraban todos los consejeros del ala popular del Ejecutivo autonómico, salvo Bravo, y también la consejera de Ciudadanos Rocío Blanco, responsable de la cartera de Empleo, cuya continuidad en el equipo de Moreno se da por hecha a estas alturas.

Con todo, poco se sabe del futuro Gobierno con el que Moreno gestionará esta mayoría absoluta surgida de las urnas el pasado 19J y cuyos nuevos consejeros tomarán posesión del cargo el próximo martes 26 de julio. En el Foro Joly, de hecho, había varios viceconsejeros del actual Ejecutivo, como el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, hombre de la estrecha confianza de un histórico del partido, como Javier Arenas, y uno de los hombres con más conocimiento de la fontanería orgánica e institucional del Gobierno.

Andalucía y Valencia, las dos comunidades más castigadas por el actual reparto

Andalucía junto con Valencia son las dos comunidades autónomas más castigadas según el modelo de financiación vigente, que aplica un baremo de población ajustada, no de población real. En concreto, ambas comunidades representan el 30% de la población de toda España y son, han defendido, la tercera y cuarta economía del país. Así quedó de manifiesto en la reunión que mantuvieron el pasado septiembre Juanma Moreno, presidente de Andalucía, y Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana. Entonces, ambos presidentes reclamaron un fondo de compensación transitorio de 1.700 millones de euros en tanto se resuelve este nuevo marco de reparto.

En aquella cita, inédita hasta la fecha entre un presidente del PP y uno del PSOE, tanto Moreno como Puig, defendieron que esa alianza común en la exigencia de un nuevo modelo de reparto “no busca ir contra nadie, sino a hacer más fuerte y cohesionado el país”.

La petición de un nuevo modelo de reparto busca corregir la infrafinanciación de comunidades autonómas como Andalucía, Valencia, Murcia o Castilla La Mancha, que deben hacer frente al sostenimiento de servicios fundamentales de prestación autonómica como sanidad, educación y servicios sociales. A grandes rasgos, estas comunidades piden un nuevo modelo de financiación que tenga en cuenta como criterio principal el número de personas beneficiarias de los servicios públicos fundamentales. Las comunidades autónomas más beneficiadas por el actual modelo, caso por ejemplo de Cantabria, La Rioja y Asturias, arguyen para la continuidad del reparto vigente que la prestación de estos servicios en un contexto de dispersión geográfica de la población complica y encarece el pago de estos servicios públicos que ha de prestar el Ejecutivo autonómica.  

El PP no tiene una postura unánime entre CCAA sobre el marco del reparto de fondos

De hecho a día de hoy tampoco hay un postura consensuada en el seno del Partido Popular ni entre sus distintos barones sobre cuál debe ser el modelo idóneo de reparto. Bendodo, al respecto, ha quitado importancia a la falta de un consenso en el PP y ha colocado la pelota en el tejado del Gobierno de España. «Si hay un consenso unánime entre todas las comunidades autonómas que lo importante es que se convoque o bien el Consejo de Política Fiscal y Financiera o el Foro de Presidentes para abordar el nuevo curso». En este sentido, el todavía portavoz del Gobierno, ha defendido que «para fijar una postura hay que apostar por abrir el debate. Si no hay nada convocado, a partir de ahí, podremos trabajar».

De hecho, la postura de Alberto Núñez-Feijoo, ha virado desde su condición como presidente de la Xunta de Galicia a líder del PP. Ya se hizo notar en su reunión con Moreno en pasado octubre, cuando ambos orillaron sus diferencias y apostaron por un modelo de financiación negociado a 15 bandas, tantas como comunidades autónomas hay interesadas en este asuntos, pues País Vasco y Navarra tienen su propio régimen de financiación autonómica.

El viraje de Feijoó se hizo aún más patente durante la pasada campaña a las elecciones autonómicas, cuando, en un acto celebrado con los empresarios andaluces, abogó por un reparto que corrija el castigo a las cuentas andaluzas.

“El coste efectivo de los servicios públicos que gestionamos tiene una relación directa con las personas, no con los territorios. Si Andalucía tiene más población que el resto de España no puede ser que tenga una financiación por debajo de la media de España. Porque es un hecho objetivo: no se financian territorios, se financian personas. Los gastos sanitarios, sociales y educativos de la personas”, manifestó en aquel acto.

La negociación del nuevo modelo no será fácil y este asunto forma parte del rosario de grandes pactos pendientes entre Gobierno y el principal partido de la oposición. A día de hoy, el Ministerio de Hacienda defiende que primero PP y PSOE tienen que poner de acuerdo a sus respectivos presidentes autonómicos para unificar criterios y orillen los intereses de los presidentes autonómicos nacionalistas, caso de los independentistas catalanes, o los regionalistas cántabros; por contra, Feijóo defiende un pacto no tanto orgánico, entre partidos, como institucional, en donde sean los Gobiernos autonómicos los que negocien este modelo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con el objetivo de que el Gobierno negocie este reparto de manera bilateral con Cataluña, como ocurrió en 2009 con Zapatero y Carod Rovira.»¿Dónde está ahora Carod Rovira, quién se acuerda ahora de él?», se ha preguntado retóricamente Elías Bendodo acerca de la influencia real en la hacienda andaluza del que hoy, 13 años después, es un cadáver político.