Andalucía recurrirá al Constitucional la Ley de Vivienda por invadir competencias autonómicas
La Junta asegura que la Ley de Vivienda de Sánchez invade competencias en materia de vivienda que son exclusivas de la comunidad e incrementa la inseguridad jurídica
La consejera de Fomento, Rocío Díaz. Imagen: Junta de Andalucía.
El Gobierno andaluz recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Vivienda impulsada por Pedro Sánchez al considerar que la norma invade competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.
El Ejecutivo andaluz, que ha iniciado este martes los trámites, ha analizado en su reunión semanal el informe de los servicios jurídicos de la Junta, que concluye que se invaden competencias en materia de vivienda que son exclusivas de la comunidad, y que el Gobierno de Sánchez excede el poder legislativo que le confiere la Constitución.
De esta forma, Andalucía plantea el recurso de inconstitucionalidad sobre 18 artículos y cuatro disposiciones adicionales recogidos en la Ley Estatal de Vivienda, dado que el Estado no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda, tal y como se ha pronunciado de forma reiterada el Tribunal Constitucional, según ha explicado la consejera de Fomento, Rocío Díaz.
La propuesta de impugnación, que no incluye la petición de suspensión cautelar, debe ser sometida ahora a dictamen del Consejo Consultivo y a la consideración posterior del Consejo de Gobierno, para que autorice interponer el recurso ante el TC.
La Junta impugnará toda regulación relativa al concepto de vivienda protegida, de vivienda social, de vivienda protegida de precio limitado, de gran tenedor, reglas sobre la declaración de zonas tensionadas, de vivienda asequible incentivada y de parque público, ha explicado la consejera.
Limitación de las competencias de las autonomías
Díaz ha señalado que, según los servicios jurídico, la ley de Sánchez supone «una clara limitación de las competencias de las autonomías», que quedan en parte «expropiadas» por el Gobierno central y que se advierte del riesgo de «vaciar el contenido» de las competencias autonómicas.
La Ley de Vivienda «invade de forma frontal las competencias cedidas a las comunidades» e incrementa la inseguridad jurídica, con un modelo de «intensa intervención pública».
El Gobierno andaluz impugna artículos que recogen conceptos «con una regulación tan completa y acabada que no deja espacio alguno de regulación al legislador autonómico», según la Junta. Además, detallan que «un régimen prácticamente completo en relación con la vivienda protegida, con asuntos que ya estaban regulados por la propia administración autonómica como la duración de la calificación o con los requisitos para ser adjudicatario».
El informe también indica que la Ley Estatal de Vivienda se extralimita a la hora de regular la gestión de los parques públicos de vivienda, que entra tan al detalle que reduce a las comunidades autónomas a ser meros ejecutores de sus políticas. Asimismo, expone que se crean nuevas figuras como las viviendas asequibles incentivadas «que tampoco deberían ser competencia del legislador estatal».
Una vez obtenido el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha solicitado esta semana el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y, una vez conseguido, se elevará nuevamente al Consejo de Gobierno para autorizar el recurso de inconstitucionalidad a dicha ley.
