La familia Hernández (Ebro Foods) lleva 9 años perdiendo dinero con la empresa de la finca de Doñana

El imperio alimentario de la familia Hernández tiene un patito feo: la piscifactoría ubicada en Veta La Palma, la finca en la que la Junta de Andalucía acaba de comprar 7.500 hectáreas por 70 millones de euros para ampliar el Parque Nacional de Doñana. Pesquerías Isla Mayor (PIMSA), la empresa del grupo Hisparroz, propiedad de los Hernández, que explota los terrenos en cuestión destinada a la acuicultura, no genera beneficios desde 2013, pese a haber impulsado un plan de reestructuración hace tres años para ser rentable.

La compañía dedicada al cultivo y crianza de peces perdió 873.849 euros en 2022, según las cuentas publicadas en el Registro Mercantil. Este dato supone una mejora significativa respecto al resultado negativo de 3 millones de euros registrado el año anterior, pero hay que remontarse nueve años atrás para encontrar números negros, cuando en 2013 PIMSA ganó 489.350 euros.

En estos nueve años, la cifra de negocio de la piscifactoría ha evolucionado de una forma muy voluble, con facturaciones que pueden ir desde los 8,4 millones de euros alcanzados en 2016, hasta los apenas 2 millones anotados el año pasado. La volatilidad del negocio, además de los altos costes de explotación, han provocado que la empresa sume 19,7 millones de euros en pérdidas desde 2014.

Sin duda, el año 2020 supuso un punto de inflexión para la corporación sevillana. Fue entonces cuando ahondó sus pérdidas hasta los 4,7 millones de euros, el peor registro de la última década, y cuando decidió impulsar un cambio de rumbo con el fin de volver a obtener resultados positivos.

Giro estratégico en 2020

Según las cuentas de ese ejercicio, en agosto de 2020 PIMSA hizo una “evaluación exhaustiva de las causas de la falta de competitividad de la actividad de crianza de pescado en las instalaciones de Veta la Palma y las perspectivas de futuro de la actividad acuícola en dicha explotación”. Tras este análisis, la compañía llegó a la conclusión que la crianza de lubinas, doradas y corvinas se había convertido en insostenible por varios motivos.

Por un lado, la hidrodinámica del estuario del Guadalquivir provoca una “ingente cantidad de lodos” que colma la explotación, mientras que “la fuerte competencia” de los productos cultivados en jaulas en mar abierto es “sustancialmente más competitivo en costes”. De hecho, PIMSA argumenta que necesita gastar más de 1,5 millones de euros adicionales en “la retirada de lodos, bombeo eléctrico y aporte de oxígeno”. Por último, achaca a una “falta de productividad” el “exiguo ratio de supervivencia del pescado de crianza”.

Como solución, la corporación acuícola decidió dar un giro de 180 grados y abandonar paulatinamente el cultivo de crianza de lubinas, doradas y corvinas en Veta La Palma para centrarse en la producción de especies “mejor adaptadas al entorno que se crían y reproducen en la finca de manera natural”. Entre ellas, destacan el camarón, los albures y las anguilas.

Con todo esto, la compañía esperaba que, a partir de 2022 la actividad acuícola, que supone el 95% del negocio, pudiera volver a los resultados “positivos de manera sostenida”. Sin embargo, el año pasado seguía sin ser rentable, anotando un resultado de explotación de un millón de euros negativos, pese a haber iniciado este cambio en su actividad. En las cuentas de 2022, calcula que, con la implementación de los nuevos cultivos y la liquidación final del stock de lubinas, podría volver al resultado positivo este 2023.

Zona protegida

Veta La Palma se ubica en la Puebla del Río (Sevilla), en la Isla Mayor del Guadalquivir, y ocupa cerca de 11.000 hectáreas, de las cuales 7.500 pasaran a ser de titularidad pública, tal y como ha anunciado el Ejecutivo andaluz. Es considerada Zona Ramsar por ser un humedal de relevancia internacional y forma parte de la Red Natura 2000 (Zona de Especial Conservación) y Zona de Especial Protección para las Aves.

La finca pasó a manos de los Hernández en los 80, cuando Hisparroz compró Agropecuaria del Guadalquivir, propietaria de la finca desde 1966. La superficie destinada a la acuicultura está compuesta por 45 balsas de 70 hectáreas interconectadas por una red de canales con los ríos Guadalquivir y Guadiamar.

Dentro del grupo con sede en Madrid, la acuicultura es una de las líneas de negocio con menos presencia, dado que el gordo de la actividad proviene del cultivo del arroz. A falta de que se publiquen las cuentas consolidadas del año 2022, en su informe individual Hisparroz destaca como la compaña agrícola del año pasado estuvo marcada por una reducción de la dotación de riego del 70% en toda la superficie arrocera del Guadalquivir, por lo que tuvo que vender sus derechos de riego a otros agricultores. Este impedimento ya se produjo en 2021, año en que salió de pérdidas y ganó 10 millones de euros, pese a ver como su dotación de riego se reducía a la mitad.

El grupo arrocero está controlado al 100% por la familia Hernández, de origen soriano, pero uno de los patrimonios más importantes de Andalucía. Gestionan el capital de la compañía desde sus dos sociedades de cartera, Hercalianz Investing (propiedad de la rama Hernández Callejas) y por Grupo Tradifín (de los Hernández Rodríguez), con el 50% de las acciones cada una. Hisparroz reportó un dividendo de 7 millones de euros a cada holding en 2022.

A través de ambas sociedades es, también, como los Hernández tienen las riendas de Ebro Foods, la empresa que lidera el sector del arroz en Europa presidida por Antonio Hernández Calleja. Los Hernández Calleja alcanzan un 9% del accionariado del gigante alimentario, mientras que los Hernández Rodríguez poseen una participación del 7.96%. La compañía que comercializa marcas como SOS o Brillante ganó 122 millones de euros en 2022, un 48,8% menos que en 2021. El año pasado, generó dividendos por valor de 7,5 millones de euros a Hercalianz y por 6,9 millones a Tradifín.

Aparte de Ebro Foods y el grupo Hisparroz, los Hernández Callejas tienen un 5,65% de las acciones de Soixa Sicav, además de un 6,71% de Inmobiliaria del Sur, de la que recibió un dividendo en 2022 de 53.556 euros. Por su parte, la cartera de los Hernández Rodríguez es más extensa, con el 32% de una financiera llamada Compagnie Financiera de Saint Domingue, además del 100% de la propiedad de empresas de varios sectores, entre las que se incluye el Real Club Sevilla Golf, dos inmobiliarias y dos energéticas.