Abengoa pedirá una prórroga de dos meses al juez para evitar la liquidación de la compañía
Después del rechazo del Gobierno al rescate de la compañía andaluza, Abengoa está explorando distintas alternativas para conservar las unidades de negocio
Campus Palmas Altas, sede de Abengoa en Sevilla. Imagen: Abengoa.
Abengoa sigue luchando por su supervivencia. La filial operativa de la empresa, Abenewco, pedirá una prórroga de dos meses al juez de la Sección Tercera del Tribunal Mercantil de Sevilla, Miguel Ángel Navarro Robles, que se encarga del caso de la compañía andaluza.
El objetivo es llegar a un acuerdo con los acreedores y evitar la liquidación de la empresa, después de que el Gobierno no la haya incluido entre las seis empresas que recibirán un paquete de ayudas públicas de 721 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El presidente de Abengoa, Clemente Fernández, ha aseverado que «aún hay salidas» y ha reconocido que el rescate de la SEPI era una «mala solución», puesto que de haberse producido, la compañía hubiese quedado en manos de TerraMar Capital, en declaraciones al El Confidencial.
Cabe recordar que el plazo para aceptar o rechazar la oferta del fondo estadounidense finaliza en unos días, el 30 de junio. De momento, se trata de la única oferta vinculante para entrar en la filial de la compañía y adquirir el 70% de su capital.
Reuniones con posibles inversores
Fernández ha avanzado que el miércoles se reunirá con dos inversores potenciales en Madrid y ha insistido en que la solución para salvar la compañía requiere “menos dinero nuevo” pero el mantenimiento de los cerca de 300 millones en avales de Cesce, la aseguradora pública.
Además, esta semana se reunirá el consejo de administración de Abengoa S.A y también el de Abenewco, en el que están los tres consejeros que integran el consejo del grupo andaluz.
Mantener el negocio
El objetivo de Fernández es crear una “caja estanca en la que meter las unidades productivas necesarias para mantener el negocio sin que se vean afectadas por los riesgos esgrimidos por la SEPI”, en alusión a los litigios en que podría verse inmersa la compañía de entorno 800 millones de euros.
“Ir a convenio de acreedores no tiene por qué ser malo en nuestro caso, en el que los acreedores ya saben que lo tienen todo perdido y lo que hay que negociar es un buen acuerdo que permita una salida en lugar de la liquidación”, ha afirmado.
Por otro lado, la consultora EY, compañía responsable de la administración concursal, está analizando los posibles escenarios después del rechazo del Ejecutivo para rescatar la matriz del grupo. Actualmente, se encuentra en concurso de acreedores y ha de presentar una propuesta de convenio para los acreedores antes de que acabe el mes.
Precisamente, uno de los escenarios sería que distintas de las filiales más importantes entrasen en preconcurso de acreedores para ganar cuatro meses y poder buscarles una salida durante ese tiempo.
