La defensora del pueblo investiga los traductores judiciales low cost
El organismo ve indicios de irregularidades en los casos de los intérpretes sin titulación revelados por Economía Digital
Los casos de los traductores que trabajan en los juzgados y la policía y que no dominan los idiomas han llevado a la defensora del pueblo a abrir una investigación para determinar si la escasa cualificación de estos supuestos profesionales vulnera los derechos procesales de los extranjeros sometidos a un juicio.
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha solicitado información a la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia y a la Subsecretaría del Ministerio del Interior para determinar el alcance del problema, que mantiene en pie de lucha a los profesionales del sector.
Las empresas «low cost» que ofrecen servicios de traducción e interpretación en los tribunales españoles han disparado las alarmas por la vulneración de las garantías procesales a las que tiene derecho cualquier ciudadano.
La empresa que ofrece los servicios en los juzgados de Madrid y Cataluña, Seprotec, contrata a cualquier persona sin comprobar sus conocimientos del idioma ni su titulación, tal como ha comprobado este diario.
Un periodista de Economía Digital fue contratado como traductor de árabe por la empresa y hasta le asignó un juicio, a pesar de que no sabe ni una sola palabra de este idioma. Los jueces deben enfrentarse a una pobre traducción «casi a diario», explican los trabajadores judiciales.
El colectivo de profesionales cualificados ha dejado de trabajar con las empresas «low cost» como Seprotec, que paga ocho euros por hora trabajada, un precio que aleja a los profesionales y que ha hecho que cualquier extranjero sin conocimientos de castellano se preste como traductor en los juzgados.
Queja sectorial
La queja por el bajo nivel de cualificación de los traductores e intérpretes fue presentada por la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados APTIJ.
La asociación asegura que la baja preparación de los profesionales que trabajan con los juzgados o que participan en escuchas secretas de la policía pone en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas y vulnera el derecho de defensa de los encausados.
«Dadas las graves consecuencias que estos hechos pueden tener sobre la seguridad nacional, así como sobre los derechos fundamentales de las personas, es necesario que los ministerios encargados de prestar este servicio tomen medidas», explica la asociación en su denuncia que ha sido respaldada por 14 asociaciones de traductores e intérpretes y 25 universidades españolas.
Repercusión internacional
El escándalo por el caso de los traductores «low cost» ha llegado a oídos de los traductores de los juzgados de otros países. La Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) ha enviado una adhesión a la denuncia presentada por la asociación de los profesionales españoles.
