Triunvirato para un desfalco
Convergència, la Fundació Trias Fargas y el Palau de la Música consiguieron 6,6 millones de euros de la institución pública
El latrocinio del Palau de la Música Catalana asciende a 24,62 millones de euros. El informe del fiscal Emilio Sánchez Ulled reitera que la antigua cúpula de la mater ecclesiae del Orfeó Català, encabezada por Félix Millet y Jordi Montull, desvió más de 18 millones de las arcas de este bien del patrimonio de la humanidad para su lucro personal. Aunque otros 6,6 millones tampoco llegaron a su fin. Acabaron en la órbita de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Su origen parece más claro. Se trataba de generosas aportaciones de empresas como Ferrovial con el objetivo final de asegurarse la adjudicación de obra pública en Catalunya mediante una trama que se iniciaba en el Palau de la Música y terminaba en el partido. De forma directa o indirecta.
El triunvirato de este desfalco está formado por CDC; su think tank, la antigua Fundació Trias Fargas rebautizada con el nombre Fundació CatDem; y los principales gestores de la institución musical.
Tres caminos para desviar fondos
Sánchez Ulled señala que tiene indicios de un “pacto criminal estable que con inicio al menos en 1999 se prolongó, renovándose con las oportunas negociaciones, hasta 2008-2009”.
Las comisiones ilícitas que las empresas involucradas en la supuesta trama entregaban a la Asociació Orfeó Català (la entidad privada que gestiona el Palau) llegaban a las arcas del partido por tres caminos distintos, según Anticorrupción.
De dinero en efectivo a convenios
El primero era el más sencillo, ya que requería poca operativa. El Palau entregaba dinero en efectivo al tesorero de CDC, una acción con riesgo ya que comporta que se justifiquen a posteriori estas entregas en los registros administrativos de la institución. Es decir, necesita mucho maquillaje en las cuentas. Sobre todo porque salieron por la puerta del famoso auditorio diseñado por Lluís Domènech i Montaner un total de 3,74 millones de euros.
Los implicados en la trama encontraron otra vía más difícil de detectar: “Facturación mendaz por entidades mercantiles que se prestaron a ello”, según el escrito del fiscal. Estos recibos o bien ser referían a servicios inexistentes o bien se originaban “muy probablemente en servicios no prestados al Palau”. Varias empresas consiguieron 2,17 millones de euros por esta vía. Todas, administradas por personas afines a la formación política.
La Fundació Trias Fargas también se aseguró convenios de colaboración con el Palau “meramente aparentes”. Siete, en concreto, con un importe final de 630.655 euros.
Personas de la trama
El papel de Millet y Montull en esta estructura era más bien irrelevante, según Anticorrupción. “Actuaron como torcidos intermediarios prestando la estructura económico-financiera del Palau de la Música” para que CDC ingresara los fondos satisfechos por Ferrovial.
En cambio, quienes tuvieron un papel más activo fueron los dos últimos tesoreros del partido, el imputado Daniel Osàcar y su predecesor en el cargo, el fallecido Carles Torrent. El parlamentario en funciones Jaume Camps, también imputado, era el colaborador directo de ambos. Ulled asegura en su informe que no pudieron actuar por cuenta propia sin más conocimiento de otros integrantes destacados de CDC. “En todo caso debieron necesariamente intervenir también altos responsables del partido político, que no han podido ser adecuadamente identificados.
Gestores de las sociedades
La trama descrita por Anticorrupción también llega a los gestores de las cinco sociedades que se prestaron a girar facturas fraudulentas al Palau de la Música. Se trata de los imputados Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz y Juan Antonio Menchén como responsables de Letter Graphic y New Letter Marketing Directo. Ambas compañías revertían directamente los fondos a CDC, principalmente como donaciones. También intervino la sociedad matriz de ambas compañías, Mail Rent.
Anticorrupción ha imputado a Ramon Marc, administrador de Publiciutat, empresa que también participó en este plan. El administrador de Altraforma, Miguel Giménez, no está imputado, igual que Juan Manuel Parra, titular de Hispart. Eso sí, Ulled destaca que ambos son los responsables de los desvíos que cometieron sus sociedades desde el Palau a las arcas de CDC.
