Rajoy se opone a la consulta de Mas por ser “meramente especulativa”

Muy lentamente, como un camaleón, que avanza por la rama de un frondoso árbol. El Gobierno ha apurado el tiempo que tenía, pero finalmente ha elaborado un documento que acaba de registrar en el Congreso, –este viernes– en el que fija su posición sobre la consulta soberanista que reclama el Gobierno de la Generalitat.

Ante el inminente debate parlamentario sobre el referéndum, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, insiste en que “no cabe en la Constitución”, y que se trata de una consulta “meramente especulativa”, y, por tanto, no tiene mucho sentido autorizarla.

Referendos de especial trascendencia

Pero, como ya ocurrió con el Plan Ibarretxe, el Gobierno no se opone al debate en el Congreso de la propuesta, que fue aprobada en el Parlament de Catalunya. En ella, los distintos grupos favorables al derecho a decidir piden que el Gobierno transfiera la competencia para poder celebrar referéndums a través del artículo 150.2 de la Constitución. El Ejecutivo español sólo se podría oponer a debatir cuestiones que implicaran un aumento de los créditos o la disminución de los ingresos presupuestarios.

En cualquier caso, la posición es firme. “Los referendos consultivos están previstos en la Constitución sola y únicamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia. Es decir, sólo puede consultarse lo que se va a decidir: no caben consultas meramente especulativas”, se asegura en el documento, que lleva la firma, porque así es preceptivo, del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

Se da la circunstancia, en todo caso, que Ayllón, un dirigente que proviene del PP catalán, es uno de los estrechos colaboradores de Rajoy en los asuntos catalanes.

No de forma unilateral

El documento prosigue y señala que Catalunya no puede tomar decisiones de forma unilateral. “Y si Catalunya sola, de manera unilateral, no puede decidir jurídicamente su separación de España, tampoco lo puede técnicamente consultar. Y si no puede consultarlo, no puede delegársele la facultad correspondiente, pues estaríamos ante una de las facultades que, con arreglo al mismo artículo 150.2 de la Constitución, por su propia naturaleza no sería susceptible de transferencia o delegación».

El Gobierno explica cuál es la naturaleza de la proposición de ley orgánica presentada por el Parlament de Catalunya, que, efectivamente, se basa en esa delegación de competencias a través del 150.2 de la Constitución.

¿Como la competencia de Tráfico?

El equipo de Rajoy insiste: «La eventual aprobación de la iniciativa en los términos propuestos podría suponer una vulneración de la Constitución en la medida en que con ella se pretende la delegación de una facultad o competencia que por su propia naturaleza no es susceptible de transferencia o delegación».

Es decir, no se trata de la competencia de tráfico, como se transfirió en su día, a través de ese mismo artículo, bajo los gobiernos de Jordi Pujol, y cuando era jefe de gabinete del conseller de Interior, Xavier Pomés, el que es hoy conseller de Presidència, Francesc Homs.

El que decide es el pueblo español

El Gobierno ha fijado su posición con determinación, y advierte de que admitir la delegación de la facultad de autorización de un referéndum que tiene por objeto que los ciudadanos de Cataluña se pronuncien sobre su «futuro político», equivaldría a proclamar que, por su sola decisión unilateral, puede disolverse lo que la Constitución proclama indisoluble y dividirse lo que declara indivisible.

«Ni este Gobierno, ni las Cortes Generales, ni el Parlamento de Cataluña pueden legítimamente privar de manera unilateral al conjunto del pueblo español, único titular de la soberanía, de su derecho a decidir sobre su futuro colectivo», remacha el documento.

Ley catalana de consultas

Por ello, lo que ocurrirá en las próximas semanas en el Congreso está ya decidido. La cámara baja votará en contra de la propuesta que defenderán los grupos catalanes favorables a la consulta.

Y el President Artur Mas deberá pensar ya en cómo encajar la consulta soberanista en una ley catalana de consultas que está tramitando el Parlament. Mas ha insistido en los últimos meses en que convocará la consulta, y que lo hará bajo un marco legal, aunque después el Gobierno central pueda presentar un recurso.