Pujol intentó con su confesión un último servicio, fallido, a su causa política

Las paredes del cuarto piso del número 433-bis de la avenida Diagonal de Barcelona escucharon el pasado 11 de julio razonamientos trascendentes para el futuro político de Cataluña. Allí se reunían, de urgencia, cuatro de los hijos de Jordi Pujol y Marta Ferrusola (Pere, Marta, Mireia y Oleguer). No estaba el padre, ni tan siquiera el letrado Cristóbal Martell, que junto a Albert Carrillo después ha sido nombrado defensor del matrimonio. El enclave de ese capital encuentro es la sede barcelonesa del despacho Melero y Gené Advocats, que dirige el penalista Javier Melero, histórico abogado de la familia y del partido Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

El motivo de la reunión era obvio: cómo afrontar la publicación por parte del diario El Mundo, una semana antes (el 7 de julio), de una información detallada sobre los traspasos de 3,4 millones de euros que los hijos señalados y la esposa del ex presidente habían realizado a finales de 2010 de Andbank a Banca Privada de Andorra (BPA), dos entidades bancarias del principado pirenaico.

Primera recomendación: regularizar

Además de Melero y de los concernidos por la información, al encuentro asistió también el fiscalista de cabecera de la familia, Joan Antoni Sánchez Carreté. Conocida la información, las recomendaciones de los técnicos fueron obvias: lo más sensato, descubierta la existencia de cuentas ocultas al Fisco, era regularizar la situación tributaria de esos fondos.

La decisión se tomó a pesar de que tal actuación suponía el pago de unas cantidades superiores al propio patrimonio escondido a los ojos de Hacienda. Con la presentación de las declaraciones complementarias sobre la existencia de bienes en el extranjero se atenuaban las derivaciones que ese descubrimiento podía tener en un futuro por la vía penal.

El calendario de la información, primordial

Los Pujol, y en especial el padre, eran conscientes de que habían sido cogidos en falso por el Estado. Desconocían si era la ya famosa UDEF o el CNI quienes habían filtrado la información al rotativo madrileño, pero estaban seguros de que si Hacienda poseía esa información no estaba utilizando el conducto habitual, que era pedirle a Andorra la información por la vía oficial.

Parecía obvio, según fuentes próximas a la defensa de la familia, que el Estado había decidido acelerar el uso de la información. La vía reglamentaria habría impedido disponer de los datos en fechas políticas clave: antes de la celebración de la Diada el próximo 11 de septiembre o la hipotética consulta soberanista del próximo 9 de noviembre.

Adelantarse a filtraciones interesadas

Pujol y su entorno familiar más inmediato firmaron las declaraciones que regularizaban su situación ante la Agencia Tributaria con la sospecha de que una vez sus actas complementarias llegaran a Hacienda podían ser utilizadas en un momento político determinado. El ex presidente decidió entonces adelantarse a lo que podía ser una bomba política en manos de sus supuestos enemigos: prefirió confesar la existencia del dinero negro el 25 de julio a que fuera alguno de los tentáculos del Estado quien lo hiciera servir como arma para minimizar el proceso soberanista que apoya.

Como intención fue el último servicio de Pujol al independentismo catalán. Pero la ejecución, explican personas próximas al político, fue peor que deficiente: “Al ponerle ese tono de católico arrepentido, en un comunicado que fue un auténtico error, en vez de conjurar sus temores lo que consiguió es generar un estado de conmoción en toda la sociedad catalana”. El estilo personal de Pujol en su nota de confesión y supuesto arrepentimiento estaba perfectamente presente, en opinión de sus más próximos y conocedores colaboradores.

Voladura controlada

“Se ha dicho y escrito que fue empujado por su esposa Marta o que lo hizo por evitar un proceso penal a sus hijos, pero es falso. Con las complementarias presentadas, la vía penal quedaba fuera de lugar y lo de su hijo mayor tiene otro recorrido que su confesión no iba a parar. Intentó hacer un último quiebro al Estado, sin consultar con Mas ni con nadie, y el resultado es de sobras conocido”, explica un colaborador del político. “Pretendía hacer una voladura controlada, pero el asunto se le fue de las manos en la redacción del comunicado”, agrega.

El soberanismo no ha reconocido esa última actuación de Pujol, sabedor de que la confesión y tono en el que fue confeccionada también afecta, de pleno, al proceso político iniciado. Tampoco su partido político, que se mueve entre la conmoción y el despiste reconoce ese servicio a la vista de la dureza de algunos de sus dirigentes con el ex presidente.

La confesión, peor que Millet

“En Madrid –indica una fuente conocedora de los entresijos de la confesión—, empezó a decirse que el Gobierno central tenía cogido al padre Pujol ante los principales medios. Ese run, run le llegó de inmediato a Pujol e intentó avanzarse con una aceptación de culpa que no convenía ni a su defensa personal ni tampoco al partido. Hasta [Fèlix] Millet lo hizo mejor”.

Una de las consecuencias derivadas de la confesión es una tirantez familiar inusual en el seno del clan de los Pujol. “La división ha alcanzado cotas importantes entre ellos”, subrayan fuentes próximas al grupo.