Puigdemont engatusa al soberanismo con otro 9N
Anuncia un referéndum para finales de 2017, que le permitirá mantenerse un año más como presidente de la Generalitat
Carles Puigdemont se ha sacado de la chistera un nuevo referéndum para finales de septiembre de 2017. Asegura que no será otro 9N, en referencia a la consulta del 9 de noviembre de 2014, que ha llevado a Artur Mas, Francesc Homs y compañía al banquillo de los acusados, pero no ofrece garantías que ésta vez sea vinculante. Con el señuelo del referéndum, Puigdemont espera mantenerse un año más al frente de la Generalitat siempre y cuando la CUP se lo permita.
«O referéndum o referéndum». Para Puigdemont no hay otra salida. O se acuerda con el gobierno español o se opta por la vía unilateral pese a que evita utilizar esta expresión. En la primera sesión del debate de la cuestión de confianza al que se sometió ayer, el presidente de la Generalitat propuso una nueva negociación con el Estado sobre las condiciones de un hipotético referéndum acordado, pero, sin esperar a su negativa, sigue impulsando un referéndum para septiembre de 2017.
Se ofrece al gobierno español para negociar todos los términos de la consulta
La estrategia de Puigdemont es la de ganar tiempo. Primero propondrá una negociación al gobierno español sobre un referéndum acordado, aunque sea con condiciones draconianas, porque estaría dispuesto a aceptar que el listón de la independencia se sitúe en más del 60% de los votos. Como sabe que, ni con esta premisa, no conseguirá sentar el gobierno español en una mesa de negociación, espera la negativa gubernamental para dar impulso a su anunciado referéndum de septiembre de 2017.
Antes, deberá superar la cuestión de confianza, que se vota hoy, y el debate de presupuestos, que el vicepresidente Oriol Junqueras defenderá en el parlamento catalán a finales de octubre. La CUP ha anunciado que hoy votará a favor de Puigdemont, pero, por la actitud que mostraron ayer sus diputados en el hemiciclo, lo harán sin ningún entusiasmo. La CUP esperaba de Puigdemont una mayor concreción y que desafiara abiertamente a las instituciones del Estado.
Si no se aprueban los presupuestos, anticipará las elecciones
Tal como advirtió el mismo Puigdemont, si no consigue una mayoría parlamentaria para aprobar los presupuestos o, lo que es lo mismo, si la CUP no les presta su voto, convocará elecciones anticipadas y se irá al traste la legislatura que había de ser la de «desconexión» con el Estado. Desde Junts pel Sí atribuirían toda la responsabilidad al grupo anticapitalista.
Si consigue superar los presupuestos, Puigdemont tendrá el camino expedito durante unos meses, durante los cuales deberá negociar con la CUP las «estructuras de Estado» y el marco legal que debería amparar la consulta de septiembre.
Para poder convocar esta consulta bajo la «legalidad catalana» será imprescindible culminar la llamada Ley de transitoriedad jurídica, que en estos momentos se está tramitando en el parlamento catalán. Precisamente, esta normativa regulará el referéndum.
Si se aborta la Ley de transitoriedad jurídica, por desacuerdo entre las fuerzas independentistas o por la actuación de las instituciones del Estado, Puigdemont se quedaría sin el instrumento que dé cobertura legal al referéndum. Entonces sólo le quedaría la opción de otro 9N, pero ya habría pasado un año.