Oleguer Pujol habría usado dinero negro como aval en la compra de las sucursales del Banco Santander

La Fiscalía Anticorrupción tiene ante sí una macro operación económica de más de 1.600 millones de euros. Justo los que se utilizaron en 2007 para financiar parte de la compra de decenas de sucursales del Banco de Santander y de otros inmuebles pertenecientes al banco de los Botín, “maquillada”, según las fuentes de la investigación, de una forma que han calificado de “insultante”.

En virtud de los datos preliminares de que dispone el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y los fiscales anticorrupción, tres entidades bancarias, y entre ellas el Royal Bank of Scotland, concedieron en extrañas condiciones al fondo capitaneado por Oleguer Pujol un préstamo multimillonario que se utilizó para el pago de la operación.

Garantías dudosas

De acuerdo con las primeras averiguaciones de la UDEF, los intermediarios que actuaron junto con Oleguer Pujol han declarado que el aval que se presentó ante las entidades bancarias al objeto de garantizar el préstamo fue, precisamente, el constituido por los propios inmuebles que se iban a comprar. Este proceder, es práctica habitual cuando, por ejemplo, un ciudadano particular pide un crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda.

Pero según las fuentes jurídicas consultadas es poco menos que insólito e inviable que esta misma mecánica sea aprobada cuando se trata de una operación de más de 1.600 millones de euros de riesgo y sometida, además, a rigurosos controles tanto por el Banco de España como por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pelotazo del Santander

Para entender las sospechas de la fiscalía hay que remitirse al origen de la operación, siete años atrás. En 2007, el Banco de Santander, que según los investigadores ya disponía de información de la crisis inmobiliaria que se cernía sobre España, se desprendió de una enorme cartera de inmuebles por los que generó una suculenta plusvalía (860 millones). La ganancia resultó superior a la que se hubiera conseguido si dicha venta se hubiera producido dos, tres o cuatro años más tarde. Se diría, pues, que el Santander dio un pelotazo con aquella operación denominada sale & leaseback (el vendedor sigue ocupando los inmuebles de los que se desprende pero en régimen de arrendamiento).

Tampoco hay dudas de que el valor objetivo y de mercado real de aquellos inmuebles era un activo a la baja. Esa perspectiva económica nada halagüeña que atisbó el Santander, sin duda también la vieron venir el resto de entidades bancarias.

¿Qué sustentaba la operación?

¿Un gran banco aceptaría como aval unas propiedades cuyo valor decrecería en el marco de una crisis inmobiliaria galopante? En la fiscalía anticorrupción la respuesta ofrecida es clara: “No”. Dudan de los argumentos que hasta el momento se han vertido y los consideran excusas o justificaciones “torticeras”.

Los fiscales anticorrupción investigan si, en realidad, y contrariamente a lo que se pretende hacer ver, el aval o contrapartida de riesgo que sustentó aquella operación era un fondo financiero de dinero “B” situado en algún o algunos paraísos fiscales.

Comisión vía acciones

La teoría que maneja la fiscalía es que al margen de las comisiones que entre los distintos operadores se acabaron pactando (sin declarar a Hacienda), alguna persona física, jurídica o alguna corporación financiera nacional o internacional se aprovechó de dicha operación para blanquear fondos opacos residentes en plazas offshore haciéndolos protagonistas, en la sombra, de la venta de los inmuebles del Santander y del edificio del Grupo Prisa en la Gran Vía de Madrid.

En este sentido la UDEF ha detectado una operación altamente sospechosa por la que el Royal Bank of Scotland vende a Oleguer Pujol sus acciones en la sociedad Drago (compañía que lidera la operación de los 1.600 millones) por un valor de 1,5 millones de euros. De acuerdo con las tesis de los investigadores, aquellas acciones, dos años antes, tenían un valor (un precio real de mercado) superior a los 50 millones.

¿Fue, la del Royal Bank of Scotland, pues, una operación para encubrir el pago de una comisión? La fiscalía, en conversación con Economía Digital, intuye que sí.

Anticorrupción sospecha de bancos beneficiarios

El Ministerio Público considera que el éxito o al menos el atractivo de esta operación de compra y venta no radica en los eventuales beneficios aparentes para compradores o vendedores. Sospecha que esta operación ha servido a muchos de los que en ella han participado (en especial, las entidades financieras) para desprenderse o blanquear una ingente bolsa de dinero negro acumulado en los últimos años y escondido en paraísos fiscales dónde el dinero estaba protegido pero enclaustrado en una jaula de oro.

Según la teoría con la que trabaja Anticorrupción, es erróneo suponer que el papel de Oleguer Pujol Ferrusola se circunscribe a una intermediación mercantil convencional con el consiguiente cobro de comisiones, poco o nada declaradas al Fisco. El tema es mucho mayor.

A la espera de los datos informáticos

La UDEF, que está prácticamente colapsada por este y otros asuntos de corrupción política y financiera, aún no ha desentrañado ni un 10% de los datos que el hijo del ex presidente catalán almacenó en la nube informática y que, durante el registro policial practicado en su domicilio, trató de eliminar. Hasta que los informes de Hacienda, y en especial los policiales, no lleguen a manos de la justicia, el magistrado Santiago Pedraz no tomará declaración a Oleguer Pujol ni aceptará la eventual petición del pequeño de los Pujol para declarar de forma voluntaria.

El delito principal que se le imputa es el delito tributario, pero la investigación policial busca indicios de un delito de blanqueo y para ello precisa identificar el origen y procedencia de los fondos supuestamente opacos que se habrían utilizado en esta operación. Estas verificaciones resultarán indispensables para conocer con exactitud la procedencia de ese dinero negro y los implicados finales en el caso.