Mas­-Colell presiona a la Sindicatura de Comptes para que el informe sobre Spanair no le salpique

La Generalitat se excedió con Spanair. Asumió demasiados riesgos con la aerolínea. Así lo consideró la Sindicatura de Comptes en un informe sobre el Institut Català de Finances (ICF) sobre los ejercicios de 2009 y 2010. Consideró que el ICF, que era el verdadero objeto del informe, fue demasiado lejos, y que “los préstamos concedidos para la operación de capitalización de la compañía aérea representaban un elevado riesgo de crédito”.

El informe hizo reaccionar al Parlament. Y la comisión de la Sindicatura de Comptes de la cámara catalana encargó, en junio de 2013, “la elaboración de un informe de fiscalización relativo a la gestión contable y económica de las aportaciones de capital público a Spanair desde 2009 hasta ahora”.

Casi un año después ese informe todavía no está elaborado, aunque sí se han comenzado los trabajos. El hecho es que el Govern de la Generalitat no quiere sorpresas, porque apostó también por Spanair, siguiendo el legado del tripartito, aunque llegó a la conclusión de que no podía mantener más las inyecciones públicas, en un contexto de recortes en políticas sociales, y no quiso impedir su caída.

Todas las instituciones públicas implicadas

Así, el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, se ha entrevistado en las últimas semanas con el Síndic Major, Jaume Amat, para conocer de primera mano cómo piensa elaborar la Sindicatura el informe sobre Spanair.

Se trata de un toque de atención, de mostrar también la preocupación del conseller, por un informe que, elaborado en profundidad, podría demostrar esos “riesgos” excesivos que cometieron las administraciones públicas.

En la resolución del Parlament, encargando ese informe a la Sindicatura, se comprueba todas esas implicaciones públicas, al enumerar los titulares que concedieron esas ayudas:

“El Parlament, atendiendo la participación de la Generalitat de Catalunya en las entidades Institut Català de Finances; Cimalsa y Avançsa, y la del Ayuntamiento de Barcelona en Fira de Barcelona, Consorci de Turisme de Barcelona y Catalana d’Iniciatives, SCR, SA, encarga a la Sindicatura de Comptes que, de conformidad con lo que dispone (…) elabore un informe de fiscalización relativo a la gestión contable y económica de las aportaciones de capital público que la compañía Spanair ha recibido desde 2009 hasta ahora”.

El trabajo realizado, para Vueling

El hecho es que el Govern de Artur Mas no despreció el proyecto que había iniciado el tripartito, con la compra de Spanair, a través de inversores privados, ayudados por la Administración. Se trataba de potenciar el aeropuerto de El Prat, y, ahora, más de dos años después de la caía de la aerolínea, algunos de los impulsores del proyecto mantienen que ha sido Vueling, propulsada en su momento por Josep Piqué, la que se ha beneficiado de la apertura de nuevas rutas, y del trabajo duro de Spanair, aunque hiciera todo lo posible por arrinconar la iniciativa, al denunciar las ayudas públicas.

Justo tres semanas antes de que Spanair dejara en la estacada a sus pasajeros, con el final de sus operaciones, en enero de 2012, la aerolínea había recibido 10 millones de euros que el Govern inyectó a través de la empresa pública Avançsa. Y esa fue la última aportación de capital público.

El conseller Mas-Colell se negó a aportar 25 millones más en el último momento, con objeto de salvar la compañía, que canceló definitivamente sus operaciones el 27 de enero de 2012.

Los argumentos de Mas-Colell

En una comparecencia parlamentaria en febrero de 2012, Mas-Colell definió su política respecto a Spanair, al asegurar que actuó como debía en el inicio de su mandato, y hasta el final de la aerolínea, que no pudo, finalmente, cerrar la operación de venta con Qatar Airways. “Habría sido tan irresponsable optar por no invertir en Spanair en enero de 2011 como continuar haciéndolo en enero de 2012″, afirmó entonces.

En enero de 2011 se produjo, precisamente, la primera ayuda del Govern de Artur Mas, que había ganado las elecciones en noviembre de 2010. De hecho, en aquel momento se dispararon todas las alarmas, porque al portavoz del Govern, Francesc Homs –ahora conseller de Presidència—no se le ocurrió otra cosa que decir que la compañía, que buscaba comprador, estaba a punto de caer. El enfado empresarial fue monumental.

Las afirmaciones de Homs

Homs, el 25 de enero de 2011, anunciaba, tras el Consell Executiu, un “crédito de urgencia” de 10,5 millones de euros para salvar Spanair. “Si el Govern no actuaba ahora –aseguró—Spanair caería”. El ICF, por tanto, concedió un préstamo de 10,5 millones a Fira de Barcelona, que ampliaba su peso en el accionariado de la compañía del 10,7% al 20%. Se trataba, en cualquier caso, de un crédito puente a la Fira, que esperaba, entonces, esa aportación por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

Estamos en mayo de 2014. Y Mas-Colell presiona para que la Sindicatura elabore un informe sin demasiadas ‘sorpresas’. Atrás han quedado 135,5 millones de euros de inyección pública, a los que hay que añadir más de 50 millones que aportó el Ayuntamiento de Barcelona. Los defensores de la operación, sean de CiU o del tripartito –porque en eso no hubo grandes diferencias—siempre recuerdan que Iberia recibió en su día más de 1.300 millones de euros del Gobierno central para sanear la aerolínea.