Madrid aplica el doble rasero al control de los cursos de formación
El gobierno autonómico investiga con lupa la formación impartida por sindicatos pero es más laxo con la de la patronal
El gobierno autonómico de Madrid, inmerso en una investigación judicial por una trama de corrupción que ha salpicado a la patronal madrileña, aplica el doble rasero en el control y seguimiento de las subvenciones a la formación de trabajadores y parados.
El gobierno de Ignacio González ha hecho un seguimiento detallado de los cursos impartidos por las organizaciones sindicales pero no ha dejado constancia de una supervisión en las ayudas públicas con los mismos propósitos a las patronales, según los expedientes de los cursos de formación entregados por el gobierno regional a los partidos políticos con presencia en la Asamblea de Madrid.
En ocho de los expedientes del caso Aneri –la trama que cobraba por cursos de formación inexistentes— el gobierno autonómico no dejó constancia de seguimiento ni de control posterior. En cambio, en cinco expedientes que contienen 36 acciones de formación organizados por los sindicatos, la Comunidad de Madrid registró un control detallado para verificar los recursos asignados a las organizaciones sindicales, según el Partido Socialista de Madrid (PSM).
La investigación
“El gobierno autonómico nos envió dos camiones llenos de cajas para ahogarnos entre papeles y documentación. Hemos analizado algunos de los expedientes del caso Aneri y hemos elegido al azar cinco expedientes de cursos realizados por todos los sindicatos. La diferencia en el seguimiento es bastante obvia”, explica Josefa Navarro, portavoz de la comisión de Empleo del grupo socialista en la Asamblea de Madrid.
El grupo planteó al gobierno autonómico las diferencias de trato en los cursos impartidos por la patronal y la impartida por los sindicatos. “Es necesario que el gobierno cumpla con todos los procesos de controles estipulados. Y esto no se ha hecho”, explica Navarro.
Control preliminar
Los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid interpelaron al gobierno este viernes sobre el escándalo de las subvenciones a los cursos de formación inexistentes. El director general de estrategia de Empleo de la Comunidad de Madrid, Valentín Bote, aseguró que el gobierno regional había ejecutado controles previos en los cursos pero no dejó aclaró si se había hecho seguimiento durante y después de los cursos.
Los grupos parlamentarios interrogaron al gobierno sobre casos y expedientes concretos durante la comisión de vigilancia de las contrataciones celebrada este viernes en la Asamblea de Madrid. Pero los portavoces del gobierno sólo dieron explicaciones generales sin entrar al detalle de los casos de corrupción concretos.
La patronal, en apuros
Los partidos políticos de oposición han exigido la comparecencia de Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña para que dé explicaciones sobre el escándalo de los cursos en el que se han visto implicadas empresas asociadas a la patronal CEIM. Fernández se ha negado a comparecer y el Partido Popular ha rechazado una comisión de investigación.
La mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, renunció como número dos de la patronal madrileña tras el escándalo de corrupción para no perjudicar la candidatura de Arturo Fernández, reelecto en abril a pesar de las investigaciones judiciales que afronta por haber pagado dinero en B a sus trabajadores y por impagos a Hacienda y a la Seguridad Social.
Amigo personal de González, Fernández tiene un contrato por el que explota la cafetería de la Comunidad de Madrid por 14.000 euros mensuales.
