Los argumentos del fiscal sobre la financiación irregular de Convergència

La metamorfosis del caso Palau en cuatro años –los que dura la investigación– está completa. La primera querella de la Fiscalía, que motivó la entrada de los Mossos d’Esquadra en el Palau de la Música el 23 de julio de 2009, apuntaba a un saqueo de poco más de dos millones de euros.

El documento llevaba la firma de Emilio Sánchez Ulled, el fiscal que este viernes ha presentado en el juzgado que instruye la causa un informe en el que se muestra un desfalco mucho mayor de lo inicialmente previsto. Sin embargo, el documento confirma una acusación: la financiación irregular de 6,6 millones de euros de Convergència Democràtica de Catalunya.

Sánchez Ulled no ha escatimado detalles en el redactado de un caso que llegó a ponerle en entredicho. En noviembre, algunos medios de comunicación le señalaron (y también al cuerpo de los Mossos d’Esquadra) por no permitir un registro en la sede de CDC a partir de un borrador policial que relacionaba a Artur Mas y a la familia Pujol con la trama del Palau de la Música. De dicho documento nunca se llegó a acreditar la autoría y el juez optó por desecharlo.

CDC

El fiscal Anticorrupción define el caso Palau como “una trama de comisiones ilícitas satisfechas a personas con ascendencia política suficiente como para influir de forma determinante en organismos competentes para adjudicar obras públicas de envergadura”.

¿Quiénes eran esas personas con ascendencia política? Miembros de CDC. No obstante Sánchez Ulled tan sólo asegura haber demostrado el vínculo de los responsables de tesorería, Carles Torrent (fallecido) y Daniel Osàcar, y del ex diputado Jaume Camps.

“En todo caso, debieron necesariamente intervenir también altos responsables del partido político, que no han podido ser adecuadamente identificados”. La justicia no llegó a reunir suficientes pruebas ni para solicitar el testimonio de los ex consellers de Obres Públiques cuando se adjudicaron las obras puestas en tela de juicio, Felip Puig y Pere Macias. No obstante, los políticos sí respondieron en el Parlament de Catalunya en una comisión de investigación.

Pacto criminal

Ulled también pone nombre al triunvirato que conformaban el Palau de la Música, Ferrovial y CDC: pacto criminal. Así lo hace para describir el mecanismo de comisiones. “El fraccionamiento y aplazamiento en el pago proporcionaba garantía de estabilidad en el pacto criminal tanto a la hora de renovar las adjudicaciones como a la de obtener nuevas”.

El fiscal no logra determinar qué parte inició la trama pero apunta que “partiera de quien partiera la iniciativa en los contactos, que en cualquier caso debieron de ser de alto nivel, como resultado quedó articulado un pacto criminal que con el inicio al menos en 1999 se prolongó, renovándose con las oportunas negociaciones hasta 2009-2009”.

Millet y Montull

Millet y Montull (y la hija de éste último, Gemma Montull, ex directora financiera de la entidad) expoliaron alrededor de 18 millones de euros en su beneficio (9,6 millones de los cuales no se ha logrado determinar su paradero). El ladrón reconocido –Millet envió una carta a La Vanguardia con la que asumía su responsabilidad– cargó a la entidad cultural alrededor de 2,3 millones de euros de la entidad en “suntuarias” obras en su domicilio particular o 164.000 euros en costear las bodas de sus dos hijas. Además, las familias de ambos hombres disfrutaron de vacaciones en destinos “exóticos” como México, Polinesia, Tailandia o las Maldivas.

El fiscal también le dedica una dura reprimenda a la ex directora del Palau de la Música, Rosa Garicano, quien haciendo “dejación de las responsabilidades derivadas de los diferentes cargos que ostentaba en tales entidades voluntariamente permitió, facilitó y amparó” las conductas de Millet y Montull.

Los exculpados

Anticorrupción ha solicitado al magistrado titular del juzgado número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuán, que retire la imputación a las respectivas esposas de Millet y Montull, Marta Vallès y Mercedes Mir. No obstante, el fiscal pide que se le mantenga en cualquier caso su calidad de partícipes a título lucrativo.

Además de a ellas, el fiscal también pide que se levante la imputación a varios trabajadores del Palau así como a Marc Puig, actual director de Comunicació i Atenció Ciutadana en el Ayuntamiento de Barcelona y ex secretario de Comunicación de la Generalitat con Jordi Pujol.

Próximos meses

Tras el informe de Fiscalía, el juez Pijuán debe abrir juicio oral, si considera que la instrucción está terminada. Fuentes judiciales apuntan que este proceso no debería demorarse mucho más.

Tras ello, las defensas y acusaciones realizarán sus escritos de calificación donde solicitarán las penas para los imputados en la causa. Finalmente, tras un periodo de más que posibles alegaciones, se señalará el juicio.