Los ajustes ahogan la red de oficinas de Acció en el extranjero
La Generalitat justifica que el cambio en el modelo de financiación de las delegaciones se debe a una mayor fiscalización del gasto
Las oficinas de representación empresarial de la Generalitat de Cataluña están con el agua al cuello. Los problemas de tesorería del Govern han provocado que los centros de promoción de negocios y las plataformas empresariales, dependientes de Acció (adscrita al departamento de Empresa i Ocupació), tengan cada vez más limitados los recursos con los que debe financiar sus actividades, indican fuentes de la empresa pública.
Todo ello coincide en el tiempo en el momento en el que las compañías necesitan más apoyo internacional para maximizar sus exportaciones, la única vía de sortear la crisis de consumo interno del país. El ahogo económico ha provocado el inicio de la búsqueda de recursos propios de las oficinas internacionales para salir a flote. Los ejecutivos tienen que pagar ahora por algunos recursos que antes eran gratuitos, reconocen círculos empresariales.
Búsqueda de recursos
Los mismos interlocutores internos de la red exterior de Acció aseguran que la puesta en marcha de actividades propias se debe a una directriz de la consejería capitaneada por Felip Puig.
El entorno del político niega rotundamente la existencia de esta instrucción. Recuerda que el apoyo de estos centros es una de las políticas básicas de la legislatura, que no ha habido recortes en esta legislatura y que su existencia ha sido defendida en todo momento tanto por Puig como por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Incluso cuando se ha dudado de su utilidad por el paralelismo con la red estatal del Icex, la apuesta de la Generalitat ha sido mantenerlas vigentes, añade.
Cambio de modelo de financiación
El Govern sí reconoce que ha cambiado la forma de financiación de la red exterior de Acció. Hasta la fecha, se avanzaba aproximadamente cada medio año el presupuesto consignado para las oficinas. Se había optado por este modelo para cumplir, básicamente, con las distintas exigencias legales de cada entorno. Especialmente en lo que se refiere al arrendamiento de inmuebles, señalan los mismos interlocutores, y otros contratos que se deben negociar y abonar en bloque en depende qué territorios.
Ahora, en las delegaciones exteriores se aplican los mismos criterios que en el resto de la infraestructuras de la Generalitat. Todas las oficinas disponen de un sólo presupuesto que se gestiona desde Barcelona. Se abonan las facturas a medida que se justifican, un modelo que aboca a los centros a buscar financiación con terceros.
El entorno de Puig asegura que se ha optado por esta vía para controlar y contener más el gasto público. El verdadero dolor de cabeza de los responsables económicos de la Govern catalán.
