Lo que ‘Madrid’ podría hacer contra la desconexión catalana
El Gobierno asegura que instará al Abogado del Estado a actuar ante la decisión del Parlamento, con medidas que podrían afectar de forma directa a los diputados Jordi Turull y Anna Gabriel
El Gobierno español está dispuesto a actuar tras la decisión del Parlamento catalán de iniciar el proceso de «desconexión». Lo que ‘Madrid’ podría hacer contra esa votación, utilizando el argot de los nacionalistas, cuando se refieren a las instituciones del Estado radicadas en la capital española, dependerá de a quién se considere que ha sido el responsable directo.
La vicepresidenta del Ejecutivo, que sigue en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció con carácter urgente en el Congreso para explicar que la maquinaria del Estado se pondrá en marcha de inmediato. Este mismo viernes el consejo de ministros, según apuntó la vicepresidenta, aprobará –de nuevo– un acuerdo para autorizar a la Abogacía del Estado a que presente ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia contra la resolución del Parlamento catalán.
Saltarse un semáforo en rojo
Eso significa que el Tribunal Constitucional deberá resolver el nuevo conflicto, que, pese a que los partidos soberanistas se empeñan en circunscribir a una cuestión política, es ya un problema jurídico de envergadura. Porque los parlamentarios catalanes, los de Junts pel Sí y la CUP, desobecedieron una resolución anterior del propio Constitucional.
El catedrático de derecho constitucional Xavier Arbós asegura a Economía Digital que se trata, claramente, de una decisión que supone «saltarse un semafóro en rojo». Y ante esa cuestión, «no cabe una rectificación, porque ya se ha saltado, no se puede pasar de nuevo». Eso podría implicar sanciones, económicas y políticas, ¿pero a quién?
Mecanismos unilaterales
La decisión del parlamento catalán, por tanto, vulnera, según lo entiende el Gobierno, la sentencia del Constitucional del 2 de diciembre de 2015, que declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlamento sobre el inicio del llamado «proceso de desconexión» aprobada el 9 de noviembre de 2015. También se entiende que se vulnera el último auto del Constitucional del 19 de julio de 2016, en el que se señala «a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlament, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados».
Y eso es lo que recordaron todos los diputados de la oposición, como Miquel Iceta, del PSC, o Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
Forcadell se lava las manos
Pero la presidenta de la Mesa de la cámara, Carme Forcadell, precisamente, insistió en que no tenía responsabilidad, porque fueron los portavoces de Junts pel Sí, y la CUP, Jordi Turull y Anna Gabriel, respectivamente, los que forzaron que se incluyera en el orden del día del pleno esa votación. La Mesa lo había desestimado, pero, según Forcadell, –los expertos le dan la razón– el pleno es soberano sobre las decisiones de la Mesa. Es decir, los responsables fueron Turull y Gabriel.
Arbós considera que, efectivamente, el Constitucional se podría dirigir contra ellos. «Les puede pedir un requerimiento, pero no para rectificar, porque la decisión ya está tomada, por tanto no queda claro hasta dónde puede llegar el alto tribunal».
Sanciones de 30.000 euros
Los artículos de la ley orgánica del Constitucional son indicativos. El artículo 87 establece que «los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que (este órgano) resuelva». Según el artículo 92, se pueden aplicar medidas sancionadoras, que van desde «una multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieran las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado», o «acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal».
También «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».
Xavier Arbós considera que los diputados que votaron no pueden ser objeto de esas medidas coercitivas, porque actúan en virtud de su libertad de expresión, sino únicamente los responsables de la votación, que serían Turull y Gabriel.
La ironía de Puigdemont
La propia Forcadell insistió, antes de iniciar la votación, en conocer si los diputados sabían que podían incurrir en una desobediencia, y los diputados soberanistas quisieron seguir adelante. Incluso el presidente catalán, Carles Puigdemont, ironizó con la votación. «Se pretende impedir que se vote lo que una comisión del parlamento ha elaborado, qué escándalo«, aseguró, con la voluntad de dejar claro que la cámara catalana es «soberana» para dedicir lo que considere.
El Gobierno central se movió rápido, aunque las medidas jurídicas podrían demorarse. Mariano Rajoy llamó a los principales dirigentes políticos para plasmar la «unidad democrática» frente a la decisión del parlamento catalán. Y el socialista Pedro Sánchez compareció también para señalar que le parecía una votación de «extraordinaria gravedad».
«Es una decisión que desoye, a conciencia, los pronunciamientos reiterados del Tribunal Constitucional, una decisión que supone un abierto desafío a su autoridad y a sus competencias constitucionales», señaló.
La sorpresa para Homs
Para el Gobierno catalán supone una desobediencia que puede tener, de nuevo, pocos efectos concretos, ni por las medidas en contra, ni por la propia «desconexión». Pero supone que Junts pel Sí ha acordado con la CUP una votación que podría ser decisiva para que Puigdemont pase la cuestión de confianza en el Parlament que se sustanciará el 28 de septiembre.
Todo ello, claro, en plenas negociaciones para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Este jueves el líder del PP se reúne con el rey Felipe. Previamente, el jefe del Estado lo habrá hecho con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera.
Este miércoles lo hizo con Francesc Homs, quien se vio sorprendido por la primera decisión de la presidenta del Congreso, Ana Pastor: congelar el reconocimiento de grupo propio para Convergència, rebautizada como Partit Democràta Català, PDC.
